La República Constitucional

La estructura del Estado de Partidos y de Autonomías, el Régimen de esta Monarquía no tiene correspondencia con la estructura de la Sociedad civil a la que esa camisa de fuerza reglamenta. La estructura del Estado es única, uniformada, cerrada, autoritaria y visible en el orden público. La estructura de la Sociedad civil es plural, pluriforme, abierta, permisiva y visible en el orden privado. La falta de correspondencia entre ambas estructuras causa manifiestas ilegitimidades en los tres poderes legales del Estado.

Seria milagroso que existiera armonía entre el reino de los dioses estatales, olimpo de partidos y autonomías, y el mundo de los mortales que padecen la gloria olímpica. La reforma que el inocente Giordano Bruno propuso a los ideales dioses griegos y a los carnales reyes latinos, en busca de la armonía del Universo, era menos acuciante en el Renacimiento del absolutismo monárquico, que en el nacimiento del Estado de Partidos del muslo marciano de dictadores derrotados o fenecidos.

Para transformar un Régimen monárquico en un sistema político de orden republicano, que es el fin trascendente de la democracia política, no se debe organizar la unidad de los poderes estatales calcando la plantilla de unicidad de las hénadas celestiales, ni con el modelo de pluralidad de las mónadas humanas. Pues la unidad es tan consustancial a la naturaleza real del Estado, como la pluralidad a la realidad de la Sociedad civil.

Las palabras griegas hénada y mónada eran sinónimas. Expresaban en su origen la unidad de lo que es uno, es decir, la unicidad. Pero el filósofo Proclo les dio distinto significado al identificar las hénadas con los dioses del olimpo, para dar sentido unitario a la teología del politeísmo. Hay pluralidad de dioses, como de partidos y autonomías, pero cada dios, cada partido, cada autonomía es una hénada completa por sí misma.

Los Partidos-hénadas y las Autonomías-hénadas se hallan, como pensaba Proclo de los dioses-hénadas, más allá del Bien y de la Inteligencia. Y esa es la característica esencial de las hénadas monárquicas, posicionadas a distinto nivel de poder en el Estado español. Ser ellas indiferentes o propensas a la maldad, ignorantes o incompetentes, no tiene significado moral en la conciencia henádica de cada unidad de poder estatal. La corrupción en los ámbitos de poder político no es asunto de degeneración o caída de los instintos de bondad, sino algo connatural a la naturaleza divina de la hénadas malhechoras, tal como son sentidas en el politeísmo homérico. Las hénadas monárquicas tienen la inteligencia de la maldad.

Esto no quiere decir que todos los partidos-hénadas y todas las autonomías-hénadas tengan el mismo nivel ontológico de poder malhechor, pues son más o menos universales, y más o menos perversas, según la posición de cercanía o de alejamiento que ocupen respecto del Estado o, mejor dicho, de las fuentes artificiales de poder gubernamental o autonomista. Y son fuentes artificiales todas las que, no pudiendo manar de la sociedad política, inexistente en el Estado de Partidos, salen de la matriz original de de la Monarquía-hénada, es decir, del fraude electoral objetivo y subjetivo que, necesariamente, implica el sistema proporcional de listas de partido.

Toda la investigación que he llevado a cabo desde hace treinta años sobre la naturaleza del Estado de Partidos, su falta de representatividad política, su fragmentación en poderes autonómicos, su falta de inteligencia institucional y su propensión objetiva a la fechoría, conduce a una sola conclusión: el sistema proporcional de listas de partido produce, por su propia naturaleza, hénadas monárquicas de poder estatal incontrolable que, por instinto de conservación, se desarrollan y perduran mediante consensos de corrupción de los dioses del poder

Frente a este mal absoluto solo existe un remedio absoluto: la sustitución del artificial régimen proporcional de listas de partido, que produce hénadas monárquicas, por el sistema electoral de un solo diputado por distrito, que produce mónadas republicanas. Como se verá en el ensayo siguiente, los misterios tradicionales de la representación henádica (mandato ¡no imperativo ni revocable!) desaparecen en la moderna y diáfana representación monádica.

Dentro de las doctrinas pluralistas, la única que tuvo cierta importancia política fue la personalista. La reacción contra el individualismo liberal y el colectivismo socialista produjo en Francia, a fines del siglo XIX, un brote de ideología pluralista que trató de superar la división entre dualistas y monistas, centrando el problema metafísico no tanto en el número de realidades existentes, como en los tipos de realidad.

