LA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL

Todo el mundo sabe que no es lo mismo estar que ser, estar en un lugar o ser de él. Pero esto deja de entenderse tan pronto como la ideología suplanta al sentido común en la cuestión del Estado y su relación con los Partidos. Antes del Estado de Partido Único, los partidos políticos eran de la Sociedad y solo estaban en el Estado si, y solo sí, ganaban electoralmente la facultad de gobernarlo. El Partido gobernante pasaba desde la Sociedad a ocupar una posición de gobierno en el Estado, y a la Sociedad volvía tras representarla transitoriamente durante su mandato.

Pese a la mala prensa que execra todo lo vencido, el partido único no era una contradicción conceptual, como lo es la de partido estatal sin Estado totalitario. Sin darse cuenta de que el Estado no puede ser plural, los partidos que sustituyeron al partido único cayeron en la contradicción de imitarlo, partirlo en varias fracciones y repartirse por cuotas el poder de la autoridad, para continuar haciendo sustancialmente lo mismo: la integración de las masas en el Estado. El hecho de sustituir la dictadura de la fuerza física por la del consenso moral e intelectual no esconde la identidad de finalidades del partido único y los partidos-facciones estatales.

La filosofia política alemana está orgullosa de haber superado los antiguos partidos de representación mediante los modernos partidos de integración. No estaría tan orgullosa si viera que el Estado de Partidos no ha realizado la libre integración democrática de las masas en la Sociedad Política, sino la integración autoritaria de las masas en el Estado asistencial. Y los partidos actuales son modernos no porque hayan racionalizado sus fines, que continúan siendo los del Partido único, sino porque se han convertido en máquinas y mecanismos de lograr obediencia a la autoridad, en el mercado de consumo de mercaderías políticas que la guerra fría inauguró.

Es evidente que los rasgos más llamativos y desagradables del fascio-nazismo, no los más profundos, como el racismo y la xenofobia, no se reproducen en el Estado de Partidos ni en los Partidos de Estado. En cambio, como observó Sigmund Neumann (“Partidos políticos modernos” 1956), la connotación nacionalista aparece en los partidos-facciones tan pronto como necesitan aliarse con fuerzas centrífugas de grupos periféricos para gobernar sin mayoría propia. Una facción del Estado, como la representada por el PSOE, que se apoya para gobernar en nacionalismos periféricos, incluso independentistas, no tiene posibilidades de evitar la reacción nacionalista tradicional, como ya está sucediendo en el PP. Esta Monarquía de Partidos, sin superar el nacionalismo central, ha fomentado los nacionalismos periféricos.

Los partidos de Estado inevitablemente son partidos del Estado. La representación de la sociedad civil les parece una antigualla. En la República de Weimar, donde se fraguó la degeneración de los partidos en las facciones estatales, que luego formalizó la Ley Fundamental de Bonn (copiada en el falso e imposible art. 6 de la CE: “los partidos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”), el partido Democrático llegó incluso a llamarse Partido del Estado.

En realidad, los partidos llamados de integración no son más que grupos o facciones de poder estatal donde caben todas las clases y categorías de personas que carecen de ideología. Por su propia naturaleza, los partidos de todo el mundo (“catch-all-party”) solo pueden constituir facciones estatales de poder burocrático o funcionarial. Y la única ley que puede deducirse de su desarrollo en el Estado, sin libertad política, es que son buenos productores de afanes de poder, corrupción, ineficiencia administrativa, incultura política y empobrecimiento del ocio, pero pésimos intérpretes de las necesidades de la sociedad civil.

Los antiguos partidos de la sociedad política fueron eliminados por el Partido único del Estado total y lo que sucedió al final de la guerra mundial no fue una restauración de los antiguos partidos, sino una instauración directa en el Estado de las siglas partidistas que salían de la clandestinidad. Sin legitimarse en la sociedad política, los viejos partidos se hicieron nuevos órganos del Estado, mudaron de naturaleza, perdieron sus características sociales, se repartieron los cargos estatales y ganaron los atributos de la función pública.

Los partidos actuales dejaron de ser instituciones políticas, para convertirse en instituciones de derecho público. Y al desempeñar las funciones del Estado, de modo permanente y orientación parcial, los partidos renunciaron a su condición de parte de la Sociedad política y se hicieron facciones del poder estatal. Los partidos del Estado de Partidos no son, pues, verdaderos partidos ni tienen naturaleza política.

