La República Constitucional

Hay dos cuestiones que deciden la forma de Estado. Una, de carácter espiritual, determina el principio organizador que define el orden y finalidad de la organización estatal: Monarquía o República. Otra, de carácter técnico, establece el modo de organizar los múltiples elementos estatales, para dar eficiencia holística al sistema administrativo del Estado: centralismo, autonomismo o federalismo. La primera cuestión compete resolverla a la sabiduría humanista. La segunda, a la ciencia de sistemas.

El Estado es una organización creada por el hombre. Su origen no está en la naturaleza, sino en la historia. Tan pronto como la humanidad se estableció junto a lagos y ríos para que su alimento no dependiera de la incertidumbre de la caza y la lluvia, sintió la necesidad de ordenar la distribución del agua de regadío. El espíritu religioso de la tribu entregó la administración de los Estados fluviales a castas sacerdotales presididas por pontífices-reyes. Los templos eran a la vez palacios y almacenes de granos. La organización del poder estatal la determinó su finalidad distributiva de los recursos.

El modelo mítico del Estado monocrático se expandió por contagio a todos los pueblos, incluso los de secano, porque disminuía las luchas pasionales por el poder supremo. La tiranía sacerdotal duró (10.000 años) hasta que el comercio y la cultura pagana crearon la civilización, con la democracia y la república, en las Ciudades-Estado. El perecimiento de la civilización clásica hizo retornar a los pueblos europeos al modelo mítico, con señores de la guerra y de la iglesia, hasta que la ilustración del XVIII reclamó el derecho de la razón universal para sacar a la humanidad, con la libertad, de su renovado estado de servidumbre voluntaria.

La creación de un Estado republicano no es tarea comparable a la de implantar una República en un Estado monárquico. En EEUU, la sabiduría de la razón humanista resolvió la servidumbre voluntaria, con la democracia representativa. Y el talento de sus fundadores dio eficiencia razonable a la administración de Estados separados, con el federalismo.

En Europa, las revoluciones cortaron las cabezas concretas de los reyes y pusieron en su lugar las cabezas abstractas de las Naciones. Cambiaron de amo, sin salir de la servidumbre voluntaria a la soberanía nacional y sin cambiar el principio organizador del Estado heredado. Napoleón sustituyó Luis XIV, como Lenin a Pedro el Grande. Los Estados europeos no han cambiado el principio organizador de su eficiencia administrativa. El espíritu republicano de lealtad, no ha sustituido al espíritu monárquico de fidelidad. Y el Estado-Organización continua siendo autoritario.

La República Constitucional sabe que la libertad política resolverá el problema de la servidumbre voluntaria, mediante la práctica de la teoría pura de la democracia en la forma de gobierno, pero también sabe que necesitará emprender una reforma de la organización administrativa del Estado, mediante la aplicación de la ciencia de sistemas, para resolver el problema tradicional del autoritarismo de la jerarquía burocrática y el nuevo problema ocasionado por el costoso desdoblamiento producido con los nacionalismos autonómicos.

En todas las esferas del Estado-Organización, en todos los ámbitos de la administración pública, el principio de lealtad republicana sustituirá al principio monárquico de fidelidad al jefe del servicio administrativo. Y esta innovación, inscrita como norma constitucional, dará orden unitario al funcionamiento de los cuerpos de la administración estatal, autonómica y municipal, conforme a leyes de tendencia holística, deducidas de la ciencia de sistemas y subsistemas administrativos.

Así como en la historia de las ideas políticas no existía una teoría pura de la democracia, hasta la publicación de “Frente a la Gran Mentira“, ningún filósofo o pensador ha elaborado una teoría de la República. Ésta ha venido identificándose por el solo hecho de no ser Monarquía. Tal ausencia de definición positiva ha causado el crimen ideológico de llamar Repúblicas a sistemas de poder que eran y son antirrepublicanos.

Los filósofos de la antigüedad tampoco definieron la República de la Ciudad-Estado. Se limitaron a identificarla por sus virtudes cívicas: patriotismo, amor a la cosa pública y participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. La creencia de Salustio de que la república era fruto de la virtud de los romanos, y no de sus instituciones (como pensaba Polibio), pasó a ser la doctrina del republicanismo clásico, así como del medieval y del florentino.

