La República Constitucional

El fenómeno es conocido en todos los ámbitos donde se manifiesta la vida de la cultura artística y la del pensamiento. Las causas que lo producen son complejas. Las de orden mercantil parecen haber sido las desencadenantes. Pero sin el concurso de las causas de orden político, el factor económico no habría conseguido transformar la cultura en mercadería, es decir, convertir la obra de arte en obra del arte de mercado, acomodar la literatura al gusto popular del mercado del libro, condicionar la reflexión y el modo del ensayo a las exigencias del mercado político.

Dotado de excepcional cultura literaria, Don Manuel García Viñó, ha realizado una investigación casi exhaustiva de las promociones que realiza el grupo editor del periódico El País, para abastecer el mercado de libros de ficción y los asientos en los sillones de la Real Academia de la Lengua. Los resultados los ha publicado en un libro que acaba de publicarse con el título “El País, La cultura como negocio“.

Se trata de un libro único en su género. Su autor me concedió el privilegio de prologarlo, con unas pinceladas sobre la teoría de la novela, y unas improvisadas reflexiones sobre las causas de que la teoría política no haya creado en España, desde el siglo XVIII, nada que mereciera ser incorporado al pensamiento universal.

Aunque pueda parecer exagerado, la verdad es que el pensamiento español no ha participado en la creación o desarrollo de las ideas originales que acuñaron los conceptos de liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, sindicalismo, fascismo, representación, sistema electoral, partidos políticos, democracia, parlamentarismo, Nación, Estado, Sociedad, Monarquía. Republica, Dictadura, Estado de Partidos, Constitución, terrorismo, nacionalismo, autodeterminación, y todos los demás que se utilizan a diario en el mundo de la política sin conocer su significación.

Las consecuencias de esta incapacidad intelectual para deducir ideas universales a partir de los hechos locales, han sido funestas. Ninguna doctrina pueda ser trasplantada a suelo extranjero sin pasar por el filtro, también teórico, de la adaptación o recepción. Sin este filtro, y sin escuela de historia comparada, el derecho público y la teoría política ha sufrido, en España, los vaivenes de los acontecimientos foráneos que dieron lugar a las doctrinas francesas y alemanas sobre Estado y Constitución. Lo cual explica la disparatada recepción de lo extranjero y el desconcierto en materias, como la Autonomía, donde no había modelo ajeno que copiar.

ETA no tiene necesidad de mentir. Sus acciones de terror han sido las palabras de contundencia que dicta la muerte. Y su último comunicado conminatorio tiene la contundencia de la verdad que dicta el verdugo con el hacha levantada. Si Zapatero no cumple el compromiso contraído como condición del anuncio de la tregua, ETA recuperará la libertad de acción que ha suspendido, en consideración a las expectativas electorales que la paz daría al PSOE, como paso previo al reconocimiento gubernamental del derecho de autodeterminación para el País Vasco y Navarra.

La mayoría de los criminales de profesión, y esto se sabe desde Beccaría, ignoran el valor de las normas del mundo social que los expulsa de su seno. En esta supuesta ignorancia se fundamenta la política de punición para la reinserción social. Pero esta ingenuidad no la tiene el terrorismo político. Y ETA tiene conciencia de la debilidad, verdadero complejo de culpabilidad, de todo lo español que la Transición heredó de la dictadura españolísima.

La importancia que ETA se da a sí misma, como parte en una negociación entre dos iguales, no es fruto de su fantasía. Contra lo que pueda parecer, su firmeza pre-negociadora no se basa tan solo, ni principalmente, en el cementerio que la respalda, sino sobre todo en la promesa de los protagonistas de la Transición, medios de comunicación incluidos, de que en un escenario de paz nada objetarían a una secesión vasca salida de las urnas. El terror ha entrado, por fin, en la estrategia normal de la política en esta Monarquía de Partidos.

Como la estrategia del PSOE (aliarse de modo permanente con los nacionalismos periféricos para hacer imposible el retorno del PP al gobierno central) parece fundarse en su ambición de retener para siempre el poder del Estado, conviene recordar que la propensión al reconocimiento de la autodeterminación vasca no la padece en exclusiva la cultura sedicente de izquierdas (”El País”, PSOE, IU), sino la mismísima cultura tradicional del liberalismo (”El Mundo”) y del españolismo (PP).

