La República Constitucional

La mente común arrastra la creencia secular de que una cosa es la teoría de un nuevo ideal político -en nuestro caso la República Constitucional- que siendo racional sería irrechazable, y otra muy distinta la posibilidad de que su puesta en práctica mantenga y ratifique la integridad sistemática de la teoría, incluso en el caso de que su potencia venciera la resistencia del régimen de poder establecido -en nuestro caso la Monarquía de Partidos.

Lo que se admite en las ciencias aplicadas, en las empresas tecnológicas, en los juegos constitutivos de sus propias reglas y en las obras geniales de arte, se rechaza en la política. Donde se piensa que lo bien concebido en teoría se realiza mal en la práctica, por las exigencias de su traducción y adaptación a la realidad de la condición humana. Por eso se temen los cambios.

Sin teoría alguna de la libertad y la democracia, sin esquema de acción inteligente, los autores de la Constitución justifican las incoherencias, incongruencias y contradicciones de la misma, asegurando que hicieron lo mejor de lo que se podía hacer, y no lo que se debía hacer por la libertad política, en la circunstancia excepcionalmente favorable de la muerte de un dictador.

Polybio solo convirtió en lógica lo que solo era historia. La de una antigüedad carente de teoría política de la República. Su creencia de que a las dictaduras suceden las oligarquías, era una construcción mental a posteriori de los hechos, como también lo son todas las teorías políticas de la modernidad, concebidas con talento descriptivo, a toro pasado.

Ninguna de ellas ha sido concebida para que, en lugar de justificar los hechos del pasado (legitimismo) o del presente (situacionismo), imagine los acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro, y los encauce en la dirección que les permita realizarse, en la historia procesual de las realidades políticas, mediante el esquema de acción colectiva que se derive o deduzca de la potencia de una idea política, fundamentalmente realista.

Mi reflexión actual continúa desarrollando las que expuse en los ensayos sobre materia y forma de la República, editados en este blog el 2 de noviembre y 30 de octubre de 2006, respectivamente. Pues tanto la materia como la forma republicanas son potencias. Potencia material, en tanto que posibilidad lógica o ideal. Potencia espiritual, en tanto que capacidad real, hiperactiva y dinámica de actualizarse y ser ratificada por los actos.

La verdadera potencia no es una posibilidad. Como dijo Leibniz, “siempre hay en ella tendencia y acción”. En virtud de esa tendencia, he considerado que la potencia republicana, la de su materia civil y la de su forma constitucional, constituyen verdaderas ideas-fuerza o, como lo expresó Descartes, “poder suficiente de la potencia dispuesta a la acción”. La conocida objeción de Hume (nada hay que facilite la idea de poder en el antecedente para producir el consecuente) quedaría superada, si la inteligencia y la intuición del espíritu republicano deducen, de la potencia o idea-fuerza que lo produce, el esquema dinámico de la acción a la que tiende y reclama.

Se puede afirmar que la potencia es la única invariante en las fluencias de lo real. Su operatividad unifica los acontecimientos en el sentido de la tendencia que la define, no como complemento de fuerzas subjetivas voluntariosas, sino como principio de actuación y de actualización de la realidad intuida que contiene.

A diferencia de las potencias mecánicas, las espirituales no unifican las acciones como el motor causa y uniforma los efectos que produce, sino como el imán atrae a las partículas inmóviles que, permaneciendo diferentes, caen en el campo de su imantación. La difusión de la idea constitucional de la República irá removiendo las conciencias y orientando los intereses conforme a la atracción de ese imán constituido en cada mónada.

El esquema de acción política se integra, pues, en la teoría pura de la República, como última reflexión del intelecto republicano y primer guión intuitivo de la acción para la operatividad y eficacia del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional.

Desde que la idea mítica o divina de los reyes se esfumó en la noche de los tiempos, las monarquías perdieron su potencia. Pero en algunos pueblos europeos, con preponderancia religiosa protestante, conservaron el poder residual de las funciones que teóricamente hoy las justifican: representación simbólica de la unidad nacional y ocupación permanente de la jefatura del Estado, para evitar que se la disputen los partidos estatales de las oligarquías y se pueda romper el equilibrio siempre inestable de la partitocracia.

Aparte del caso singular de la Monarquía tampón belga, España es el único país católico de Europa que tiene Rey. Esto se olvida cuando se resalta la coincidencia de que sean Monarquías las naciones más ricas y civilizadas de Europa. Aparte de que la excelencia en todos los aspectos corresponde a la República Helvética, no han sido las monarquías, sino la libertad de conciencia y el espíritu laborioso de los pueblos protestantes (Max Weber), lo que los elevó, en economía y civilización, por encima de los católicos. Y los países de nuestro entorno histórico cercano, con los que nos podemos y debemos comparar, Francia, Portugal, Italia y Alemania, son Repúblicas.

En el ridículo y artificial debate parlamentario sobre el estado de la Nación, del que me ocuparé cuando tenga lugar, ningún partido abordará el tema primordial de la situación precaria de la Monarquía, a pesar de que asuntos de actualidad lo exijan.

