La República Constitucional

Se acumulan noticias en los medios, sobre actuaciones del poder estatal y municipal, que quiebran la extendida ilusión de que la Monarquía de Partidos es defensora, cuando no promotora, de la libertad de expresión. La realidad del poder político que la sostiene niega de modo sistemático esta vulgar y falaz creencia.

Lo acontecido con la revista “El Jueves” y la emisora radiofónica de Cártama (Málaga), levanta los párpados de hierro de los que dormitaban el sueño de la encantación monárquica. Lo cual no significa que sea el despertar de la conciencia colectiva a las evidencias de la realidad política, pero sí el final de una ilusión, como diría Freud si no fuera interesada, mezquina y egotista.

Los Estatutos nacionalistas, la negociación gubernamental con ETA -sobre el derecho de autodeterminación del pueblo vasco- y la gran abstención electoral, comenzaron a erosionar la autoridad moral de una Monarquía que, habiendo sido impuesta por un dictador nacionalista, ni siquiera es capaz de garantizar la unidad de la conciencia nacional de España.

En mi discurso de abril de 2006, en el Ateneo de Madrid, afirmé que la cuenta atrás de la Monarquía había empezado, pero también advertí de que la futura República ya no advendría improvisadamente, para llenar el vacío monárquico, sino que vendría premeditadamente, cuando existieran republicanos capaces de idearla en la sociedad civil -fuera de los partidos estatales subvencionados por la Monarquía-, como solución definitiva al problema de España y de la libertad política.

Desde entonces, impulsé la creación del MCRC. Un movimiento de ciudadanos que me ha inspirado la formulación teórica de la República Constitucional, única forma de Estado derivada de la libertad política, y que se ha concretado en la formación de un sólido equipo de repúblicos capaces de emprender la difusión de esta nueva idea de la República, con un Diario digital, y dirigir todas las fases del proceso de construcción republicana.

Las noticias sobre otras iniciativas republicanas las juzgamos y valoramos en función de su valor destructivo de la ilusa ficción monárquica, o de su utilidad para desencadenar el inicio del proceso de construcción republicana en el seno de la sociedad civil. Un proceso demandado con apremio por la necesidad de garantías institucionales para consolidar la unidad nacional y la libertad política de todos los españoles.

Dentro del PC, un partido casi testimonial que apenas pasa del cinco por ciento de los votos expresados, o sea, un poco más del dos por ciento del censo electoral, se está formando una fracción, no sabemos si discrepante o concordante con la dirección del partido, para promover en la sociedad civil la sustitución de la Monarquía de Partidos por una República Federal de signo socializante.

Lo verdaderamente significativo del panfleto de los Ayuntamientos andaluces controlados por el PC, es que ni una sola vez menciona la necesidad de libertad política. Lo que indica la conformidad del PC con la oligarquía del Estado de Partidos, que desearía ver reproducida y acentuada con el predominio absoluto de las oligarquías financieras, comerciales, industriales y mediáticas en cada Estado de la Federación republicana. Y en cuanto a la demagogia igualitaria de la Constitución, se queda corta, en comparación con la que sirvió de anzuelo a la izquierda convencional para ser pescada por la Monarquía franquista.

Lo que importa de la propuesta republicana del PC no es el análisis de su contenido, a todas luces reaccionario por la pretensión de volver al pasado, sino la valoración política que merece para los verdaderos republicanos. A este fin debemos ponderar los elementos positivos y negativos que contiene, desde el punto de vista de la unidad de España, a la que desea romper definitivamente; de la libertad política, a la que ignora y teme; de la apertura de un periodo constituyente de la forma de Estado mediante referéndum popular, a la que apoyamos; y de la falta de pronunciamiento sobre la forma de gobierno, lo que implica su ratificación de la partitocracia en cada Estado federado.

Pero estaríamos ciegos ante la realidad del momento y situación de la Monarquía si, más allá de lo que dice o contiene el arbitrista panfleto de los once ayuntamientos comunistas, no viéramos o no calibráramos su trascendente función fraccionalista del PC, cuyo valor para el Régimen monárquico no viene de sus escasos votantes, sino de su aceptación por la gran burguesía como referencia última y legitimadora de la izquierda social. Sin el concurso del PC no habría sido posible la Transición, ni la consolidación del Régimen monárquico.