En la Monarquía, en la sinarquía del Estado de Partidos, en todo lo que ha prosperado con la Transición, no hay un solo elemento sano. Si se duda de la exactitud de mi afirmación, si alguien cree que la voluntad de rechazar la autodeterminación es inquebrantable en la derecha, que lea el artículo “Los Liberalísimos” (28 de mayo 2001, La Razón), en la Antología de este blog. Allí denuncié a Aznar, Rajoy, Pedro J. Ramírez y Cebrián, por manifestar que, en un escenario de paz, no se opondrían a la secesión vasca.

El Gobierno de Cataluña, la Generalitat ocupada por la pequeña burguesía nacionalista, y regentada por el capital financiero del ahorro catalán, ha sido derribado de su pedestal autonómico por el único factor, popular y predemocrático, que tiene la potestad de deslegitimar a la corrupta oligarquía del Estado de Partidos. La abstención.

Una masa de preciudadanos catalanes, sin dirección política, ha convergido por motivos diferentes en la indeferencia por el nuevo Estatut que legaliza la discriminación nacionalista en la Autonomía de Cataluña. Los movimientos populares que manifiestan rebeldía o desprecio de la mayoría de los gobernados por el sistema que los gobierna, tienen el poder de derrocar a los gobiernos, pero no el de sustituirlos por otros. Esto ocurrió en la rebelión del mayo francés del 68. Esto ha ocurrido con el desprecio catalán a las ínfulas de su nacionalismo pequeñoburgués.

No hay democracia si los gobernados carecen de la facultad de nombrar y de deponer a sus gobiernos (Popper). Esta facultad se la reservaron en exclusiva los partidos que se hicieron estatales con la Constitución de la Monarquía. El Sr. Zapatero propicia el cambio de Maragall por Montilla, el de la tradición catalanista por el de la progresía inmigrante. Ese es el ámbito y el alcance a los que se contrae el quimérico autogobierno de Cataluña. El autogobierno de un partido estatal federado consigo mismo.

Si el partido de Ezquerra Republicana fuera de izquierdas y republicano, no habría participado en el gobierno de la Autonomía Monárquica, y en lugar de decir no al Estatut por resentimiento de su propia frustración nacionalista, habría podido protagonizar la abstención y condicionar de manera decisiva el porvenir de las instituciones catalanas. Pero todos los oportunismos son miopes. La impaciencia de la ambición desconoce la inteligencia del egoísmo a largo plazo.

Esperemos que, como dijo Homero, los idiotas se instruyan con el acontecimiento. Aquí defendí la abstención contra los que proponían el no o el voto en blanco, sin ser conscientes de que con ello aumentaban la legitimidad del sistema. El Movimiento Ciudadano por la República Constitucional promoverá, contra la Monarquía de Partidos, la sistemática abstención de la madurez cívica en todas las convocatorias a las urnas, y la participación del inconformismo cultural y político en todas las rebeliones pacíficas de la juventud. A partir de ahora, la abstención y la rebelión, sublimadas en revolución pacifica orientada a un solo fin político, tendrán potencia no solo para destituir sino para instituir gobiernos.

El Presidente de la Generalitat, Sr. Maragall, no es precisamente Honorable por su cultura. La noche de su derrota anunció que la rotunda victoria en el Referéndum daba plena legalidad y legitimidad al Estatut, aunque reconoció que había nacido con insuficiente autoridad moral. Habrá que explicarle a este producto humano de la autonomía cultural de Cataluña, que los conceptos de legitimidad y autoridad moral tienen el mismo significado cuando se aplican a las instituciones políticas.

La falta de autoridad moral de las instituciones es cosa distinta del desprestigio social que conquistan por sí mismas, con su corrompido o ineficaz funcionamiento. Por ejemplo, la clase política y la judicatura de la Monarquía ocupan el último rango de los prestigios sociales, pero son legales y legítimas. Los hombres que dirigen esas instituciones no son prestigiosos, pero tienen las habilidades denotadas con el significado original de la palabra prestigio, es decir, son prestidigitadores. Conocen el juego de manos del poder y de la corrupción. Saben lo que es nombrar y dar a dedo. Y su juego lo desarrollan con fruición, bajo el armiño de protección ambiental que les presta la Corona.