El fundamento moral de la república, renovado por el humanismo florentino, lo hicieron suyo Robespierre y Saint Just. En sociedades divididas en categorías sociales, era natural que, con tan débiles cimientos, la fórmula fracasara. La forma de Estado no puede estar determinada ni sostenida por angélicos gobernados. Con este mito, en las repúblicas que pretendieron realizarlo, el terror impuso la virtud cívica o se confundió con ella. Y esta lamentable ingenuidad constituye todo el argumento del republicanismo nostálgico. Pero sin una teoría pura de la República, nadie pueda decir que tienen de sustantivo sus opuestos adjetivos: Federal, Parlamentaria, de Partidos, Totalitaria, Islámica, Democrática.

La República, en tanto que noción inherente a la forma de Estado, no se puede identificar, ni en la teoría ni en la práctica, con la Democracia, que solo atañe a la forma de Gobierno. La democracia solo puede extenderse a los ámbitos sociales donde las cuestiones pueden decidirse por elección de los decididores y votación de los afectados. En su organización interna, los partidos de masas están sujetos a una ley de hierro oligárquica que les impide ser democráticos. Y a causa de su propia naturaleza, organizaciones estatales sujetas al principio de jerarquía, como el ejército, la policía y los cuerpos de la administración pública, tampoco pueden ser democráticas.

La parte permanente y funcionarial en la organización del Estado, la que procura a la parte transitiva y política los medios de acción del monopolio legal de la violencia institucional, no puede ser calificada de democrática. Esto solo pudo suceder en los Estados totalitarios. La República Constitucional establece la democracia en el nombramiento y ejercicio de los poderes transitorios del Estado, no en su burocracia permanente.

Cuando estaba escribiendo la teoría pura de la democracia, me topaba de continuo con los obstáculos que opone el Estado-organización a la libertad, incluso en las democracias suiza y estadounidense. Pero el rigor de mi investigación, centrada exclusivamente en la libertad política, me impedía abordar la definición del problema burocrático y el hallazgo de una solución apropiada a la naturaleza administrativa del mismo.

Este problema, y la posible solución, tampoco me parecían de orden ideológico, sino de eficiencia y competencia técnica en los funcionarios permanentes del Estado, puesto que ellos no cumplen el interés público por el simple hecho de satisfacer sus intereses privados con el sueldo de burócratas estatales, como sostuvo Hegel en su Filosofía del Derecho.

Pero ahora, abocados a la conquista de la democracia por la sociedad civil, no podemos eludir la respuesta de la República Constitucional al problema de la ineficiencia burocrática en los cuerpos de las Administraciones Públicas, y de la costosa carga que ello implica para la sociedad civil.

Si el término Constitucional expresa el modo de resolver el problema de la libertad política, la palabra República, sin una teoría pura de lo que significa en sí misma (no por supuestos valores cívicos ni por negación de la Monarquía), y sin definición objetiva de un moderno republicanismo, realista y operativo, no dará respuesta consistente a la ineficiencia del Estado-organización. Aunque esa ingente y descuidada tarea requiere una obra de reflexión sistemática, no me parece imposible esbozarla en las breves síntesis que esta página me permite hacer.

Las habladurías sobre corrupción judicial se centran hoy en materias matrimoniales. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano partidario. En el mejor de los casos, archivará la denuncia con un simulacro de investigación. En el peor, abrirá expediente al denunciante. Solo la corrupción en la cumbre judicial puede explicar la prosperidad de esos bufetes feminísimos que, sin preparación jurídica, se especializan en prefabricar pruebas con las que obtener medidas provisionales o definitivas, en favor de esposas reconvertidas en profesionales de sus maternidades y de sus estados de separadas, divorciadas o “nulidadas“, contra maridos expoliados por la magistratura feminísima del arbitrio. Y el corporativismo protege la violación de derechos fundamentales del varón.

Un matrimonio se separa en un Juzgado de provincia. La esposa obtiene la custodia de la hija y una pensión razonable, renunciando al domicilio conyugal. Y se instala en Madrid en un piso alquilado. Una empresa de la que es administrador el marido compró, tres años después de la separación, un duplex en la zona más apreciada de Madrid. Durante la reforma del piso, la empresa se lo cedió amueblado a la esposa, sin cargo alguno, hasta la terminación del curso escolar de la menor. Terminado éste, la madre se fue a vivir con su hija a Marbella. Sin signo que lo presagiara, la esposa fue sorprendida in fraganti cuando intentaba entrar en el duplex de Madrid. Frustrada, se puso en manos de un bufete feminísimo y comenzó la odisea del varón en cuatro escenarios.