Las conciencias no deterioradas y la opinión pública silenciosa esperan una reacción política ante el crecimiento espectacular de la abstención electoral; la negociación Zapatero-ETA, con la autodeterminación vasca como base de la misma; el Estatuto Catalán, discriminatorio de lo español; la realidad nacional en el Estatuto andaluz; la tensión nacionalista en la perspectiva de un gobierno de coalición, que excluya al partido más votado en Navarra; la permanencia de la corrupción y el indisimulable desconcierto sobre el rol del Príncipe de Asturias y su esposa.

Algunos espíritus poco penetrantes, pero atentos a las nuevas perspectivas que el tiempo y el dinamismo de las sociedades abren a las situaciones establecidas, creen de buena fe que la Monarquía de Juan Carlos desempeñó un papel imprescindible en la Transición de la dictadura a las libertades personales, para asegurar la paz civil entre los españoles, pero que aquella utilidad coyuntural se ha evaporado al mismo tiempo que el consenso fundador y sustentador de la Constitución del Estado de Partidos.

Esa creencia es falsa. La Monarquía de Franco fue sin duda un instrumento político oportuno y, como en muchos matrimonios, de conveniencia. Pero no para la sociedad española, necesitada con urgencia de libertad política, sino para la pequeña oligarquía franquista, los partidos clandestinos y la tradicional visión miope de EEUU en política internacional. Eso no he tenido que estudiarlo, meditarlo, ni aprenderlo de nadie. Forma parte de mi experiencia vital. Por ello no es algo que yo crea, o en lo que pueda creer. Simplemente, lo sé.

Es más. Me atrevo a sostener que, para la oligarquía de entonces, la Monarquía era menos útil que ahora lo es, para proteger el mundo de bastardía sin honor, crecido al compás de la deslealtad a Franco y a la sucesión dinástica, bajo un manto de armiño que tapa la corrupción política -como antes el crimen de Estado-, la desnacionalización de España y el despilfarro de la hacienda pública en Autonomías tan centralistas como el Estado dictatorial.

La falta de potencia monárquica fue suplida entonces con la falta de resistencia de los partidos que en la clandestinidad defendían la libertad política. Tal vez porque no sabían lo que era. La impotencia de la Monarquía se manifiesta ahora con sus escandalosos silencios ante la dificultad de ser que aqueja a España, como habría dicho Benjamín Constant. Los defensores de la Constitución, papel mojado para los partidos que llenan el Parlamento de mandatos imperativos, sostienen que el Rey no puede hablar de política. Pero ninguna ley le obliga a no dimitir, si los partidos le obligan a refrendar crímenes de lesa patria.

La expresión idea-fuerza está muy divulgada en la literatura periodística. Como casi nadie ha estudiado el origen y la esencia de ese concepto filosófico, casi todos creen que se trata de una mera adjetivación que atribuye a una idea específica la cualidad de ser central o importante para el discurso lógico que la sostiene, o para la acción práctica que la supone.

Ese no es su significado. El sentido de idea-fuerza no equivale al que pueden tener las ideas con fuerza, dentro de cualquier proposición teórica o práctica.

La potencia encerrada en la noción de idea-fuerza es una novedad del pensamiento, creada a finales del siglo XIX por A. J. E. Fouillée. Esto no quiere decir que lo así sintetizado no hubiera constituido antes el fundamento de concepciones del mundo, como las de Platón, Descartes, Kant, Adam Smith, Hegel y Marx; de teorías de la acción humana, como la praxiología de Von Mises; o de teorías de la acción política, como la de libertad-igualdad en la Revolución Francesa y la del doble poder en la consigna revolucionaria de Lenin.

Las ideas-fuerza son formas mentales o de conciencia que no solo tienen fuerza externa incorporada, sino que ellas mismas constituyen una fuerza de comunicabilidad social, en virtud de su especial intensidad y la unión de la razonabilidad ideal con la energía de la moralidad. En palabras de Fouillée: “la revelación interior de una energía y de su punto de aplicación, de una potencia y de una resistencia”, capaz de erigir una ética y una acción, donde la idea-fuerza, vinculada al primado de la conciencia de sí, es capaz de crear y jerarquizar valores objetivos.

Las ideas-fuerza dejaron de interesar al pensamiento europeo cuando, agotadas las que nacieron con las revoluciones de la libertad y la igualdad, se crearon los Estados de Partido para impedir que de la sociedad civil pudiera surgir la idea-fuerza de la democracia representativa. No es por azar que, sin muro de Berlin, se difunda la noción de pensamiento débil.

Y tampoco es un azar que ahora, ante el espectacular hundimiento de los Estados de Partidos en la corrupción, como el de la Unión Europea en la inoperancia del mercantilismo, surja la nueva idea de la República Constitucional, que ningún país europeo tiene ni ha tenido, como único modo político de devolver a la sociedad civil la conciencia de sí misma, y la de su potencia para controlar el Estado, a través de la sociedad política que ella cree, y a ella represente en las instituciones estatales.