Distinguir entre partido y facción no es fácil. La desintegración del Estado de Partidos, como sucede en esta Monarquía de Partidos, revela que los partidos estatales no actúan como partes de un todo, en virtud de principios y objetivos políticos inspirados en la unidad, sino como facciones de funcionarios que subordinan la función indiscriminada del Estado al interés faccionista, faccioso o fraccionario de su asociación de poder.

Aunque es difícil que una facción social alcance la categoría de partido, es muy fácil que un partido estatal degenere en facción. Felipe González lo logró. El caso del PSOE es paradigmático. Zapatero se alía con partidos independentistas de la periferia, es decir, pone en peligro la unidad nacional del Estado, para conservar el poder gubernamental en el centro. Hay facción cuando priman los intereses egoístas de partido sobre la perspectiva del interés público nacional. Aznar hizo faccioso a su partido en las Azores. Hay facción cuando el patriotismo de partido (la expresión es de Gramsci) se antepone al sentimiento natural de la patria secular.

Uno de los grandes tratadistas de los partidos en la segunda mitad del XIX, el que sostuvo la tesis optimista de que el partido políticamente puro iría desplazando poco a poco al partido-facción, dice: “Tan pronto como el egoísmo, incluso la terquedad, triunfa sobre el amor a la patria, y de manera consciente e intencionada no hace lo que conviene al Estado y a la Sociedad en general, sino lo que satisface sus afecciones, entonces marcha sobre el camino de la facción” (Johann Gaspar Bluntschli, “Carácter y espíritu de los partidos políticos”, Nördlingen 1869).

La ausencia de toda preocupación de procurar el hallazgo de la verdad, en la ciencia política europea, ha permitido que la falsedad constitucional de llamar partidos políticos a meras asociaciones voluntarias de poder estatal, se divulgue, sin una sola contestación, en los medios de comunicación, y se enseñe como verdad revelada no solo en las universidades y centros de investigación sociológica, sino en las escuelas de párvulos. Los intelectuales de los partidos estatales ni siquiera saben distinguir entre sociedad civil, sociedad política y Estado. ¿Cómo van a saber que en el Estado no puede haber partidos?

Para comprender la brutalidad cultural que supone llamar partidos políticos a puras facciones del Estado basta recordar: a) que la pluralidad de partidos es consecuencia de la diversidad social que los legitima en el seno de una sociedad plural; b) que el Estado, en tanto que monopolio legal de la fuerza, no puede ser plural ni partido, sino único; y c) que si la política es la conquista y conservación del poder estatal, para gobernar toda la sociedad por una parte o partido de la misma, sería puro contrasentido que también fuera política la función del Estado y los órganos o elementos permanentes de su estructura jerárquica. La meta no participa de la naturaleza del camino.

El problema de la libertad política, el de su realización práctica, ya no está planteado en el escenario histórico de la sociedad civil, donde lo colocó el acontecimiento revolucionario. En ese antiguo terreno social apenas se distinguen los vestigios de una época, mitad romántica y mitad positiva, donde la relación de fuerzas entre los factores de producción, entre la clase burguesa y la clase obrera, determinaba no solo la situación política en las naciones europeas, sino la comprensión intelectual del fenómeno del poder estatal y las diferentes estrategias para conquistarlo y conservarlo.

Bajo aquella perspectiva, la visión marxista del mundo no tuvo rival. La realidad social confirmaba la teoría derivada de la izquierda hegeliana. Los partidos burgueses, situados a la defensiva, retrasaban la llegada del sufragio universal y del voto feminista, porque carecían de una tesis básica sobre la libertad política, capaz de enfrentarse y superar la antítesis de la dialéctica socialista. Que, dicho sea de paso, no comprendió que sin libertades formales no habría realidad ni garantía de libertades reales.