En el primero, el hombre ignora la conspiración de seis mujeres para conseguir que la separada se apodere del duplex, multiplique por tres su pensión y reduzca a la mitad la convivencia del padre con su hija. Esto lo decide un Auto irrecurrible dictado, “inaudito marido“, por la Magistrado del Juzgado de 1ª instancia nº 28 de Madrid, doña María Dolores Planes Moreno. El varón se entera de este Auto cuando se lo comunica la empresa de seguridad del duplex, alertada de que había sido allanado, con fractura de cerraduras y alarma, por una fémina herramentada con un Auto de Medidas Previas a una demanda de separación, que prometía presentar la mujer ya separada por Sentencia firme cinco años antes.

En el segundo, se libra la batalla judicial entre el varón -que no logra satisfacer su derecho al juez predeterminado por la ley, a un proceso donde sea oído antes de condenado, a resoluciones que expliquen sus motivos- y la Magistrado que, sin respetar la competencia del Juzgado de provincia, falsifica de su puño y letra la demanda de la hembra, no la traslada al domicilio del esposo ni lo cita por edictos; celebra una comparecencia ad hoc de seis mujeres, ejecuta el Auto de Medidas Provisionales; no resuelve las oposiciones del ejecutado, ni los incidentes de nulidad; y no cursa los recursos de apelación ni las propuestas de recusación.

En el tercero, la batalla se traslada a la jurisdicción penal, con la querella por prevaricación contra la Magistrado, la Fiscal, la Secretario, las dos abogadas y la esposa separada, ante el Tribunal Superior de Justicia. Su Presidente, D. Javier María Casas Estévez, forma Sala de cuatro Magistrados; nombra Ponente, sin tramitar la querella, al Magistrado-adscrito, Sr. Fernández Castro, con adscripción caducada; separa al Magistrado Sr. Suárez Robledano, sin comunicar el motivo; decide no admitir la querella, con el voto en contra del Magistrado, Sr. Pedreira Andrade; comunica que la ampliación de la querella entró el 16 de junio y dicta un Auto de inadmisión según lo decidido ¡el 15 de junio!; decreta el Auto desestimatorio del recurso de súplica, sin reunir la Sala, sin deliberar ni votar, y fechándolo en 8 de septiembre, después de que el Magistrado disidente denunciara esas falsedades en su voto particular de ¡13 de septiembre!; y dicta Providencia de inadmisión del incidente de nulidad, porque los defectos alegados ya los desestimó ¡el Auto que los cometió!

En el cuarto escenario, la batalla se libra en campo administrativo. El varón denuncia al Presidente del TSJ ante el CGPJ, por faltas muy graves, documentadas todas con resoluciones judiciales. Se toma declaración al denunciado, Sr. Casas Estévez, quien solo responde, a la separación del Sr. Suárez Robledano, diciendo que era normal puesto que todos los Magistrados se turnan semanalmente, no por asuntos sino ¡por acuerdos! La Comisión Disciplinaria archiva el expediente y pone una multa de mil euros al denunciante. El Magistrado Sr. Pedreira denuncia al Sr. Casas por presiones contra su independencia. Y el CGPJ inicia una investigación ¡contra el denunciante! La Juez Mª Dolores Planes se venga con nuevos Autos contra el varón. Éste responde con otra querella por prevaricación, que corre la misma suerte que la primera. Los dos recursos de amparo están pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional.

Y el Sr. Casas se jacta de haber impedido la publicación de este artículo en el diario El MUNDO, a cuyo Director se lo envié con mi firma.

El “Movimiento de Ciudadanos hacia la Republica Constitucional“ se puso en marcha, con la apertura de este blog en Internet, hace 4 meses aproximadamente. Siguiendo el ejemplo de las empresas más dinámicas, hago aquí un somero examen crítico de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en su primer cuatrimestre de vida virtual.

Las cifras son estas: 40 mil visitantes; doce minutos de promedio por visita; 140 mil páginas leídas; cuatro minutos de promedio por página; 350 visitas de promedio diario; 60 comentarios de media diaria. Mayor concentración de lectores en Madrid, Cataluña y Andalucía. Presencia significativa de visitantes en más de la mitad de las provincias españolas, además de residentes en países extranjeros, especialmente europeos y americanos. Para ponderar estas cifras se debe tener en cuenta que la mitad del cuatrimestre ha coincidido con las vacaciones de verano, y que esta Web no ha sido anunciada.