La teoría pura de esta República, ideal y realizable, ha sido elaborada, y difundida al mismo tiempo, desde esta plataforma reservada a la libertad de pensamiento, mediante la síntesis armónica de tres ideas-fuerza: unidad nacional, sistema electoral representativo de los electores y separación radical, en origen y ejercicio, de los tres poderes clásicos del Estado.

No hay necesidad de volver a describir la particularidad de estas tres ideas-fuerza, puesto que todos mis lectores las conocen. Lo que ahora me importa es señalar donde radica o está la fuerza intrínseca, la potencia lógica y psicológica, de estas tres ideas fundantes de la democracia representativa.

Aparte de por lealtad a nuestra historia común, la unidad de España es una condición requerida para que todos los españoles participen por igual en la libertad política, que es colectiva y, por ello, territorialmente indivisible. De otro lado, ningún sistema proporcional de elecciones puede ser representativo de los electores, de ahí la necesidad de adoptar el sistema de mayoría absoluta, para no caer en la paradoja de Arrow y dar a la sociedad civil el control de la sociedad política. Por fin, la separación de poderes estatales solo la puede garantizar el sistema de gobierno Presidencialista, con una sola Asamblea legislativa.

Son tres ideas-fuerza porque no hay conciencia moral ni capacidad mental que, sin mala fe o sin estar inmersas en la corrupción, puedan negarlas o rechazarlas, una vez que se las descubran desde el exterior, o se revele, en el interior del corazón o la mente, la energía irresistible que comportan.

En La Monarquía de Partidos no tiene cabida el liberalismo, que sería ideología natural de la derecha, si no hubiera mediado la experiencia del Estado fascista. Su ausencia de las estructuras de poder de la Monarquía no es debida a la circunstancia de haber sido excluida (Acción Republicana) de los pactos originales de la Transición, sino a su apartamiento de la oposición activa a la dictadura, que legitimó a los partidos clandestinos, incluidos los de la derecha nacionalista vasca y catalana.

La esencia de la ideología liberal, incluida la radical que se consideró de izquierdas por razones éticas, impide a los partidos liberales transformarse en órganos estatales, como pueden hacer con impunidad ideológica los partidos de izquierda cobijados bajo las antiguas siglas del PSOE y del PC.

Como lo describió Gramsci, los partidos socialistas se formaron y organizaron a imagen y semejanza del Estado, a quien lo prefiguraron para adelantar el proceso de estatalización de la sociedad civil. Aunque quisieran, y la ley de hierro de Michels no lo impidiera, los partidos de la izquierda igualitaria nunca podrán ser internamente democráticos. Porque mejor y más que ambición de gobierno tienen vocación estatal.

La derecha liberal o democrática no tiene representación en la Monarquía de Partidos ni la podrá tener. La derecha social no identificada con la partitocracia ni con la oligarquía, carece de conciencia de su orfandad política, porque la síntesis de su interés económico, profesional, cultural y religioso está siendo definida por el PP. El partido procedente del franquismo que ha sabido realizar, mejor que Gil Robles, la fusión de la derecha dictatorial con la surgida de la sociedad civil, desde el desarrollo económico, bajo el paraguas de la oligarquía financiera y mediática. Y nadie ha explicado todavía a esta derecha social que sus intereses empresariales y culturales no solo son distintos, sino contrarios a los de la oligarquía financiera y mediática.

En el tercio del censo electoral que no vota por sistema a la partitocracia, y en ese largo diez por ciento abstencionario que se aleja de las urnas para “ir a la playa”, como dice con despreciativo cinismo el poltrón de la Generalitat, hay tantas mentalidades de izquierda como de derecha.

Pero la decepción de los que antaño metían papeletas de partido en las urnas es más fácil de prender en los votantes de siglas de izquierda que en los del PP. La razón es sencilla. Son pocos los que votan a este partido creyendo que es liberal. Lo dejan de votar por sus simplezas como partido de la oposición y por los terribles errores de Aznar, de los que no solo no se arrepiente, sino que se muestra orgulloso de haberlos cometido.

En cambio, son todavía legión los que sostienen al PSOE (de IU ni merece la pena hablar) creyendo que es de izquierda porque favorece a los homosexuales, el feminismo de cuota, el derecho de autodeterminación para el pueblo vasco, la negociación con ETA, la inmigración masiva, el anticlericalismo del siglo pasado y la causa palestina contra Israel.

Espero que mis lectores comprendan que en este espacio tan corto no pueda resumir siquiera, como hice con la citraizquierda, la carencia de fundamentos intelectuales y morales de una derecha autoritaria que no ha dejado de estar incorporada al Estado desde 1939, y que aun continúa siendo la médula que vertebra al PP. La figura de Aznar simboliza este predominio de los valores autoritarios de la tradición católica y nacional en el actual partido de la oposición.