La dirección del PC es consciente de que a la Monarquía y al PSOE no les conviene que el partido comunista (IU) no alcance la cuota electoral que le permita ser un partido parlamentario. Pero se alarmó ante la posibilidad de que la reforma electoral que promueve el PP lo dejara fuera del Parlamento y de las subvenciones estatales.

Este temor explica la doble finalidad del panfleto. Cosechar los votos republicanos refugiados hoy en la abstención, para que IU supere la posible subida del listón, y asustar al “establecimiento” del Régimen monárquico ante el peligro de que el PC quede excluido del Parlamento. No importa saber si Alcaraz contó o no con la conformidad de Llamazares. Tanto en una hipótesis como en otra, la publicidad y el compromiso de los firmantes del panfleto republicano hacen inevitable la fracción del PC.

El MCRC rechaza todo el contenido del panfleto republicano, salvo la apertura de un periodo constituyente que defina con libertad política tanto la forma de Estado como la de Gobierno. Y en esa fase constructiva de la República no habrá una sola iniciativa política capaz de competir y vencer a la fórmula democrática y unitaria de la Republica Constitucional que presentará el MCRC. Mientras tanto bienvenidos sean todos los hechos, actos y acontecimientos que entrañen erosión de la Monarquía y la partitocracia.

Desde el final de la guerra mundial, y en virtud de factores exógenos, los partidos políticos dejaron de ser lo que hasta entonces habían sido: elementos constituyentes de la sociedad política. Esta era la entidad intermediaria entre la sociedad civil, a la que los partidos interpretaban, simplificando aspiraciones colectivas de libertad y justicia, y el Estado, donde se incorporaban de modo transitorio, a través de su participación periódica en gobiernos y parlamentos. Su estudio no era materia de la teoría del Estado, sino de la sociología política.

Pero la concepción, naturaleza y función de los partidos ha cambiado por completo. Toda la excelente bibliografía del XIX sobre partidos políticos no tiene más utilidad que la de seguir empolvándose en las bibliotecas. Ni una sola de sus interesantes reflexiones es aplicable ya a los partidos actuales.

Al incorporarse de modo permanente al Estado, los partidos concibieron el mundo desde la única perspectiva que les permite contemplar su nueva situación de poder estatal. Transformando su naturaleza originaria, han devenido órganos funcionariales del Estado. La función política que antes desempeñaban la realizan los medios de comunicación y las empresas de encuestas sociales.

La antigua sociedad política, que no se puede confundir con el Estado, como hizo la filosofía marxista, ha sido suplantada por una sociedad mediática, que es la que hoy interpreta y simplifica necesidades o conveniencias de la sociedad civil.

Los medios de comunicación y las encuestas sociales son la única universidad de los partidos. Esa es la fuente de su cultura y de su programa de actuación política. Lo que no existe en la prensa o en la encuesta no existe en la realidad política que cuenta para los partidos. No se trata de una relación de jerarquía, sino de una simbiosis del poder partidista con las fuentes de la nueva riqueza mediática. Los medios de comunicación se enriquecieron desde que los fines del Estado pasaron a ser fines de los partidos.

Siempre se ha sabido que en determinados propósitos de acción continuada, los medios se transforman en fines. Sin esta especie de ardid de la razón capitalista no se habría producido, por ejemplo, la acumulación de capital industrial por los que dejaron de concebir su trabajo como medio de vida, convirtiéndolo en fin de su empresa.

Pero lo que ha sucedido a los partidos estatales no es la simple conversión del partido-medio (instrumento de la sociedad o de algunas de sus categorías sociales), en partido-fin de si mismo. Pues, enquistados en el Estado, los partidos no pueden perseguir finalidades que no sean las del orden estatal, del que son inevitablemente sus instrumentos ciegos.

La ley de la heterogonía de los fines, descubierta por Wundt en el campo de la psicología, ha sido aplicada a la moral y a la historia, para explicar como surgen nuevos fines en el curso de la realización de propósitos o de procesos que no los contemplaban. En concreto, esta ley justifica la divergencia entre los propósitos de los electores y los resultados que obtienen. Ante la escandalosa corrupción de Felipe González, una millonada de votantes continuó identificándose con los fines estatales del PSOE.