Dejando de enjuiciar los artículos de portada, la calidad intelectiva, ética y cultural de los participantes ha sido muy superior a la que denotan los niveles más altos de los medios de comunicación y de la enseñanza universitaria en toda España. El tono de seriedad y nobleza de esta Web ha bastado para que tan solo una docena de insensatos provocadores haya tenido la temeridad de importunarla. Y nunca con palabras soeces. La organización de las inteligencias, el sentido común, la lealtad, la decencia y la valentía ha comenzado a nuclearse en esta agrupación, ya notable, de varias centenas de ciudadanos comprometidos con la libertad política.

La aceptación sin reservas de la teoría pura de la democracia y de las declaraciones de principios, valores e ideales, junto con la concreción del problema político y su solución no ideológica, mediante la libertad política, además de la definición del MCRC como acción colectiva de legitimación civil de los poderes del Estado, ha dado a esta agrupación un patrimonio teórico, y una orientación practica para su acción en la sociedad civil, que no tienen antecedentes en la historia de las organizaciones políticas europeas. Su originalidad de pensamiento y acción es indiscutible.

Estos datos objetivos ponen de relieve la desproporción existente entre, de un lado, el escaso resultado cuantitativo obtenido, del que soy responsable por mi inexperiencia en este medio, y de otro lado, la calidad óptima de la cristalización de esta voluntad de revolucionar las normas constitucionales, la inmoralidad política y los hábitos sociales que mantienen la servidumbre voluntaria de la Sociedad Civil en el actual Estado de Partidos.

En consecuencia, a partir de ahora deben de multiplicarse los esfuerzos y las iniciativas individuales para conseguir que los visitantes lleguen a la cifra de mil por día, antes del 31 de enero de 2007, y pueda convocarse, a partir de esa fecha, la reunión en Madrid de la Asamblea fundadora del MCRC. En el segundo cuatrimestre debe darse prioridad a la incorporación del mayor número posible de ciudadanos que, siendo decentes y aprobando los fines de este Movimiento, creen erróneamente que no tienen suficiente preparación cultural para estar en él y participar en sus debates, cuando lo más admirable en política es la sencillez de la opinión.

Sin olvidar nunca que la fuerza social necesaria para desarrollar la acción liberadora de la servidumbre, no la constituye la simple suma de individuos con buenas intenciones, sino solamente la de aquellos que son plenamente conscientes de que a la libertad política no se llega con reformas benévolas de esta Monarquía, sino con la conquista pacifica de la democracia y la desnacionalización de las Autonomías, en una República Constitucional.

En la evolución de la Naturaleza, la función no crea el órgano. Surgido por azar, si éste se adapta a una función que mejora la especie, se convierte en organismo necesario. En la evolución de la Cultura, la acción humana crea órganos adecuados a las funciones vitales de un grupo social. Y si éstos son idóneos, prosperan transformándose en organizaciones. A diferencia de los organismos, éstas subordinan poco a poco la finalidad de su función social, hasta convertirse en fines de sí mismas. Es la dramática historia del Estado y los Partidos Políticos. Es la tragedia actual de los partidos estatales.

La ciencia política distinguió después de la guerra del 14, los partidos de representación y los partidos de integración. Los primeros se dotaban de una organización limitada a la coordinación de comités locales, en consonancia con el sistema electoral por mayoría de distrito. Los segundos se dotaron de burocracias jerarquizadas y obedientes a las consignas de acción extraparlamentaria dictadas por líderes carismáticos, para la conquista del Estado. Los partidos de integración de masas respondieron a la ideología comunista o socialista de la clase obrera, o a la ideología nacional contra el dominio de esa clase.

Tanto la revolución obrera como la reacción nacionalista fundaron el Estado totalitario de partido único. Ésta tuvo que ser aniquilada con la guerra mundial; aquélla, con la guerra fría. Pero el modelo de partidos de integración de masas, sustituyendo al de representación, se incorporó a la propia estructura de los Estados europeos de la postguerra, salvo en el Reino Unido, dando lugar a la actual degeneración de la cosa pública en el Estado de Partidos.