Pero no terminaré esta ligera reflexión, sin recordar que tanto Aznar como Rajoy declararon, al unísono con Cebrián y Pedro J. Ramírez, que nada tenían que oponer a la independencia de Euzkadi, si el derecho de autodeterminación del pueblo vasco se negociara y se ejerciera en un escenario de paz. Lo denuncié en mi artículo de la Razón contra el señoritismo de esos oportunistas directores de prensa. Volveré a tratar de la derecha española.

Salvo la palabra “guerrilla” y el apelativo “liberales”, España ha sido incapaz de crear, en dos siglos, una sola idea original sobre Estado, sociedad, libertad, igualdad, democracia, Constitución, liberalismo, anarquismo, socialismo, comunismo, partidos, sindicatos, sistema electoral, o cualquier otra materia política, como la base filosófica de la oposición derecha-izquierda. Todo lo malaprendió la izquierda española, de agitadores europeos que venían aquí como apóstoles de las buenas nuevas.

Pero las ideas extranjeras, que no son consumibles directamente como la Coca-Cola, ni aplicables con un manual de instrucciones como las invenciones tecnológicas, necesitan ser asimiladas mediante un proceso cultural de adaptación a la circunstancia nacional. Solo el anarquismo español realizó ese proceso. Por eso fue la mayor fuerza política en la II República. Ni siquiera la doctrina derechista de mayor solvencia puede ser comparada, en la figuras de Balmes y Donoso Cortés, con los creadores del reaccionarismo intelectual francés, De Maistre y Bonald.

Asentada en los bancos de la Iglesia y en las salas de banderas del Ejército, la derecha despreció la necesidad de inteligencia y cultura para mantenerse en el poder. Se puede comprender. Lo incomprensible fue que la izquierda, imitándola, creyera que le bastaba sustituir a la Iglesia por un ateismo de tipógrafo, y al Ejército por una masa de campesinos y obreros sin cultura común, para instalarse en el Estado. ¡ Al fin, lo logró por otros medios, ilícitos!

Sin teoría política propia, la historia de las izquierdas españolas ha sido tan oportunista como trágica. Desde el colaboracionismo con la dictadura de Primo, hasta su autoliquidación en la guerra civil; desde el aventurerismo armado de Asturias, hasta la adjuración del marxismo y repudio de la República, en aras de su estatalización con la Monarquía de Franco. Aunque esto se sabe, pocos conocen la causa de que la izquierda española no haya tenido dirigentes de la talla intelectual y la preparación cultural que tuvieron los fundadores de las izquierdas europeas.

La desgracia cultural de la izquierda española estuvo causada por la influencia de un filósofo de segunda fila, Krauss, cuyo pensamiento metafísico fue difundido por Sanz del Río. El triunfo del krausismo, una izquierda ética y humanista en la que participaron los hombres de la I República, motivó el movimiento de los neocatólicos y la oposición de Menéndez Pelayo. La falta de contenido práctico del krausismo hizo que la segunda generación cultural de krausistas lo transformara en un ambicioso plan educativo, del que nació el Instituto Libre de Enseñanza, donde se formaron los hombres de la II República.

La explicación de que circunstancias menores pudieran causar la desgracia de la izquierda es muy simple. Ellas impidieron que llegara a España el eco cultural y político de la izquierda hegeliana, donde estaban los hombres que fundaron el socialismo. La influencia mundial de Hegel no se dejó sentir en España. Y Ortega, que pudo hacer lo que no hizo Sanz del Río, ignoró la dialéctica derecha-izquierda, no quiso ser maestro de republicanos y dejó huérfanas de ideas-fuerza a la derecha liberal y a la izquierda socialista. Pudo ser el Croce español. Pero su enfermiza vanidad y su pobre vocación por la verdad, en historia de la Revolución francesa y en filosofía política, lo anularon.

La izquierda española no ha visto, sentido, ni pensado, los fundamentos de su necesidad histórica. No ha conocido la dialéctica de la razón ni la de la materia. Oyó campanas lejanas y confundió sus sonidos con los de toque a rebato para aventuras revolucionarias o repartos de botín del Estado. El PSOE pudo renunciar impunemente a Marx porque, para su modernismo estatal, solo era un nombre anticuado. Y el PC, su apéndice del cinco por ciento en el Estado, ni osa llamarse por su nombre.

Por eso, llamo “citraizquierda” a la que está más acá de los Pirineos; más acá de cualquier justificación en la razón histórica; más acá de la frontera donde comienza el reinado de la ética, la dignidad y la inteligencia; más acá de todo ideal de justicia; más acá de patria y libertad; pero más allá del bien y del mal en sentido moral, o sea, allí donde el poder solo cuenta con el poder.

Apenas se puede leer algo de interés sobre esta vieja dicotomía ideológica, que tiene enajenada la conciencia de millones de europeos, la mentalidad de todos los medios de comunicación y la inteligencia de los partidos políticos que se creen, y dicen ser, de izquierdas. Los de derechas son aun más originales. Negando su identidad, proclaman que son equidistantes, centro, entre una ultraderecha imaginaria y una citraizquierda oportunista.