La legitimidad pertenece a otro orden de ideas. Se tiene, o no se tiene, desde que nacen las personas o las instituciones, según los criterios de moralidad social preponderantes en cada tipo de orden político. La legitimidad tradicional hacía ilegítimos a los bastardos comunes y legítimos a los Reales. La legitimidad democrática solo la otorga el modo libre y mayoritario de nacer. Como la Monarquía de Partidos no pertenece al orden tradicional ni al democrático, ha tenido que basarse en el mismo tipo de legitimidad que las dictaduras. Son legitimas si duran.

Pero el orden oligárquico del equilibrio entre Partidos Estatales solo se estabiliza con la duración del prestigio-prestidigitador de un Monarca que firme con la mano derecha lo que esconde la campechanía de su mano izquierda. Y como pasa en los juegos de manos, una vez descubierto el truco desaparece al instante toda la magia. Este es el secreto de que de repente se haya hundido, con la ilegitimidad del Estatut (un cambio en las reglas de juego del poder es aprobado por tan solo el 36 % del censo), la legitimidad de la Monarquía de Juan Carlos. Y la hipocresía del establecimiento quiere que tan solo se ahogue el heredero.

La fiebre republicana de que hablaba el debate televisado, o como dice la gentil escritora de El Mundo, la tendencia republicana que ha observado en todas las cenas a las que acude y que ella misma siente de modo tan instintivo como su heterosexualidad, es el malestar que produce el desencanto de ver el truco de la prestidigitación o de descubrir los niños a los Reyes Magos. La tendencia republicana es la primera llamada social al juego limpio. La segunda será la del Movimiento Ciudadano por la Republica Constitucional. única forma de Estado que garantiza, con la democracia y la unidad de España, la limpieza política.

Este domingo una mayoría de catalanes estatuirá en Cataluña su añorado “estament” histórico, su particular modo de estar en España sin sentirse parte de la misma, su regreso triunfal a la catalanidad que se llamó nación, como los demás cuarteles peninsulares de los Tercios de Flandes.

Con la aprobación del Estatut, diferenciador hacia fuera y discriminador hacia dentro, el nacionalismo catalán da un paso de gigante al pasado, arrastrando consigo la pesada carga de los que se sienten españoles, o simplemente catalanes sin ambición de Estado propio. Solo los alarmistas ignorantes de lo que sucede en Cataluña, y los republicanos no financiados por la Monarquía de los Partidos, ven riesgos secesionistas en un Estatut que expresa, sin embargo, la indeclinable voluntad de los partidos catalanistas de mantener Cataluña unida al Estado español, en condiciones de igualdad, gracias al vínculo inquebrantable creado por el común e irreversible sentimiento monárquico y el juramento de lealtad a la Corona de Juan Carlos I. ¡¡Menudo vínculo!!

Ningún votante tiene derecho a perturbar con votos en blanco o votos nulos la gran fiesta del nacionalismo catalán. Allá con su mala conciencia monárquica, los afiliados y simpatizantes del partido estatal Ezquerra Republicana (financiado por la Monarquía) y los del Partido Popular que votarán no a la confianza puesta por los Estatutarios en el Rey Juan Carlos. ¡¡Menuda desconfianza de la derecha en la monarquía!!

Los republicanos, los que no estamos integrados ni favorecidos por la Monarquía, respetamos las fiestas ajenas. Y por propia dignidad no nos acercamos a esas míticas urnas de donde salen misteriosos sentimientos medievales, que lamentamos no sentir como europeos del siglo XXI y que, al parecer de los nacionalistas de país (no queremos decir payeses), siguen siendo los mismos que los de los Tercios de Flandes. Aprovechamos esta ocasión para manifestar la admiración republicana por un Estatut forjado con la autonomía cultural de Cataluña, pues, hasta este fruto de ciencia política, se creía que la cultura o bien era universal o bien folclórica. ¡¡Menuda cultura catalana!!

En nombre del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional (MCRC), me dirijo a los numerosos visitantes catalanes de este blog para pedirles que no se abstengan de votar por su propia dignidad, sino por la de Cataluña. La abstención republicana, consciente de su finalidad, expresa una doble voluntad política: no interferir en los asuntos internos de la administración monárquica, y reservar los derechos ciudadanos para instaurar, con ellos, la República Constitucional en la forma del Estado Español.