Esta fusión artificial de autoridades de distinta naturaleza, este expediente autoritario para la guerra fría, niega la libertad política de la sociedad, única fuente de legitimación de los partidos, y humilla la capacidad de las distintas fuerzas sociales para desarrollarse, sin la corrompida y costosa tutela del Estado. En consecuencia, carecen de legitimidad democrática tanto los poderes estatales no separados, como los partidos que se los reparten por cuotas, mediante el sistema proporcional.

El Estado de Partidos, y la Sociedad del como si existiera democracia, han motivado el nacimiento de un “Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional“, para legitimar a los partidos, civilizándolos en la sociedad civil; legitimar a los poderes del Estado, separándolos con elecciones independientes; legitimar las Autonomías, derogando los Estatutos discriminatorios y transfiriendo a los Ayuntamientos las competencias y recursos susceptibles de municipalización.

La organización de este Movimiento no imita el modelo de los partidos de representación, pues no aspira a ser votado en elecciones, ni el modelo de los partidos de integración, pues no pretende conquistar el Estado ni encarnarse en alguno de sus poderes. La coherencia entre medios y fines, le obliga a organizarse como movimiento de legitimación civil de los poderes del Estado, de las Autonomías y de los Partidos políticos.

A causa de esta acción legitimadora, no pueden definirlo mandatos de representación que no tiene ni pide. Imbuido de ideales no ideológicos, solamente lo tipifica su eminente acción representativa de la necesidad de liberación de la sociedad civil, respecto de su actual servidumbre voluntaria ante el Estado de Partidos y las Autonomías nacionalistas.

El MCRC quiere resolver definitivamente el problema político de España, mediante la libertad constituyente de la democracia formal, sin inmiscuirse en los conflictos sociales. En consecuencia, se organizará en el seno de la sociedad civil, para que su acción alcance la máxima eficacia en los momentos y lugares donde se reproduce la servidumbre voluntaria.

El Ayuntamiento de Bellpuig, cuyo Alcalde es diputado del Parlamento de Cataluña, otorga un premio, institucionalizado con el nombre “Niebla“ (Boira), que revela a la perfección la ideología del nacionalismo catalán gobernante. Pero el premio ni se otorga ni se concede. Se arroja a quien destaque por actitudes de omisión que afecten negativamente a la identidad catalana. Este año, ese premio descalabrador ha herido la cabeza artística de Albert Boadella, “por declarar que el nacionalismo catalán es incompatible con la democracia“.

El nacionalismo gobernante en Cataluña declara la guerra de la infamia no solo a la libertad de expresión de opiniones, y a las posiciones políticas no nacionalistas, sino incluso a los que toman actitudes de omisión que afecten negativamente a la identidad catalana. Dado que este “Movimiento de Ciudadanos hacia la Republica Constitucional“ ha decidido omitir la expresión de ideologías, y su postura política indica una actitud contraria a la ideología nacionalista allí donde se manifieste en el Estado, pido al Sr. Boadella que tenga la generosidad de compartir su herida con nosotros.

No se lo pedimos por solidaridad con su declaración ni para compartir el masoquismo de la impotencia. Lo hacemos porque solo nosotros tenemos el bálsamo que cura las heridas causadas por el nacionalismo y el escudo político que protegerá a toda la sociedad española, y no solo a la catalana, de sus lapidaciones futuras. Porque usted, Sr. Boadella, no tiene conocimientos de medicina general para diagnosticar la naturaleza del mal ni la del paciente social. Esta cariñosa apreciación se desprende de su valerosa carta de contestación al infamante Alcalde.

No es cierto, Sr. Boadella, que tal sujeto consistorial esté promoviendo “la degradación democrática“. No se puede degradar, disminuir o rebajar lo que no ha subido, con el peldaño de la existencia, al grado de la realidad. Y tampoco puede ser democrática la degradación personal de su buena fama, porque la infamia no ha salido de las urnas del pueblo, sino del partido oligárquico que detenta, sin legitimidad, el poder municipal.

Tampoco es prudente, ni sabio, su reproche al Alcalde de que se dedique a difamar en vez de fomentar la tolerancia. Ninguna persona de probada dignidad, como usted señor Boadella, puede cometer la indignidad de aconsejar al poder de otro que lo tolere. La tolerancia es un valor moral oligocrático incompatible con el valor político del respeto entre iguales. Es intolerable ser tolerado en lugar de respetado.