Esta ley nos hace comprender el extravagante fenómeno de que los partidos, al convertirse en estatales y vivir en el Estado, creyendo lograr así sus fines propios, han realizado la proeza ontológica de llegar a ser algo tan “inesse” como in-existente, desde el momento en que son accidentes de la sustancia estatal, donde viven enquistados, y entidades que no están en sí ni para sí, sino en y para la entidad estatal que les da sentido. Como, paradigmáticamente, le ocurre a la policía.

Los partidos estatales son tan ignorantes de sí mismos que aún no han percibido que además de ser in-existentes por contenido (Occam), han llegado a serlo por in-existencia intencional (Brentano). Son inconscientes de lo que realmente son. Puros instrumentos accidentales del Estado.

Cuando tratamos de la materia civil y la forma política de la República Constitucional, lo hicimos desde un punto de vista estático. El esquema y el proceso republicanos consideran esos asuntos desde la perspectiva dinámica de los cambios sociales. Pero no al modo brusco o subrepticio de los golpes de estado o pactos de gobierno. La mal llamada Transición española no fue un proceso, sino un golpe incruento de poder, que pasó de la dictadura a la oligarquía de partidos con libertades otorgadas.

Las verdaderas transiciones, relativamente lentas, son procesos impulsados por las derivaciones de un principio rector que las pone en marcha en el seno de la sociedad. Al ayudar el proceso a la polaridad ideal que lo crea, se ayuda a sí mismo, para eliminar, evitar o paliar los choques que la implantación de un nuevo poder produce en su conflicto con las estructuras del poder establecido, o sea con la polaridad contraria. La II República no llegó como final de un proceso, sino como ocupación repentina del vacío de poder ocasionado por la precipitada huída del Rey.

Los procesos políticos son progresivos o regresivos, según sea la naturaleza liberal o reaccionaria de los mismos. La Transición fue progresiva en materia de libertades personales, y regresiva en la conciencia de unidad nacional de España. Y no en virtud de un proceso civil, dirigido por el principio rector de la libertad, sino por un proceso estatal dictado desde arriba a los gobernados.

El proceso consiste en las derivaciones sucesivas de lo principiado en virtud de la acción de un principio. El obrar sigue al ser (“operari sequitur esse”). El modelo es el proceso judicial, que arranca con una petición de justicia. Mientras que en lo procesionario, como la Transición de la dictadura al Estado de partidos, el ser siguió al obrar (“esse sequitur operari”). Lo fundamental en ella no han sido los principios, sino los agentes individuales de poder sobre cosas y personas, así como la discontinuidad de la acción. Precisamente, lo que define la procesión de autoridades y no al proceso civil de la libertad.

El fundador de la filosofía de procesos, Whitehead, unificó en la teoría de las entidades actuales los dos tipos de proceso. El que va de lo actual a lo meramente real, fenómeno de concreción del poder, como el proceso estatal de la Transición española, y el que va de lo real a lo actual, fenómeno de transición a la virtualidad de lo real (libertad), como el proceso republicano. Solo en este último tipo de proceso se produce un cambio de estado en relación con la situación de poder anterior.

A diferencia de lo que sucede en el campo de las cosas, donde la destrucción es mas fácil que la construcción, en virtud del poder universal de la entropía, las sociedades humanas encuentra menos resistencias en el proceso de construir, que en el de destruir lo prejuicios e intereses de la actualidad meramente real, siempre realimentada por su capacidad de generar energía (negantropía).

Gramsci fue consciente de este peculiar fenómeno de las estructuras de poder no derivadas de la libertad política. Sin ser leninista, ante los acontecimientos de la ocupación obrera de las fábricas, concibió el doble poder, en competencia con el estatal, como principio rector del proceso que unificaría el poder social y el poder político en un futuro Estado socialista. Las enseñanzas negativas del leninismo y del gramscismo evitan que la izquierda del siglo XXI pueda caer en el error de sustituir, por el de igualdad social, el principio de libertad política, como único rector del proceso republicano. El esquema que orientará el proceso republicano garantiza, tanto en su fase destructiva de la servidumbre voluntaria, como en la constructiva de la libertad constituyente, la lealtad a este principio rector de la libertad.