El filósofo del republicanismo anticlerical, Renouvier (famoso por su Ucronía de un mundo sin cristianismo), creó el término “personalismo” (1901) para designar las doctrinas que ponían a la persona en el centro del universo, por encima de los individuos, las cosas y la naturaleza. Su noción de personalismo relacionista y concreto -opuesta al impersonalismo de la materia mecánica y de las ideas abstractas- fue absolutizada por el personalismo trascendente (Jacques Maritain y Emmanuel Mounier), que quiso ser la culminación política de la idea democristiana de Marc Segnier.

La diferencia entre individuo y persona, entre un ente natural determinado en su ser y un ente moral que se determina a sí mismo, puede comprenderse en el campo de la ética o la metafísica, pero carece de justificación en la perspectiva política. Primero, el código genético no distingue entre individuo y persona. Segundo, individuos y personas son gobernados de la misma manera. Tercero, las personas se someten igual que los individuos a la servidumbre voluntaria. Cuarto, la libertad personal, de orden individual y civil, no es la libertad constituyente del orden colectivo y político.

Distinguir entre individuo y persona sería una arbitrariedad política. Ni la República Constitucional ni la democracia representativa pueden admitir esta discriminación elitista, presente en la conciencia religiosa y en la filosofía existencial. Pero resulta esperanzadora la idea de Renouvier de que la personalidad puede alcanzar la moralidad política en tanto que “libertad a través de la historia”, es decir, a través de minorías conscientes de su destino que la buscan y procuran en sucesivas generaciones. Ningún esfuerzo por la libertad está perdido, aunque las penalidades no lleguen a ver el cálido esplendor de una libertad coronada.

Pero la importancia de Renouvier, para nuestra teoría de la República Constitucional, no está en el personalismo liberal, sino en su explicación de la posibilidad de un pluralismo de fuerzas, como en la Naturaleza, con una monadología de la actividad, la finitud y la concreción que elimine la incomunicación, la infinitud y la abstracción metafísica de las mónadas leibnizianas. La pluralidad de fuerzas está en la Sociedad y no en el Estado.

En las próximas reflexiones trataré de dotar al MCRC de una teoría monadológíca que inspire la organización de la acción política -de modo simultáneo en toda España- de la manera más adecuada al mínimo esfuerzo personal y a la máxima coherencia entre fines y medios, para la conquista pacífica de la libertad constituyente de la democracia.

La organización de la acción republicana en un movimiento no ideológico, que se disolverá cuando esté garantizada la libertad, requiere la coordinación de una pluralidad de fuerzas sociales y culturales, constituidas en mónadas civiles, con ventanas abiertas de par en par al exterior y comunicables entre sí. Las nociones de pueblo o cuerpo electoral, por ser abstractas, son insustanciales. Mientras que todo elector de un solo diputado por distrito adquiere la trascendencia constitutiva del fenómeno representativo por excelencia. Una monadología política ha de centrarse en este hecho incontestable. Y la cualidad común a todas las mónadas políticas no puede ser otra que la de sentirse a sí mismas como únicos sujetos activos y representativos de la libertad colectiva.

A diferencia de la noción filosófica de pluralismo -referente al número de realidades, frente a las pretensiones del monismo y del dualismo-, que ha dado lugar a la ideación de rigurosas teorías atomistas y monadológicas, la doctrina del pluralismo político constituye la mayor sandez y la mejor síntesis adefésica de la ciencia política postmoderna.

Lo único que demuestra la idea pluralista de la política es el número infinito de idiotas que viven de escribir fantasías o inanidades sobre lo que desconocen. Los que usan la palabra política en plural, aunque no sepan la singularidad que los caracteriza, son los pluritontos de la cultura modernísima, los capirotes de la actualidad. Y los que apoyan el pluralismo político, lo hacen porque lo confunden con los ideales que dice perseguir.

Para que mis lectores juzguen por sí mismos, he aquí el brillante elenco de definiciones de pluralismo político:

1. Ideal de vida buena.
2. Teoría ética de la política en las sociedades liberales.
3. Característica distintiva de las democracias capitalistas.
4. Diversidad cultural sin relativismo político.
5. Pluralidad de bienes, en lugar de bien común.
6. Participación activa en varias asociaciones parciales.
7. Fomento de la estabilidad social sin coerción estatal.
8. Nuevos grupos políticos producen cambios en el poder.