Por último, su noble dedicación al arte y su ingenuidad política le hacen creer que “afortunadamente, exceptuando el caso de Bellpuig, no hallaríamos en España un nivel semejante de vileza institucionalizada y promovida por dirigentes públicos“. ¿Cómo puede usted desconocer hasta tal punto la vileza que caracteriza a todas las instituciones oligárquicas en esta Monarquía y en toda España?

Su caso personal es una insignificancia social comparada con la sistemática corrupción de las instituciones y la continua degradación que padece toda la sociedad civil en el Estado de Partidos. Para acabar con la servidumbre voluntaria, la que pide tolerancia en lugar de respeto, el MCRC se está organizando, sobre la base teórica de la democracia formal, a fin de pasar pronto a la acción deslegitimadora del sistema de poder oligárquico y de las elecciones por listas de partido. En consecuencia, y aunque nuestra voz aun no sea potente, pediremos y promoveremos la abstención en las próximas elecciones catalanas.

Antes de que la experiencia lo confirme en la vida social, el descubrimiento de la solución de un problema produce efectos comprometedores en la mente y conducta de quienes lo descubren. El compromiso con la verdad se aferra a sus vidas con la lógica implacable de los conocimientos científicos. Viven pendientes del menor fallo en sus experimentos o comprobaciones históricas, hasta que la corroboración definitiva de la hipótesis incorpore el descubrimiento a la vivencia común. Y queden, al fin, liberados de su avasallador compromiso.

El descubrimiento de que el problema político, la liberación de la servidumbre voluntaria, lo resuelve con sencilla elegancia la democracia, en tanto que regla constitutiva del juego de los poderes estatales, produce efectos inmediatos en las conductas de quienes, ante el desvelamiento del enigma de la libertad política, se ven interiormente empujados a procurarla en la sociedad para ser libres con la libertad de todos. Sin este compromiso primario con la libertad, los compromisos ideológicos operan como ilusiones oníricas de la conciencia nacionalista o de clase, donde el cuerpo, con la luz de la verdad a sus espaldas, persigue con fe a su sombra alargada.

La sustitución de la razón por la fe separó a las ideologías del camino de la ciencia. Nacieron en el fragor del conflicto social para comunicar a cada parte la creencia en el triunfo final de su causa. Desgarradas por la historia, las ideologías aún ondean sus jirones descoloridos como banderas de partidos estatales sin causa civil. De ser concebidos como instrumentos de liberación, los partidos europeos se han convertido en fines de sí mismos. Permanecen en el Estado, con ignorancia o humillación de lo que, fuera de sus aparatos de poder, mantiene vivas las esperanzas de la sociedad civil. Ellos no pueden resolver el problema político, el de la liberación de la servidumbre voluntaria, porque ellos son los que la renuevan y refuerzan.

Y ahora, descubierta la naturaleza del problema y el modo de resolverlo con la democracia, la libertad política se encuentra en el estadio preliminar de la acción colectiva que ha de conquistarla y garantizarla. Porque no hay solución sin acción. Es más, tratándose del problema político, la acción está incorporada a la teoría que lo resuelve, y los factores personales que la inician ya no son subjetivos, pues conocen mas de lo que se puede expresar y la acción colectiva dará integridad práctica a la teoría. Hay en la sociedad un conocimiento tácito del problema político, que se hará expreso y operativo cuando su resolución se proponga como causa y fin de la acción. Esto sucede en todos los campos del conocimiento. Pues la verdad descubierta solo puede ser pensada creyendo en la acción que la realiza.

La clase de acción colectiva que impulsará, desarrollará, coordinará y dirigirá el “Movimiento Ciudadano hacia la Republica Constitucional“, viene dictada por la especificidad de sus fines y de sus medios. Dado que no la inspira creencia ideológica alguna, ni reivindicaciones sociales, no puede imitar las acciones de los partidos o de los sindicatos. No es en toda la sociedad civil donde ha de operar la acción liberadora de la servidumbre voluntaria, sino en los puntos neurálgicos y momentos cruciales donde ésta se renueva: elecciones, centros de enseñanza, conferencias doctrinarias del Estado de Partidos, encuestadores sociales y medios de comunicación. Se trata de una acción intelectual de carácter colectivo, para despertar las conciencias personales e integrar en ella a la parte laocrática de la sociedad civil, es decir, la más dinámica, abierta, decente, digna, inteligente, generosa y valiente.