Ningún psicólogo cometería la extravagancia de aceptar, como si fuera el modo científico de investigar la personalidad, el método de preguntar al sujeto investigado lo que piensa de sí mismo, y aceptar su respuesta como algo incontestablemente cierto. Y, sin embargo, ese es el criterio europeo para distinguir la derecha de la izquierda, cuando no hay un partido que quiera la socialización o estatalización de los medios de producción.

Antes de que la Asamblea francesa, reunida por primera vez en sala horizontal, creara la distinción entre derecha e izquierda, según el lugar de asiento a esos lados de la mesa presidencial, el hemiciclo vertical de la Revolución llamó montañeses, “valleses” y empantanados (montagne, vallée, marais) a los que, por afinidad en el grado de intensidad de sus sentimientos revolucionarios, se sentaban arriba, abajo o en medio de las gradas. Dada la natural tendencia al oportunismo, se explica que esos pertinentes apelativos sucumbieran ante la elástica indeterminación de las adjetivaciones derechistas o izquierdistas.

Salvo en los liberales de convicción, la revolución bolchevique y la marcha sobre Roma decantaron las posiciones de la izquierda hacia los partidarios de Moscú, y las de la derecha hacia el fascismo. El partido comunista de Thorez, el más importante de Europa, lo ejemplifica. Denunció a De Gaulle como agente del imperialismo británico y ayudó a los nazis contra la resistencia francesa al Régimen pro-alemán de Vichy, hasta recibir la orden contraria de Stalin, tras su pacto con Hitler. Entonces, y solo entonces, los comunistas entraron en la resistencia. El filosofo Alain, en los años treinta, fue el primero en salir al paso de la pretensión derechista de considerar obsoleta la oposición derecha-izquierda. Quien defendiera esta tesis, dijo el filósofo del radicalismo francés, confesaba que era de derechas.

La creación del Estado de Partidos, en los pueblos vencidos por el ejército de EEUU (no en el francés gracias a De Gaulle), fue obra política de la derecha residual, especialmente de la democristiana y la socialdemócrata. Justamente las que, desde Weimar, habían creado las instituciones que favorecieron el triunfo electoral de Hitler, y se integraron de hecho, salvo muy pocas excepciones, en el Estado Total de Mussolini.

Prohibidos los partidos comunista y fascista (Alemania), y en ascensión el eurocomunismo (Italia), los intelectuales crearon la ideología del crepúsculo o fin de las ideologías, basándose en el hecho de que la política estaba dirigida, a uno y otro la del telón de acero, por unos mismos criterios objetivos, de carácter técnico y burocrático, para un desarrollo económico permanente de la producción y el consumo. Uno de los más lucidos intelectuales de EEUU, Galbraith, con quien tuve la suerte de mantener un diálogo sobre el tema, acuñó el término “tecnoburocracia”.

Las rebeliones juveniles del 68, cuando ya era patente que en toda Europa no había un solo partido parlamentario de izquierdas, hicieron saltar por los aires la credibilidad de la partitocracia, poniendo al descubierto que la clase política era de la misma naturaleza en la derecha y la izquierda, esto es, más solidaria entre sí, que los dirigentes de los partidos socialista y comunista con las clases deprimidas que los sostienen.

La Transición reveló lo mismo que mayo del 68. Ningún partido era de izquierdas. Engañaron a los españoles, asustándolos con peligros imaginarios de guerra civil, para poder pactar con los hombres de la dictadura la continuación de éstos en el Gobierno, sin revisión del pasado, a cambio de hacer estatales, con cuotas de poder y subvenciones de fábula, al PSOE y al PC. Es evidente que este examen de la derecha-izquierda ha de ser actualizado.

España es una entidad geográfica, histórica y política, reconocida como Nación por todos los Estados del mundo, desde hace cinco siglos; dotada de idioma propio, segundo de la civilización occidental; respetada por las naciones vecinas; habitada por más de 45 millones de personas: integrada en la Unión Europea; enriquecida con un patrimonio cultural y artístico de envergadura mundial; instalada desde hace décadas en un nivel de vida decoroso y caracterizada, negativamente, por su incapacidad para la investigación científica, la creación de ideas y el amor a la libertad.

Desde la Revolución Francesa, España no ha tenido sabios, pensadores ni estadistas. Las ideas dominantes en la opinión pública, salvo la riqueza de pretextos del miedo al cambio, no son de origen español. Y la tradición autoritaria del Estado ha impedido el nacimiento de un espíritu crítico en la sociedad. Ni siquiera durante los breves periodos republicanos.

Las rebeliones contra la última República no se fundaron en la libertad de la sociedad civil, ni en la individual, sino en la autoridad de las organizaciones institucionales. La militar y eclesiástica, en la derecha. Las de partidos y sindicatos, en la izquierda. La II República fue concebida por unas y por otras como Re-Total, según la expresión acuñada por Sieyès en su discurso (20 de julio de 1795) a la Asamblea constituyente del Directorio, que Mussolini realizó con el fascista Estado total.