La única idea aprovechable que he encontrado en ese jardín de buenos deseos conservadores, o incluso reaccionarios, es esta: “en un Estado pluralista, el consenso necesita desgastarse para dar lugar a la formación de circunscripciones independientes, que en su conjunto hagan gobernable el orden que ya no pueden garantizar los tradicionales canales pluralistas”. No me preguntéis lo que esto significa porque, aun sonando bien, no entiendo nada ni sé como puede ser pluralista el consenso.

Todas estas vaguedades y anacolutos traducen, sin tomar cuenta de sus motivaciones últimas, el estado de indefensión en que se encuentra la sociedad civil, en el Estado de Partidos, para alcanzar objetivos comunes, como los de libertad política, costumbres decorosas, recreaciones estéticas, educación permanente, investigación científica, regeneración del medio ambiente, universalización de la cultura, erradicación de la propaganda política en los medios informativos, civilización de la mentalidad colectiva, y tantos otros que afectan de modo directo al bienestar individual o incluso a la felicidad personal de los infelices gobernados.

En el debate entre los que defienden el relativismo cultural y los creyentes en el ideal de una vida buena superior y común, el pluralismo político está recreando, sobre artificiales bases autonomistas, el concepto de pluralismo cultural. Una simple perspectiva de poder regional que no tiene relación con los problemas epistemológicos y ontológicos que tratan de resolver el pluralismo filosófico y la teoría monadológica de la realidad social.

Toda teoría de la acción política, para ser tal y no un sueño idealista, debe comprender una reflexión sobre la necesidad de que la praxis y la teoría estén permanentemente unidas, a través del tipo de organización adecuado a la naturaleza de la acción. La trascendencia de un movimiento político, no la determina la concepción realista de sus principios y valores, sino la homogeneidad de medios y fines, especialmente la perfecta armonía entre la organización del movimiento y la realidad societaria del mismo. Este inmenso problema, salvo en ciertas tesis revolucionarias de orden clasista, no ha sido estudiado en la ciencia política. Para intentar comprenderlo se deben exponer previamente las reflexiones del pluralismo filosófico de orden monadológico, como haré en el siguiente artículo.

En este sentido, la teoría organizativa edificada sobre mónadas republicanas, cobra tanta importancia para el triunfo del MCRC en la sociedad civil, como la de sus principios y valores para su aceptación en las conciencias individuales. Basta pensar que los partidos y los sindicatos han encontrado el tipo de organización adecuado a la eliminación, dentro de ellos, del pluralismo y las tendencias, para que nosotros busquemos lo contrario.

Pseudo-Sofisma: “Hay libertades políticas, individuales y colectivas, privadas y públicas, porque el pueblo elige y depone libremente a sus gobernantes en elecciones legislativas y los jueces son independientes”. El pueblo elige al poder legislativo, éste elige al poder ejecutivo, luego el pueblo elige a su gobierno.

A pesar de que millones de personas inteligentes creen en la veracidad de este razonamiento, como antes creyeron que el sol giraba alrededor de la tierra, este modo de pensar no está basado en un silogismo válido, ni en realidad constituye un verdadero sofisma, porque entre sus premisas -de naturaleza no conjuntiva- y la conclusión ni siquiera hay una relación que guarde mínimas apariencias de verdad. Los sofismas deben tener alguna base de verosimilitud. Y este pseudo-sofisma solo es una trama lingüística de hechos falsos y argumentos falaces.

En la primitiva teoría parlamentaria, el pueblo elegía a sus diputados en la Asamblea legislativa y ésta elegía entre su seno al Gobierno. No había separación de poderes, pero sí de funciones. El legislativo representaba a la Sociedad y el ejecutivo, al Estado. Pero en el Estado de Partidos que sucedió al Estado totalitario ya no hay poder legislativo ni representación de la Sociedad, aunque el Estado sea representativo de ella. No hay separación de poderes ni de funciones. El monopolio de poder transitorio de un Partido ha sustituido a la dictadura permanente del Partido único.

En la práctica de esta Monarquía, el jefe del partido ganador en unas elecciones entre listas de partidos, reúne en sus manos y dispone de los tres poderes teóricos del Estado. Digo teóricos porque, de hecho, en la llamada democracia de partidos ya no hay poder legislativo ni judicial que funcionen con independencia de las consignas o criterios del partido gobernante. Ambos poderes son meros atributos del poder ejecutivo del Estado. Y este único poder no solo retiene la iniciativa legislativa y el gobierno de los jueces, sino que mantiene el orden social transformando en leyes y sentencias, es decir, convirtiendo en mundo jurídico, el equilibrio oligárquico de los poderes económicos y sindicales en el mundo social.