Esa distinción entre libertades formales y libertades reales fue el golpe de gracia para la ideología liberal y el cornetín de enganche para los partidos obreros. Los radicales intentaron asomarse al mundo de la igualdad obrera desde el balcón pequeño burgués, y allí perecieron de estrechez y miedo. El partido radical socialista interpretó en Francia, como ningún otro intelectual colectivo europeo, el canto de cisne del liberalismo político, mientras que en Italia y Alemania esa misma pequeña burguesía sublimó su impotencia recurriendo a la fuerza reaccionaria del nacional-socialismo.

El resultado de la guerra mundial cambió el escenario de la lucha por la libertad política. Lo que no consiguió un siglo de enfrentamientos sociales en el seno de la sociedad civil, esto es, que la derecha y la izquierda se abrazaran en una sola ideología estatal, el vencedor estadounidense lo impuso a los vencidos partidos europeos. Y todos se hicieron estatales.

Si la prolongación del estalinismo, con la guerra fría, dio esperanzas estatales a los comunistas europeos, la aniquilación física de los Estados de Partido Único originó el vacío de poder que se rellenó, improvisadamente, con la estatalización de los partidos vergonzosamente eliminados por el fascio-nazismo. Los antiguos partidos liberales y socialistas se hicieron estatales no en función de sus ideologías políticas, sino para vivir como órganos del Estado, financiados por el Estado y con facultades de privilegio que no tienen los particulares. El Estado de Partidos se construyó con los materiales de derribo de los Estados Totalitarios.

La consecuencia fatal de aquella catastrófica improvisación, que trasladó el escenario de la lucha por la libertad política, y la competencia por el poder, desde el seno la sociedad civil al ámbito público del Estado, no ha sido la previsible y prevista corrupción de todos los partidos estatales, con el consiguiente aumento del gasto público improductivo y la depredación de los recursos naturales. Lo peor, lo imperdonable, es que se haya ocultado el tema de la libertad política tras la eficacia bambalinesca del Estado -como en las Dictaduras y Estados absolutos-, con la complicidad de unos medios de comunicación, fabricantes de opinión pública, que hacen creer en la servil ideología de que la única libertad política posible es la de los únicos agentes o actores del poder, es decir, la libertad de los partidos estatales.

La falta de libertad política, que se nota y se padece en la sociedad civil, fundamenta la estabilidad de la oligarquía de partidos estatales. El cambio de escenario, el retorno de los partidos al Estado, ha cambiado no tanto los factores que impulsan o determinan las transformaciones sociales, como los conceptos de estrategia y táctica en el combate por la libertad. Pues el enemigo directo de lo político y de la política ya no es el gran capital, ni los grandes medios de comunicación estatal. El enemigo primordial de la libertad política siempre será el partido estatal que esté instalado en el sector gubernamental del Estado.

Ha llegado el momento de conocer la naturaleza de nuestros principales adversarios, de abordar en la teoría de la forma de Estado, en la teoría de la República Constitucional, el análisis de los partidos estatales. Pues, salvo en algunas excepciones alemanas, los únicos agentes y actores actuales del poder político, los partidos estatales, siguen siendo tratados como si fueran los mismos partidos societarios de antaño. Los partidos del Estado de Partidos son unos perfectos desconocidos para la ciencia política.

A diferencia de lo que sucedía en los antiguos regímenes parlamentarios, donde los partidos políticos tenían que emprender verdaderas y dificultosas campañas electorales, trasladándose los candidatos en coches de caballo por todo el distrito, para que sus programas concretos o sus propagandas ideológicas llegaran al mayor número posible de electores, en el actual Estado de Partidos no hay, en realidad, separación temporal ni distinción funcional entre los periodos normales y los de compaña electoral.

Tal vez sea este el único aspecto de la vida pública donde la evolución de las costumbres políticas, al socaire de la evolución de la tecnología de comunicación a distancia, ha devuelto a las palabras malgastadas por su uso demagógico, el sentido original y preciso con el que se incorporaron a nuestro idioma. Pues la voz latina campaña, que significa llanura, se incorporó al español para componer la frase “estar en campaña”, con el preciso significado de estar guerreando.

Se llamó Campeador al Cid. Después se acuño la expresión campaña agrícola a la cosecha periódica de productos naturales. Hasta que las campañas publicitarias de productos artificiales de la industria, rompiendo el adagio comercial de que el buen paño en el arca se vende, abrieron el horizonte a las campañas electorales del hombre artificial que es, por excelencia, no el Leviatán de Hobbes, sino el hombre de partido estatal.