Las modalidades de la acción no solo serán pacificas y civilizadas, sino coherentes con el fin político perseguido y adecuadas a la naturaleza del acto servil que denuncien. Lo cual obliga a dotar a este movimiento ciudadano de un tipo de organización original y flexible, basado en la confianza recíproca que inspira a sus miembros el hecho de saberse agrupados, por vez primera en la historia europea, no por razones ideológicas, ni de medro personal, sino para hacer operativa la solución del problema político de España, mediante la implantación de la democracia en las mentes y los corazones, antes de llevarla con alegría y seguridad a las Instituciones.

En el colegio, todos los niños distinguen entre un problema y un conflicto, entre resolver una ecuación y hacer las paces entre pandillas rivales, entre la satisfacción total que procura la solución racional de un problema y la inseguridad que late en todo arreglo voluntarioso de un conflicto. Saben que la buena razón, suya o del maestro, encuentra soluciones definitivas a todos los problemas de la ciencia bien planteados, mientras que la buena voluntad no basta para conciliar de modo duradero a dos bandos enfrentados por causas sentimentales o sociales.

Antes de la Revolución Francesa, los pueblos europeos tenían un problema político que resolver, encontrando la razón universal del mando y la obediencia. Pero a diferencia de la norteamericana, la francesa no tuvo sabios maestros que reconocieran y plantearan en sus propios términos el problema político. Los tenores de las facciones revolucionarias lo vieron, lo juzgaron y lo trataron como si fuera un conflicto social. Y naturalmente, la Gran Revolución terminó, como todos los conflictos, mediante una arreglo concordial de reparto, el que sustituyó la dictadura jacobina por la sinecura del Directorio. Y en ese bastardo arreglo estamos todavía, después de transcurridos doscientos diez años de irresponsabilidad política.

La concordia entre mandamases se transformó en reconciliación nacional, como si el problema no fuera político sino religioso, y el Estado de partido único se sustituyó por el de Partidos, como si la obediencia se legitimara por el hecho de turnar el mando entre varios. La primera causa del malestar cultural europeo, y la del peorestar español, consiste en que a nadie le satisface su modo de estar sujeto al Estado, cuando comprende que el problema del mando-obediencia no ha sido planteado, ni lógicamente resuelto, en dos siglos de confrontaciones sangrientas, causadas por la bárbara aplicación a la ciencia política de los métodos de componenda o superación propios de los conflictos sociales, es decir por las ideologías de clase o nacionalistas.

Si definimos el problema político veremos que la solución se desprende con evidencia, como en la ciencia, de la realidad de los datos que entran en la ecuación y de su correcto planteamiento. Se equivocan hombres tan inteligentes como Bertrand de Jouvenel cuando piensan que el problema político no tiene solución. Lo insoluble son los pseudo problemas creados por las ideologías, cuyas realizaciones fracasaron con demasiado estrépito.

La Revolución Francesa separó Estado y Sociedad, con el lógico desdoblamiento de la conciencia en dos lealtades, aparentemente incompatibles, que producía una conciencia política diferente de la conciencia social en la valoración de la libertad y de la justicia.

La inercia conservadora creyó que el nuevo conflicto se arreglaría con una vuelta a la situación anterior (Restauración). El anhelo de unidad pensó que el conflicto lo resolvería la ideología totalitaria, sea con un Estado conquistado por la reacción social (Fascismo-nazismo), sea con una sociedad conquistada por el Estado de la revolución inmediata o gradual (sovietismo-socialismo). La ideología liberal no le dio importancia a la separación de las dos conciencias porque creyó, con error, que la libertad de mercado las volvería a unir con un aburguesamiento general.

El final de la guerra fría puso al descubierto no solo la falsedad de todas las ideologías, sino que el problema político, la causa del malestar cultural, no lo causaba la natural separación de lo público y lo privado, sino la ausencia de control efectivo del Estado por la sociedad civil, lo cual convierte la relación mando-obediencia en servidumbre voluntaria.

Este problema político, como todos los problemas bien planteados, sí tiene una solución científica. Pues lo que causa el problema es precisamente la no separación de los poderes estatales y la no representación de la sociedad civil en el Estado de Partidos. La solución no ideológica del problema político es la democracia. Y solo los que no ven el problema rechazan esta sencilla y elegante solución de la ecuación política, que es la causa motriz del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional.