La Monarquía propaga que sus instituciones son republicanas. Pero la diferencia entre las vestiduras monárquicas y el cuerpo estatal que revisten, aleja de la Re-pública a la Monarquía y la acerca a la Re-total. Con la variante, frente a la re-totalidad de la dictadura, de que la res pública monárquica está repartida entre Autonomías, partidos, sindicatos, medios de comunicación y financieros que viven al calor de lo público y lo estatal.

El miedo al cambio regaló la Re-publica a la Monarquía de Franco. Y los partidos estatales la convirtieron en Re-Privada, desnacionalizando al Estado para repartirlo en Autonomías Re-privadas, y re-privatizando las empresas públicas y los servicios estatales más rentables. El sentido histórico de la Transición no está tanto en la constitución del poder oligárquico que sustituyó fácilmente a la dictadura, dada la cultura autoritaria de los gobernados, como en el enriquecimiento de los medios informativos que hoy la celebran, en la distribución de riqueza entre partidarios del poder, en la formidable acumulación de capital financiero y en el analfabetismo acrítico de las nuevas generaciones.

La función histórica de la República Constitucional viene dictada por la necesidad de dar a la sociedad civil el protagonismo de las libertades públicas y, especialmente, el de la libertad política, para que la res pública sea el asunto común de los ciudadanos. Del mismo modo que, en épocas ideológicas, la izquierda pedía la nacionalización de las empresas de servicios públicos, la era de la verdad, sin ideología, exige la republicación del secretismo de Estado y la republicanización de la vida política, hoy privativa de los partidos estatales, para extenderla a toda la ciudadanía.

Preguntar a los repúblicos sin son de derechas o de izquierdas supone un profundo desconocimiento de lo que es la revolución de la libertad y de la verdad. Pues equivale a cuestionar la universalidad española de la República Constitucional. Los futuros gobiernos republicanos serán de derechas o de izquierdas, según sea la naturaleza ideológica de las mayorías absolutas que determinen la elección del poder ejecutivo y la composición del legislativo. Y para ese momento el MCRC se habrá disuelto, devolviendo a sus miembros la libertad de acción ideológica y de opción electoral.

Pero la acción de republicar y de republicanizar no consiste en un acto que el Estado pueda decretar en virtud de su autoridad, sino en un proceso continuado de humanización, unificación y nacionalización de lo público, que solamente la acción societaria puede emprender, con iniciativas libres y horizontalmente convergentes, para que emerja de su seno una sociedad política intermedia, que interprete las necesidades y represente los intereses de la sociedad civil ante el Estado.

Dada la naturaleza estatal de los partidos, en la Monarquía de Juan Carlos no existe sociedad política alguna. Solo sociedad estatal y sociedad civil. Aquélla es una sinarquía o sindicato de poder sin control. Ésta, un conglomerado informe de millones de individuos sin poder, que vacan a sus ocupaciones, sin preocuparse no ya de la República que les conviene, sino hasta de la res publica que en todo caso les concierne.

Sólo un potente movimiento de ciudadanos, intolerante de la disolución monárquica de la conciencia nacional, de la inmoralidad pública y de la negación de la libertad política a los españoles, puede llevar a buen fin el proceso de republicación y republicanización de la sociedad. Y a ese fin, la teoría pura de la República Constitucional necesita ser completada con un praxeología del proceso republicano, que pueda orientar las acciones por el camino, el ritmo y intensidad que la situación y el momento determinen, sin hacerlo depender de la inteligencia y la voluntad de una sola persona.

La mala fe de la clase gobernante y los medios de comunicación, en sus opiniones sobre la Santa Transición y los acontecimientos diarios que traen causa de ella, solo está superada por la absoluta ignorancia de lo que es libertad política y democracia formal. Ni siquiera saben cuales son las reglas de la democracia electoral. Cuando aciertan en sus criterios, sobre algún caso particular, no es por razón de verdad o de justicia, sino por interés de partido.

Los resultados de las elecciones navarras ilustran el desconcierto que se apodera de las opiniones cuando, al no alcanzar la mayoría absoluta algún partido, se hace necesario componer un gobierno de coalición. Nadie analiza la situación desde el punto de vista de las exigencias de la democracia electoral. Todos sucumben ante la perspectiva de la coalición de sus preferencias, pretendiendo el absurdo de atribuir su arbitrario criterio a la voluntad general de unos votantes que, sin poder elegirlo, decidieron no obstante cual debería ser el gobierno legítimo de la Autonomía de Navarra.

Unos votantes tan sapientes de ciencia infusa que, sin necesidad de ponerse previamente de acuerdo, han manifestado su voluntad común de que no haya mayoría absoluta y de que, por lo tanto, el partido gubernamental UPN abandone el poder, o se alíe con otro partido para formar un nuevo gobierno. Ni siquiera Rousseau se atrevió a deducir la voluntad general a partir de una votación que no estuviera precedida de una deliberación asamblearia. Al parecer las urnas españolas convierten el acto individual de votar, no en una simple suma de votos a cada partido, sino en un acto colectivo de decisión política. Mezcla de magia y superstición.