Hoy no tiene sentido alguno hablar de inicio y final de una campaña electoral, salvo para saber cuando y por cuanto tiempo está permitido afear las calles y fachadas con retratos, tan edulcorados como poco atractivos, de candidatos de lista de partido. Pues durante toda la legislatura no solo son electoralistas los comunicados de partido y los términos demagógicos del discurso político, no solo nos agobian a diario todos los medios de comunicación con noticias e imágenes que, penetrando sin barreras criticas en nuestras mentes, conforman la idea del mundo partidista, sino que incluso la propia actividad legislativa, las mismas leyes son concebidas y promulgadas en función de sus efectos sobre el electorado.

Las costosas campañas electorales no tienen hoy otra justificación que la de servir de pretexto a la corrupción de partidos. En los mítines, como en el Parlamento, no hay oradores, ni personas con hablen con decoro, sino portavoces de frases fabricadas por publicitarios. No hay análisis de la situación, sino empujones a la coyuntura. No hay sinceridad en los sentimientos, sino temblores de arrebatacapas en el medro. Destruida la verdad, las campañas electorales destruyen la estética de lo público.

En la democracia política de una República Constitucional, no habría cuestiones más fáciles de resolver que las campañas electorales y la financiación de los partidos. Como son asociaciones voluntarias nacidas en el seno de la sociedad civil, no pueden ser subvencionadas ni financiadas por el Estado. Como han de respetar la igualdad de oportunidades con otras asociaciones semejantes, no pueden recibir donaciones ni otras ayudas encubiertas. Y como han de concurrir en las urnas bajo las mismas condiciones, todas las campañas electorales en los medios de comunicación y en las salas de mítines han de ser gratuitas.

Es de estricta justicia que no sean los contribuyentes -porque es una inmoralidad subvencionar a quien se odia, se teme o se desprecia-, sino los medios de comunicación, quienes soporten los costos de las campañas electorales. Si ellos han vivido toda la legislatura comercializando las noticias y discursos que les brindan gratuitamente y a diario los partidos, no se resentirán sus economías si, durante una semana de recuerdos y olvidos carnavalescos, ofrecen equitativamente sus espacios a los partidos en campañas de distrito.

Como si fuera una verdad científica o una evidencia incontestable, los medios de comunicación, la cátedra, los politólogos y los propios partidos difunden la tranquilizadora opinión de que no hay necesidad de tomar precauciones institucionales contra la corrupción de gobiernos y parlamentos, puesto que los electores tienen la posibilidad de castigar ellos mismos la deslealtad de sus elegidos, no volviéndolos a elegir en las siguientes elecciones. La ciencia política del liberalismo llamó “reacción anticipada” a este mecanismo de autodefensa preventiva del votante.

Todas las Constituciones europeas consagran la plenitud de competencias del representante o diputado a la Asamblea. En nombre de la soberanía del legislativo, se instala en el alma diputada el principio inderogable de la independencia del elegido respecto de sus electores. El diputado puede presumir y pavonearse de que no es un mandatario ni un delegado. No tiene que recibir, por ello, instrucciones de sus votantes. Las promesas electorales, fantasías de la palabra, no tienen validez jurídica ni política. En cualquier manual de ciencia política liberal se puede leer que “la no re-elección es la sola sanción del desacuerdo que pueda existir entre el elegido y sus electores” (“Les Régimes Parlementaires européens”, Thémis, 1966, Presses Universitaires). ¿Acaso no es la mejor definición de la servidumbre voluntaria del elector ante el elegido? La no re-elección, una reacción individual y personal, avala un sistema representativo que concede inmunidad a los elegidos, pero no garantiza a los electores defraudados, ni corrige los errores electivos.

La realidad es aun más dura y cínica que la doctrina. El mecanismo de la reacción anticipada, que ya era un inmoral consuelo en las elecciones de candidaturas unipersonales, propias de los regimenes parlamentarios, ha desaparecido por completo, incluso como coartada, en los sistemas de representación proporcional, propia del Estado de partidos.