En toda ideología hay una falsedad descriptiva de la realidad social y una utópica concepción prescriptiva del mundo. La historia de las ideologías corre paralela a la historia política de los dos últimos siglos. Lo que a principios del XIX comenzó siendo, con los ideólogos franceses, un mero estudio de la formación psico-fisiológica de las ideas, lo convirtió Marx en la veladura o enmascaramiento de la realidad, mediante un conjunto de ideas y creencias que ocultaban la dominación burguesa de toda la sociedad, no solo a la clase obrera sino a la propia burguesía.

Las dos primeras ideologías, el socialismo utópico y el anarquismo, pretendieron salir del desdoblamiento revolucionario de la conciencia, en un mundo político separado del social (Revolución Francesa), mediante el retorno a una comunidad elemental o a la sociedad patronal de artesanos. Los economistas del mercado, abandonando la preocupación científica de los ideólogos, vincularon la conciencia individual a la visión del mundo desde la óptica de la riqueza de las naciones que producía la libertad. El liberalismo, no la dictadura en el Estado, era la nueva ideología que ocultaba la dictadura económica en el mercado, creando buena conciencia en la clase dominante y desgarro de la conciencia desdichada en las dominadas.

El problema insoluble del marxismo, el fracaso de la liberación o emancipación de la conciencia de clase (burguesa o proletaria), se debió a que la identificación del interés de la totalidad social con el de una de sus partes, también enmascaraba la realidad con una ideología, la socialista. Por ello, desde la izquierda filosófica se hizo la crítica de las ideologías, y desde la derecha se pregonó el fin de ellas. Crítica y pregón inoperantes porque donde hay oposición social de intereses vitales habrá ideologías que velen o enmascaren la realidad. No puede haber una derecha ni una izquierda conscientes de sí mismas. Ese cinismo requiere una inteligencia que no tienen los partidos políticos. Nuevas ideologías de consenso o de conflicto les impedirán ver sus respectivas parcialidades. Y la justicia mínima de Rawls (consenso para mejorar la parte social más indigente, contra el interés común de la inmensa mayoría) no deja de ser una quimera de inmemoriados.

A partir de las rebeliones del 68, el relativo bienestar social, el absoluto malestar político -en crecimiento constante desde el fin de la guerra fría-, el progreso tecnológico, la sociedad espectacular del como si, la globalización, el terrorismo y el pensamiento único, han sustituido las ideologías de partidos por la sistemática demagogia de lenguaje y de gobierno para cautivar a votantes serviles que los perpetúen en el poder. La única ideología que renace de sus cenizas fascistas es la del nacionalismo regional.

Ante esta situación de desesperanza cultural y política, se presentan como únicos ideales realizables, no susceptibles de ser enmascarados con ideologías de clase o nacionalistas:

1.La valoración de la ecología como ciencia de la que se deriva la preservación de los recursos humanos y naturales, en tanto que éstos son los componentes básicos de la riqueza de las Naciones.
2. La liberación de la servidumbre voluntaria, mediante la conquista pacífica de la libertad política, que sustituya la partitocracia por la democracia.
3. La superación del escepticismo cultural, mediante revaloraciones de inteligencias, meritos profesionales, investigaciones científicas, pulcritudes idiomáticas en la comunicación y recuperación de la estética de la belleza en los espacios públicos.
4. La confianza en la sociedad civil y la desconfianza en los poderes del Estado, mediante lealtades personales y societarias, ostracismo social de oportunismos y de economías especulativas, iniciativas empresariales basadas en el valor añadido y sustitución de la tolerancia por el respeto.

La realización de estos ideales, al afectar por igual a toda la sociedad civil y a todas las clases o categorías sociales, está excluida del ámbito de acción y pensamiento de los partidos estatales. Sería ridículamente vano esperar de ellos el menor signo de comprensión o de acercamiento a estos ideales. De ahí la necesidad histórica de que un amplísimo movimiento de ciudadanos conscientes, renunciando a convertirse en partido político, aglutine a todas las actitudes personales ante los gobiernos de partido estatal, para marchar en un bloque indiviso hacia la República Constitucional. Ese movimiento existe y ha comenzado a moverse. Es el MCRC.