El origen del desconcierto actual proviene de la creencia, fortalecida con los corruptos o despóticos gobiernos de mayoría absoluta de Gonzáles y Aznar, de que las mayorías absolutas son malas para la democracia, cuando son su condición sine qua non. Desde luego, son malísimas en las partitocracias, pues rompen el consenso que las sostiene. Pero indispensables en la democracia gubernamental y en la electoral. Aunque no siempre coincidan, como sucede en Francia, donde existe la segunda y no la primera.

Las urnas de Navarra han producido una mayoría simple, que no puede gobernar, y tres mayorías absolutas de potencial Gobierno. Y la opinión carece de criterios objetivos para saber cual de las tres coaliciones posibles de gobierno, es la más conveniente para la Autonomía de Navarra. Pues aunque no exista democracia en España, eso no quiere decir que los partidos sean libres de pactar a su antojo los gobiernos de coalición.

Aun sin democracia, rige el principio de lealtad a los votantes. Que se traduce en la obligación ética y política de gobernar con la coalición que menor decepción cause al mayor número de votantes y a los intereses objetivos de Navarra, puesto que todos los partidos dicen que defienden su autonomía.

La menor decepción sería un gobierno de coalición UPN-Nafarroa-Bai, puesto que son los dos partidos más votados. Si el programa gubernamental de UPN no es aceptado por el nacionalismo vasco-navarro del segundo partido en votos, entonces, y solo entonces, estaría justificada la formación de una coalición gubernamental con el PSN-PSOE.

Y si este partido tampoco acepta la alianza gubernamental con la UPN, prefiriendo, como parece lo más probable, una coalición de gobierno con Nafarroa Bai, entonces, y solo entonces, el partido más votado debe aceptar su derrota por los intereses de partido, y denunciar ante la opinión pública que la coalición del nacionalismo vasco-navarro con el PSN-PSOE es la peor de las combinaciones de Gobierno para Navarra, por razones evidentes.

En primer lugar, esa coalición subordina los intereses de Navarra a las respectivas ambiciones del PNV, en el País Vasco, y del PSOE, en el resto de España, para que éste a cambio de seguir gobernando con el apoyo de los nacionalismos periféricos, ponga alas a la expansión del idealismo anti-español. En segundo lugar, esta coalición no pondría nada en común de tipo programático, pues lo único que la consolidaría es la mutua ambición de ocupar y repartirse los cargos estatales para explotar el botín autonómico.

Cada vez que se celebran elecciones en esta Monarquía de los Partidos, si ninguno de ellos obtiene mayoría absoluta, estamos condenados a padecer la misma cantinela de la ignorancia. El partido mas votado en Navarra, por ejemplo, la Unión del Pueblo Navarro, cree que solo él está legitimado para gobernar. Pero al no estar amparado por la mayoría absoluta de los votantes navarros su gobierno no sería democrático.

El segundo y el tercer partido mas votados, Nafarroa Bai y PSOE-PSN, al reunir entre los dos la mayoría absoluta de los votos emitidos, sostienen que la única posibilidad de gobierno democrático es la coalición de ambos, porque la sociedad navarra ha querido distribuir los votos de tal manera que solo pueda gobernar esa coalición mayoritaria.

Mientras que la UPN se basa en la voluntad mayoritaria de los votantes individuales, la eventual coalición concede mayor trascendencia política a la voluntad colectiva de la parte del cuerpo electoral que ha votado. Pero ese cuerpo de votantes no tiene presciencia divina, ni enlaces de comunicación para que estos no voten según sus preferencias personales, sino conforme a las de una sociedad que tiene horror de la mayoría absoluta y prefiere que gobierne una coalición.

No se puede plantear en términos más sencillos la paradoja de Arrow, el premio Nobel de Economía que en los años cincuenta, actualizando un viejo teorema de Condorcet, creyó haber demostrado científicamente que la democracia es imposible o, mejor dicho, que las decisiones democráticas por el sistema de mayoría, cuando hay más de dos opciones en el abanico de elecciones posibles, son imposibles. Pero esta paradoja solo rige en el sistema proporcional de elecciones, y en el mayoritario simple, como el de Inglaterra, pues a la vista está que en ellos los resultados no hacen coincidir las preferencias personales de los votantes con la preferencia presunta del cuerpo electoral o de la sociedad gobernada.

Es aleccionador el contraste con lo que ha sucedido en Francia, tanto en la elección directa del Presidente de la República por sufragio directo de los electores, a doble vuelta, como en las recientes elecciones legislativas, por el sistema de mayoría de distrito, también a doble vuelta.