Ya era inmoral y desesperante que los electores de distrito uninominal tuvieran que esperar nuevas elecciones para apartar de la función legisladora a los diputados corruptos o desleales. Pero al menos existía la posibilidad de que los votantes los castigaran en la siguiente campaña. En cambio, ahora, en el Estado de Partidos, con una Constitución que impone imperativamente el criterio de la representación proporcional, se incurre en cínica falsedad cuando se afirma que el mecanismo de la reacción anticipada tiene eficacia frente a la lista de candidatos de partido, es decir, frente al jefe y aparato del partido que la hace, y que han decepcionado o frustrado las esperanzas de sus electores.

Los partidos estatales ya no son partidos de programa ideológico ni de personalidades notables. Tampoco lo son de intereses económicos. Todos defienden la propiedad privada y todos ponen el mismo celo en agradar con privilegios a las oligarquías financieras, comerciales, industriales y mediáticas. No hay en este terreno distinción entre partidos de derecha o de izquierda. Y tampoco son, como la doctrina alemana cree, partidos de integración social. Al estar completamente separados de la sociedad civil, solo pueden integrar en el Estado, en la obediencia a la autoridad, sea la que sea, a las masas que se identifican con ellos por razones familiares, religiosas, culturales o de estilo de vida.

En los partidos estatales, financiados por el Estado, resulta imposible sustituir a un partido por otro en las preferencias sentimentales del votante. El PSOE del crimen y la corrupción (Felipe González) pierde las lecciones pero conserva nueve millones de fieles para ganar en la siguiente campaña. El PP de la prevaricación (papeles del CESID), las privatizaciones y las Azores pierde las elecciones por su torpeza en comprender lo que pasó en Atocha, pero conserva en su mochila patriótica diez millones de fieles, pese a la realidad nacional de Andalucía y a pregonar la barbaridad fascista de que el futuro del País Vasco y Navarra será el que decidan todos los españoles, y no los vascos. Como si este asunto fuera susceptible de ser sometido a votación.

Si se trata de elegir entre partidos estatales, y no entre personas singulares, el principio de la reacción anticipada del elector no existe. Según el soplo favorable de la más leve circunstancia, el elector dará nuevamente su voto al partido de la corrupción, el crimen, la prevaricación o la guerra.

Desde que el Directorio remató la Revolución Francesa en 1795, la política liberal se organizó en Europa como religión para creyentes en el dios-pueblo, dotada de todos los elementos sacros, incluidos milagros y misterios gozosos. La Iglesia y el Estado, sin intereses antagónicos, continúan viéndose como rivales porque lo anticlerical constituye la liturgia de la religiosidad progresista.

Clase política renovada a perpetuidad en tanto que casta levítica; templo de la soberanía popular; dogma de la infalibilidad parlamentaria; incienso y oro para la ortodoxia del consenso; procesiones de impenitencia partidista y milagro de Pentecostés político, que ilumina a los elegidos en las urnas para que desvelen los misterios de la voluntad general y del bien común.

Este milagro sobrepasa los límites de esa ley social de las admiraciones repentinas, que transforma en inteligencia y coraje a todo lo que antes de ocupar un alto cargo, o una sólida fortuna, era idiotez y cobardía. El más ignorante de los candidatos a un escaño parlamentario, tan pronto como sale elegido en las urnas, aparece aureolado por la sabiduría del interés general, la conciencia del bien público y la ciencia de la economía política. Y dotado de esos dones preternaturales, el cateto-demiurgo decide con su voto lo divino y lo humano de su país y del mundo.

La metafísica religiosa de este milagro había sido evitada, antes de que la Gran Revolución la consagrara, por la fantasía aristocrática de Edmundo Burke, en su famoso Discurso a los electores de Bristol (1774). Gracias a su “virtual representation” el Parlamento de las capas superiores aseguraba la representación de todo el pueblo. Tal vez por esto los votantes de Bristol no eligieron en la campaña siguiente al creador de tan sublime representación.

Como es natural, fue un jesuita, el abate Sieyès, quien primero vio las lenguas de fuego universal que iluminaban la cabeza de los diputados locales: “El diputado de un bailliage (partido judicial) es inmediatamente elegido por su bailliage, pero mediatamente es elegido por la totalidad de los bailliages”. Mediante esta ficción, el diputado universalizado se independiza de sus electores particulares y adquiere la conciencia de haber sido elegido por la Nación, para interpretar y representar sus altos designios, sin que sus mezquinos e ignorantes electores de distrito tengan derecho a exigirle rendición de cuentas de lo que no saben.