Como si fueran elecciones primarias, los votantes solamente eligen listas de compromisarios, confeccionadas por los aparatos dirigentes de cada partido, férreamente controlados por el jefe. Y los compromisarios de la lista que resulte ser mayoritaria o la más votada, obedeciendo el mandato imperativo recibido, cumplirán el trámite legal protocolario y designarán Presidente del Gobierno al jefe del partido que los puso en la lista. La escena teatral finge que lo eligen en ese momento.

Es pues el Presidente del Gobierno quien ha escogido previamente a los diputados de lista que luego fingirán elegirlo en un acto parlamentario, cuando en realidad éstos se limitan a cumplir su deber de obediencia y a darle posesión del cargo que le ha atribuido directamente la votación popular, como si hubieran sido unas elecciones presidenciales. Las elecciones legislativas no existen como tales. Ningún votante cree que está eligiendo legisladores o a su representante en el Parlamento. Partidos, medios de comunicación, campañas de propaganda y votantes saben a la perfección que se esta eligiendo al Presidente del Gobierno.

En el fondo, lo moralmente dramático no es el espectáculo bochornoso de esta burda comedia, ni que la mayor parte de los actores y críticos no sepan que sus roles son cómicos, sino que la corrupción de partido, que arrastra la de toda la clase dirigente, está inscrita con letras de bronce en el libreto constituyente de la comedia política representada por esta Monarquía.

Mentira: “Hay libertades políticas, individuales y colectivas, privadas y públicas, porque el pueblo elige y depone libremente a sus gobernantes en elecciones legislativas y los jueces son independientes”. En el Estado de Partidos, los gobernados no pueden elegir ni deponer al gobierno porque su Constitución, fundada en el miedo de la clase gobernante al pueblo, lo prohíbe.

Los “padrinos de la patria”, comisionados por el oculto poder constituyente de la Monarquía de Partidos, articularon la Constitución como un sistema de defensa de la clase gobernante, contra el miedo de su imaginación a un pueblo recién liberado de la dictadura. Hasta ese punto de sentimientos inconfesados de culpabilidad llegaban los poderes franquistas. Y hasta ese grado de inseguridad, el oportunismo de las ambiciones clandestinas

Situadas en los escalones de la gloria, esas ambiciones sin fuero no necesitaban el concurso de la verdad ni el de la libertad para subir al Estado por la escala de Jacob. Tan seguras estaban de monopolizar los puestos de poder político que, sin buscar legitimación interior, solo pretendían obtener la homologación de su Régimen Constitucional con el de los seis del Tratado de Roma, o sea, la aprobación de Bruselas. La libertad sin ira pondría música celestial a la letra de la servidumbre voluntaria.

El temor al pueblo español brotaba de distintas fuentes de resentimiento. Cada una de ellas exigía ser cegada con medios específicos. Por eso, el equipo de padrinos de la patria se integró con hombres experimentados, verdaderos especialistas, en los tres tipos de miedo político que nublaban el cielo de las ambiciones reconciliadas. Concebida como terapia de grupo, la Transición se distinguió enseguida por su eficacia en la transmisión de tranquilidad a la clase dominante, por su dependencia de un pacto de silencio sobre el pasado, en los medios de comunicación, y por su habilidad para vestir los miedos propios a la moda europea.

El primer temor lo causaba la previsión de las reacciones irracionales que los cambios de Régimen político producen en las masas -en virtud de la conocida ley del péndulo de la historia-, cuando el cambio no lo dirige la autoridad moral ni la razón política, sino el oportunismo de adaptación a la nueva circunstancia. Para evitar que esa ley ciega abriera cauces a la libertad política, los comisionados padrinos de la patria dieron vía libre al movimiento pendular en autonomías territoriales y nacionalidades. La pasión de libertad fue burlada con el ardor constitucional de la pasión antagónica. Pues la historia del siglo XX había demostrado que era más fácil reprimir la libertad con nacionalismos que con policías.