Por esta razón, la teoría pura de la República Constitucional se ha basado en la distinción radical entre el problema de la libertad política, que la democracia representativa resuelve a plena satisfacción, y los conflictos ideológicos que la procuración de la igualdad social hace surgir en las clases y categoría sociales opuestas, y cuyas mitigaciones o soluciones parciales son asuntos que corresponde tratar según los programas de cada gobierno de mayoría absoluta.

Las personas que se proponen emprender el desarrollo de una acción, si ésta no se consume en un solo acto, sienten la necesidad de imaginar un esquema previo que la configure, conforme a la idea que se hacen de ella y a la naturaleza del proceso que ha de realizarla. Parece algo elemental y sencillo, pero es una tarea compleja y difícil. Pues ese esquema, posterior a la idea y anterior a su puesta en marcha, es el puente que permite pasar de la teoría a la acción, sin que esta la deforme, traicione o fracase.

La importancia del esquematismo está reconocida en la teoría del conocimiento, especialmente en el “esquema trascendental” que Kant ideó para explicar como es posible que los conceptos puros puedan aplicarse a la experiencia. Pero el pensar esquemático, o “pensar figurativo” como lo llamó Eugenio D’Ors, no ha sido tratado en la filosofia de la acción política, donde adquiere una dimensión ontológica, pues de la intermediación del esquema imaginado depende que la acción realice lealmente la teoría, dándole existencia real, es decir, re-creándola en la realidad.

El esquema ya no es producto de la razón incorporada a la teoría política, sino de la imaginación intuitiva que ha de realizarla, mediante la acción procesal adecuada a la circunstancia temporal y espacial para la que ha sido concebida.

Por ser intermediario entre la razón y la realidad, el esquema debe ser más razonable que racional. Por ser de orden prescriptivo y no descriptivo, como le sucede a las leyes, el esquema establece principios generales para el proceso de realización de la idea, sin entrar en particularidades. Y por ser temporal, el esquema ha de prefigurar dicho proceso, en todas sus fases, hasta que, constituida la teoría política como norma estatal en el espacio nacional, comiencen las rutinas de repetición y conservación de la idea transformada en realidad política. Por eso, el MCRC nace bajo la condición resolutoria de disolverse cuando la libertad política, la democracia formal, sea una realidad garantizada con las instituciones de la República Constitucional.

Los principios generales que el esquema ideal impone al proceso de la acción política, como los que el fin ordena a los medios, se pueden reducir a tres: continuidad, homogeneidad y retroacción. Pues la horizontalidad o verticalidad del esquema depende del principio de homogeneidad en cada fase del proceso.

La fase de difusión de la idea política, que ha de vencer en las conciencias la resistencia de la forma partitocrática del poder estatal que se opone a la forma constitucional de la República, se debe realizar conforme a un esquema horizontal y universal, que no discrimine a los destinatarios. Los principales instrumentos de esta fase instructiva de la sociedad civil, y deslegitimadora de la sociedad estatal, son un Diario nacional y la desobediencia pasiva, especialmente la abstención electoral.

Mientras que la fase de la acción constructiva, dirigida a las categorías sociales más elevadas de espíritu y de carácter, debe obedecer a un esquema vertical, cuya funcionalidad permita movilizar y dirigir al tercio laocrático de la sociedad, hacia la libertad constituyente de la democracia, mediante consignas de acción elaboradas por el grupo inteligente y dinámico que se haya destacado por sí mismo, durante la campaña de difusión de las tres ideas-fuerza de la teoría de la libertad política.

El principio de continuidad se refiere a la necesidad de no detener en el tiempo del proceso, ni separar en el espacio nacional, las acciones emprendidas en cada fase, para conseguir de este modo tanto las inercias de la acumulación de fuerzas sociales, como la uniformidad en los ritmos de maduración de conciencias y voluntades en la sociedad civil, especialmente en las categorías profesionales.

El principio de homogeneidad se explica por si mismo. Los medios de acción deben ser de la misma naturaleza, pacífica e inteligente, que la de los fines perseguidos. Y el principio de retroacción esquemática del proceso, permitirá incorporar a las acciones posteriores las enseñanzas y correcciones que las anteriores introduzcan en el esquema original del proceso.