Desvirtuada por la modernidad social la representación virtual de los pobres por los ricos, y de las mujeres por sus padres o maridos, y desaparecido el encanto de la mística revolucionaria, retorna la tradición del sentido común, exigiendo el mandato representativo de los electores de distrito, con todas sus consecuencias de rendición de cuentas y revocabilidad.

Y en esta hora de fracaso de la representatividad política de los partidos estatales, resuenan en nuestros oídos, como si fueran nuevas, las palabras del primer defensor de los partidos políticos, el propio Edmundo Burke: “cuando los hombres malos se alían, el bien debe asociarse”. El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional las ha escuchado, aunque en el concurso de maldades presentes no acierte a distinguir el malo del tonto, ni el vanidoso del corrupto.

Si una causa particular tuviera que explicar la traición general de la clase política al electorado, no podría ser otra que la prohibición del mandato imperativo. La Constitución es tan irresponsable que, desconociendo los fundamentos históricos de esa prohibición, la tomó de viejos textos constitucionales, sin darse cuenta de que la nueva representación proporcional se basa en el mandato imperativo de los jefes de partido. A quienes nada les importa que sean nulas todas las leyes emanadas del Congreso, por vulnerar esta prohibición constitucional.

La prohibición del mandato imperativo tuvo, en su origen, sentido revolucionario. Y hoy lo tiene completamente reaccionario. A finales de julio de 1789, Sieyès proclamó que la cuestión del mandato imperativo había quedado resuelta en la Asamblea Nacional de 17 de junio, porque la Nación no recibe órdenes de nadie. A esta razón teórica se unió la razón práctica de que el mandato imperativo que recibían sus representantes en los “cahiers de doléances” (Reforma), no contemplaba la Declaración de Derechos ni la separación del ejecutivo y el legislativo (Revolución). El sentido jurídico del viejo mandato representativo fue transformado en libre representación política, sin mandato ni delegación, es decir, en “soberanía representativa”, por utilizar la misma expresión que Sieyès.

En la cátedra española se enseña la falsedad de que la prohibición del mandato imperativo obedece a la necesidad de respetar la independencia de los legisladores, cuando jamás ha tenido esa motivación. En su origen, la prohibición fue concebida como una improvisación, para permitir la Revolución de la libertad y la separación de poderes, no previstos en los mandatos del electorado. Ahora se proclama la prohibición para impedir el mandato revolucionario de los electores; y se deroga en la práctica para mantener la dependencia del poder legislativo respecto del gobierno.

La Revolución Francesa no resolvió la representación política porque no admitía la existencia de entidades colectivas entre el individuo y el Estado. Las diferencias entre poblaciones rústicas, ciudades comerciales marítimas y Paris no hacían posible, salvo en algunos distritos de la urbe, demarcar circunscripciones con la misma estructura de clases sociales, necesidades económicas o apetencias culturales. Parecía lógica la ley Le Chapelier prohibiendo el asociacionismo. La prohibición del mandato imperativo produjo sistemas parlamentarios de soberanía representativa, sobrepuestos a una sociedad civil que tuvo que expresar su deficiente representación política con manifestaciones de potencia extraparlamentaria, incluidos golpes de Estado, guerras civiles y huelgas revolucionarias.

El hallazgo de la mónada republicana, o sea, del distrito electoral que refleja a escala humana la pluralidad de fuerzas que interactúan en la sociedad civil, permite resolver el problema de la representación política, sin necesidad de acudir al artificio de la representación sin mandato civil, propio del antiguo régimen parlamentario de soberanía representativa, ni a la sustitución de la representación política por la integración de las masas en el Estado, sin sociedad política intermedia, como sucede con la actual simpleza del brutal Estado de Partidos.

Todo mandato civil es imperativo y revocable. Hablar de mandato imperativo es redundancia y hablar de mandato irrevocable es un contrasentido. Sólo el mandato representativo de una mónada republicana permite construir, junto con las demás mónadas de idéntica naturaleza representativa, la sociedad política intermediaria entre la sociedad civil y el Estado. Con la mónada republicana no solo desaparece la deficiencia de representación de la pluralidad de fuerzas productivas, sino la vieja añoranza del marxismo de unir, en un solo estado personal, la condición de trabajador y de ciudadano. Con la mónada republicana puede subsistir la alienación económica o profesional, pero no la enajenación política.