El segundo tipo de temor al pueblo ha sido estudiado como miedo del poder y de los poderosos a la libertad. En la Transición, este sentimiento tradicional, que no era de pánico ni desinteresado, sublimó el terror a la libertad política idealizando y racionalizando el egoísmo de asegurarse un lugar en el sol, con el sistema proporcional de listas de partido, si no había libertad de elección. Este seguro de vida buena para los jefes de partido fue metido de matute en la Constitución.

El tercer tipo de miedo al pueblo no es de origen español. Procede de la huella que dejó en toda Europa la Constitución del Directorio (1795), la que instaló a la primera clase política, llamada de los perpetuos, para impedir tanto la vuelta de los terroristas jacobinos al gobierno del Estado, como la presión de las masas populares contra sus falsos dirigentes. De ahí las precauciones constitucionales contra las libertades de manifestación y de huelga, respectivamente prohibidas en las cercanías a los edificios del poder estatal o en los servicios de mantenimiento de las grandes empresas. Limitaciones que, en realidad, desvirtúan la finalidad misma de la manifestación o la huelga.

El miedo de las ambiciones de poder estatal a la libertad política del pueblo español fue la causa constituyente de las instituciones creadas por la Constitución de la Monarquía de Partidos.

Argumento falaz: “Hay libertades políticas, individuales y colectivas, privadas y públicas, porque el pueblo elige y depone libremente a sus gobernantes en elecciones legislativas y los jueces son independientes”.

El pueblo es una abstracción a la que recurre el discurso del poder estatal, para hacerlo sujeto imaginario de la acción política, cuando una parte pequeña del mismo puede imponer su voluntad al resto, como si fuera la voluntad del todo. No ha existido nunca peor definición científica de la democracia, ni mejor expresión demagógica de la misma, que la de Lincoln (“del, por y para el pueblo”). Un pueblo numeroso no puede gobernarse a sí mismo. La democracia directa o plebiscitaria es de realización imposible en los Estados modernos y en las comunidades extensas.

Y solamente puede existir democracia representativa si el sistema político cumple estos dos requisitos formales: a) los gobernantes son elegidos libre y directamente por el cuerpo electoral de los gobernados; b) los representantes de ese electorado, reunidos en la asamblea legislativa, no intervienen para nada en la elección del gobierno. En Europa no hay, pues, democracia política. Incluso en Francia, el Presidente del Poder ejecutivo, elegido en sufragio directo, ha de someter a la Asamblea legislativa la aprobación de su programa y equipo de Gobierno.

Si al gobierno, o a su jefe, lo elige la asamblea legislativa, sucede lo que previó la maravillosa ciencia de mecánica política de Montesquieu: “si el poder ejecutivo fuera confiado a cierto número de personas sacadas del cuerpo legislativo, no habría ya libertad, porque los dos poderes estarían unidos”, y “cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo están reunidos no hay libertad, porque se puede temer que… hagan leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente” (El Espíritu de las Leyes, Libro XI, 1748).

Desde la Revolución Francesa, las clases intelectuales, integradas en el poder legislativo, han sido temerosas de no ser ellas las que hagan y deshagan los gobiernos. La envidia inherente a la mediocridad intelectual y el miedo de la burguesía ilustrada a que el populacho participe en la elección de la máxima Magistratura, han sido causa y fin de los regímenes parlamentarios. Y aunque el Estado de Partidos liquidó el parlamentarismo, dejó intacto el poder de la mediocridad y el miedo a la libertad en los dirigentes de partido, para que esos vicios de la inseguridad personal impidieran la fortaleza de un poder autónomo en la Jefatura del Estado. El ideal de la mezquindad gobernante es un Monarca de mera representación.

Desde que a Rousseau se le ocurrió la fantasía de hacer soberano al pueblo, los mayores crímenes de la humanidad se cometen en su nombre. Cuando la soberanía popular aun no había nacido, se pudo pensar que la excusa del crimen político era la libertad. Así lo gritó desesperada Madame Rolland. Durante siglo y medio de soberanía parlamentaria no asomó el peligro de que en nombre del pueblo se legitimaran los desvaríos criminales de los gobiernos. Pero tan pronto como la guerra mundial dejó al parlamentarismo en el arcén de la historia, el Estado de Partidos se apoderó del mito de la soberanía popular, para simular que lo encarna mediante su identificación con el pueblo.