En Francia no hay democracia porque no hay separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Aquél necesita la moción de confianza de éste. Pero al menos su sistema electoral es representativo de la sociedad civil, cosa que no sucede en España, y las elecciones son democráticas, y no oligárquicas de partido, como en nuestro desgraciado país, porque dan sistemáticamente mayoría absoluta a la persona elegida como representante en cada distrito. La segunda vuelta elimina la paradoja de Arrow. Como también la eluden las sociedades políticas que solo ponen en liza electoral a dos partidos

Un inteligente y culto comentarista de este blog ha percibido que las instituciones de la República Constitucional eliminan la paradoja de Arrow. Por definición, las mónadas republicanas hacen indefectible que la voluntad de los electores individuales coincida con la voluntad mayoritaria del distrito electoral. Son por ello democráticas. Como también es democrática la elección por mayoría absoluta del Presidente de la República.

La paradoja de Arrow, eliminada de la elección de decididores, quedaría circunscrita a la adopción de decisiones por la mayoría absoluta de los diputados de la Asamblea legislativa, cuando fueran más de dos las opciones legislativas entre las que elegir. Pues las decisiones del Gobierno no obedecen a la regla de mayoría en un consejo de ministros, sino al método de deliberación y decisión en un comité dirigido por un jefe.

La República Constitucional supera el problema democrático en las decisiones de la Asamblea, porque la paradoja de Arrow solo afecta a las reglas de la democracia formal, y no al contenido de las leyes democráticas, como la regla de justicia mínima de Rawls.

Vengo repitiendo que lo urgente no es predecir el futuro de la Monarquía, ni el final del terrorismo, sino adelantar la instauración de las instituciones de la democracia representativa de la sociedad, y que esas instituciones, con inteligencia objetivada, encaucen los nacionalismos por vías de realización local y de integración española, sin necesidad de represión.

Por esas razones no aventuré el juicio político en una utopía al vaticinar, en mi artículo “Procesión de Paz”, que “el fin del terror lo logrará la creación de inteligentes instituciones democráticas que, sin regresión ni encapuchados, compensen las tendencias a la separación”.

La expresión sintética ”instituciones inteligentes” la incorporé a mi acervo cultural, cuando acudí al concepto de “astucia de la razón”, de Hegel, para corregir la errónea creencia de Tocqueville -matizada en las notas a pie de página de la edición crítica de “La Democracia en América” (Aguilar, 1989)- de que el éxito de la Constitución de EEUU era debido a su adecuación a la igualdad de condiciones sociales, que caracterizaba a la sociedad civil de su tiempo, y que él identificó con la democracia, sin percibir la diferencia entre democracia formal y material.

La Monarquía ha engendrado una dinámica nacionalista que no puede detener, salvo con un retorno a la represión de personas e ideas nacionalistas, como en la dictadura. Ese es el único método que puede concebir la falta de imaginación del PP. Y el PSOE, desconociendo la naturaleza insatisfecha de todo nacionalismo, recurre a una temeraria estrategia sentimental, que mezcla tácticas oportunistas de alianzas gubernamentales con las ambiciones nacionalistas, y negociaciones directas con los agentes del terror separatista, basadas éstas en la demagógica promesa de que los vascos, ellos solos, decidirán libremente su futuro. Esta falta de inteligencia, continuadora de la acomplejada debilidad de Suárez, lleva irremisiblemente al crecimiento de los nacionalismos y al fracaso de toda procesión de paz con el terror.

No puedo resumir aquí lo esencial de todo lo que he publicado sobre cuales son las instituciones inteligentes de la democracia, que tipo de equilibrio dinámico las conjuga y qué funciones inconscientes incorpora a ellas la astucia de la razón, para que el egoísmo de las ambiciones de poder, aunque no lo sepa ni lo quiera, realice inevitablemente la nobleza y la eficacia de la acción política.

Sólo recordaré que el Gobierno democrático resulta del equilibrio de dos instituciones separadas: la presidencialista, para el ejercicio del poder ejecutivo, y la parlamentaria de una sola Cámara, para legislar y controlar al gobierno. Pues lo que ahora nos interesa saber es la repercusión que este sistema tendría en los territorios con régimen autonómico, y particularmente en aquellos que viven la tensión nacionalista o independentista.

Si vascos, catalanes y gallegos tuvieran que elegir por sufragio directo, junto con los demás españoles, al Presidente de la República, se formaría en ellos, a través de esta fuerte institución unitaria, un espíritu de solidaridad con el resto de España. He repetido muchas veces que el patriotismo estadounidense no fue causa sino consecuencia del Presidencialismo.

Por otra parte, los nacionalismos periféricos tendrían, en esa hipótesis, cauces de mayor representatividad que los actuales, para estar en el Parlamento nacional, con representantes de las mónadas republicanas donde hubiese obtenido la mayoría, por el sistema de elecciones uninominales, y para integrarse en el sistema de gobierno parlamentario de su territorio.

La astucia de la razón produciría un doble equilibrio. Por un lado, entre un ejecutivo presidencialista y un legislativo parlamentario, Y por otro lado, entre el gobierno presidencialista de la nación y los gobiernos parlamentarios de las Autonomías. La fórmula que sintetiza el equilibrio de la forma de gobierno de la República Constitucional seria, pues, presidencialismo puro en el centro y parlamentarismo puro en la periferia.