No hay ni habrá ciencia política sin determinar correctamente, con métodos incontestables, el objeto y sujeto de la misma. Cuando acabó la historia hecha por los Reyes, el romanticismo puso en su lugar a los héroes; el liberalismo, a los individuos nacionales; el socialismo, a la lucha de clases sociales; el fascismo, a las naciones; y la guerra fría, a los partidos estatales. Estos últimos son hoy los únicos actores de la política. Los gobernados que los votan son sus siervos voluntarios porque, sin propia capacidad de obrar política, apoyan o siguen sus nefastas acciones contra la inteligencia, la moralidad, el sentido común y la estética de los modales en la cosa pública.

El objeto de la política se limitó en la época moderna a la conquista y conservación del poder estatal por ciertos grupos o categorías sociales. El objeto de la historia se extiende a toda la acción humana, y adquiere relieve definitorio con la conquista y conservación de la libertad. No podemos seguir cometiendo el error de confundir la política con la agencia de la historia, ni la conquista del poder por los partidos estatales con la libertad.

La política no ha sido ni es principal agente de la historia. La tecnología, la economía y la cultura no solo son por sí mismos factores más decisivos, sino que condicionan la acción política. El sujeto de esta acción particular no puede coincidir con el sujeto, mucho más extenso y complejo, de la historia universal. Ahora tratamos de saber, con criterio científico, cual es el verdadero sujeto natural de la política nacional, que pueda sustituir, con relativa facilidad, al reinado artificial y corrupto de los Partidos estatales.

La única acción colectiva de los gobernados, votar, tiende a la suicida aberración de que sea el Estado, no ellos mismos, quien resuelva los dos problemas tradicionales del pensamiento político: la representación de la Sociedad civil, para legitimar la obediencia a las leyes; y la dirección político-administrativa del Estado, para legitimar la obediencia a la autoridad. Los partidos lo comprendieron y se hicieron estatales para resolver los dos problemas a costa de la libertad política.

Ahora tratamos de definir el sujeto de la representación política, es decir, de fijar el colectivo particular de personas que puede otorgarla. Luego veremos si la solución científica de la obligación política de obedecer las leyes, con la nueva representación de la sociedad civil por representantes de distritos electorales monádicos -revolución política que promueve este MCRC-, también puede resolver el problema de la legitimación del Estado, es decir, el de la obediencia a la autoridad, mediante la elección directa del Jefe del Estado por una sola mónada nacional.

Siempre procuro dar a las palabras cultas su sentido original. El significado corriente de mónada era lo solitario o lo único. Los pitagóricos hablaron de la primera mónada de la que se derivaban los números. Que no era unidad por ser lo uno, sino que era lo uno por ser unidad. Especialmente, unidad inteligible. Para evitar este tufo platónico, he preferido el significado de mónada en Nicolás de Cusa, quien atribuyó a Anaxágoras el principio de que “todo está en todo”, es decir, que la unidad del uni-verso está en la pluralidad de lo di-verso. Principio desarrollado en los libros herméticos con la teoría del reflejo del macrocosmos en cada microcosmos individual.

La mónada es la unidad irreductible donde se manifiesta la diversidad del pluralismo de fuerzas sociales y culturales que caracterizan a todo sistema de poder estatal. Según esta monadología, España se compone de 350 mónadas, de cien mil habitantes cada una (como Atenas). En tanto que unidad irreductible del universo político solo puede tener un representante en la Cámara legislativa, o sea, cada mónada constituye un distrito electoral independiente. Son mónadas republicanas porque cada una reproduce la totalidad de la cosa pública que es materia de la República.

Así quedan eliminadas, como demostraré, las dos ficciones que Sieyès y Burke introdujeron en la representación política, para impedir el mandato imperativo y prohibir al diputado la defensa de los intereses locales del distrito que lo ha elegido. La mónada, no los individuos ni los partidos, es el sujeto real de la acción política, a través de su representante monádico.