Los medios de comunicación ignoran en España la doctrina oficial del Estado de Partidos: “Así como en la democracia plebiscitaria la voluntad de la mayoría de ciudadanos activos se identifica con la voluntad general del pueblo, en la democracia de partidos la voluntad de la mayoría de ellos se identifica con la voluntad general, que solo nace en virtud del principio de identidad (partido y pueblo), sin mezcla de elementos estructurales de representación” (Leibholz, Presidente del TC de Bonn).

¡La voluntad de la mayoría de partidos se identifica con la voluntad general del pueblo, sin mezcla de elementos de representación! Esta es la doctrina oficial de la Monarquía de Partidos. Todos los crímenes y corrupciones de los Partidos son, pues, crímenes y corrupciones del pueblo, no porque éste se considere representado por ellos, sino porque tiene la misma identidad. Esa es la infamia que recae sobre la sociedad civil en cada acto criminal del consenso monárquico. Y la inmensa mayoría de españoles lo tolera.

Esta idea es falsa: “Hay libertades políticas, individuales y colectivas, privadas y públicas, porque el pueblo elige y depone libremente a sus gobernantes en elecciones legislativas y los jueces son independientes”.

Antes de que los movimientos ilustrados de los pueblos europeos fracasaran en sus empeños por lograr los objetivos de las revoluciones de la libertad, no se pensaba que existían diferencias de naturaleza entre la Libertad política, en singular y mayúscula, y las libertades públicas que podían precederla, acompañarla o seguirla. Aunque no fuera la misma libertad la que aspiraba a crear un gobierno nacional o un club de opinión, sin embargo ambas estaban animadas por un mismo propósito político, y manifestaban la voluntad colectiva de sustituir la forma autoritaria del pensamiento y del Estado tradicional, por una nueva forma de pensar y de vivir, más acorde con los elementos racionales y las pasiones de progreso social que se habían despertado con el industrialismo y la ilustración.

Esta manera sencilla y realista de concebir la libertad política fue aniquilada por ese mecanismo de psicología social, fundamento de la demagogia, que disimula los fracasos de la sociedad -en los intentos de transformar la realidad- con nuevas escalas de valores y nuevos lenguajes, capaces de alimentar la autoestima de la propia sociedad mediante ilusiones de triunfo, con otros nombres, de los ideales frustrados. Algún día la ciencia explicará la necesidad vital de demagogia en las sociedades moralmente fracasadas, del mismo modo que ya lo ha hecho respecto de los sueños agradables en los individuos insatisfechos de sí mismos.

Hoy se revaloriza como nunca lo privado, y no precisamente porque se hayan fortalecido las virtudes personales en la sociedad doméstica o civil. Ha sucedido lo que era de esperar. La completa degeneración de lo público, bajo el prosaico y corrompido Estado de Partidos, ha determinado que los juicios de la autoridad y las opiniones de los órganos de comunicación no solo se hayan hecho bastos y prescindibles, sino contrarios a las exigencias prácticas de un sentido común que, expertos o ignorantes de lo público, pueden percibir como evidencias.

Es natural que, en esta circunstancia general tan desagradable, todos deseen vivir en la condición más particular, personal y privada posible. El desinterés por la política proviene de la percepción de algo nuevo: lo decisivo para el bienestar individual no es la libertad política, sino las libertades privadas, los derechos civiles y, dentro de las libertades públicas, aquellas que pueden ser ejercidas de modo personal. La Libertad política, en singular, ha desaparecido hasta de los textos constitucionales.

La ausencia de Libertad política como ideal ha causado la nueva visión de la política como un conglomerado de fragmentaciones políticas. No puede haber libertad política en un mundo oficial que desconoce la política (sustituida por el consenso) y que solo puede concebir políticas en plural. La política ya no es lo relativo al poder, sino a las administraciones de cada sector de la economía o del Estado. La Libertad política ha sido sustituida por las libertades políticas, y éstas, por las medidas políticas del gobierno.

La teoría pura de la República Constitucional, además de restaurar la noción primigenia y la realidad social de la Libertad política, precisará con más rigor que en las Constituciones cuales son las libertades políticas individuales y cuales las colectivas. Así podrá separar las libertades de ejercicio simultáneo y masivo (manifestación, huelga) y las de ejercicio simultáneo pero atomizado (votación). Es fácil de entender que toda libertad de ejercicio atomizado no puede ser la libertad política. ¿Cómo puede ser fundamento de la libertad política, constitutiva del poder público, una facultad legal de ejercicio no solo individual sino secreto?