La Constitución de la Monarquía es tan absurda y demagógica que impone un imperativo democrático a organizaciones que por su propia naturaleza no pueden cumplir. Me refiero nada menos que a los únicos agentes de la acción política en el Estado de Partidos. El art. 6 de la CE, después de describir las funciones de los partidos políticos, en lugar de prescribirlas como sería lo adecuado a una norma constitucional, les impone una obligación de cumplimiento imposible: “su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Como en la prohibición del mandato imperativo, los “Padrinos de la Patria Monárquica” vuelven a ignorar otro de los postulados fundamentales de la ciencia política. En este caso, la naturaleza indefectiblemente oligárquica de todos los partidos de masas. Lo que sabe cualquier estudiante universitario sobre sociología de las organizaciones o historia de las ideas políticas, lo desconocían los doctos ignorantes que redactaron el texto constitucional. La ley de hierro (rocher de bronce), descubierta por Michels en 1911, dice así: “la organización es la madre del dominio de los partidos sobre sus electores”.

Esta ley sociológica fue enunciada cuando los partidos aun no habían reforzado la dominación oligárquica del aparato dirigente sobre la militancia, mediante el sistema proporcional, inventado por un telegrafista inglés para hacer posible las elecciones en un continente tan despoblado como Australia, con una sola circunscripción donde concurrieran en listas de partido personas desconocidas para los votantes. El criterio proporcional, impuesto en la Constitución de esta Monarquía de Partidos, ha convertido la ley sociológica de Michels (referente a la estructura) en la ley jurídica que somete la voluntad de la militancia a la del aparato funcionarial (funcionamiento) que hace las listas del partido.

Los partidos políticos modernos no son oligárquicos por degeneración, sino por naturaleza. Cuestión distinta es si unas organizaciones oligárquicas y burocráticas pueden querer, tomar o emprender las acciones que requiere la expresión de la libertad política en una democracia representativa. Y esto plantea el problema de la función de los partidos políticos en una República Constitucional. Un problema más fácil de resolver de lo que parece.

Si los partidos, aunque quieran serlo, no pueden ser democráticos, habrá que dignificarlos con estas tres medidas preventivas de la libertad política: 1. Sacarlos del Estado para evitar que éste se oligarquice políticamente. 2. No obligarlos a ser democráticos en la Constitución, para que ésta sea verídica. 3. Cambiar el sistema electoral de listas por el tradicional, para que el sistema de poder en el Estado sea representativo de la sociedad civil.

Las leyes promulgadas desde que entró en vigor la Constitución de esta Monarquía de Partidos, sin excepción alguna, son inconstitucionales. En consecuencia, todas ellas podrían ser declaradas nulas de pleno derecho si los que tienen la facultad de interponer el recurso de inconstitucionalidad (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, Cincuenta diputados, Cincuenta senadores, órgano ejecutivo o Asamblea de las Comunidades Autónomas) lo instaran ante el Tribunal Constitucional, y éste fuera una instancia independiente del poder político.

No es necesario ser jurista ni mero leguleyo para darse cuenta de este gravísimo hecho que, por sí solo, niega la pretenciosa propaganda de que estamos viviendo en un Estado de Derecho. Pues la Constitución prohíbe al poder legislativo que acuerde leyes por mandato imperativo a los diputados que las adoptan. Y ni una sola ley ha sido votada sin mandato imperativo de los aparatos de los partidos políticos a todos los diputados-votantes de sus respectivos grupos parlamentarios. La Constitución dura porque no se cumple en uno de sus principios fundamentales.

El peor defecto de una Constitución es que no sea realista, es decir que sus normas no puedan ser aplicadas, por ir contra costumbres de un valor normativo superior al de la Norma de las Normas. Esto sucede con la prohibición constitucional del mandato imperativo, cuyo origen, naturaleza y función no solo eran ignorados por los “Padrinos de la Patria”, sino también por todos los diputados elegidos por el sistema proporcional de listas de partido. Pues este sistema requiere, en su concepción y funcionamiento, el mandato imperativo a los diputados de lista.

La Constitución consagra la absoluta e insalvable contradicción de prohibir a diputados y senadores que estén ligados por mandato imperativo, y al mismo tiempo no permitir que las elecciones se hagan con criterios distintos al de la representación proporcional por listas de partido, es decir, de candidatos ligados al mandato imperativo de los jefes que hacen las listas. Esta brutalidad contra el derecho y la lógica del sentido común obedece desde luego a incultura de los “Padrinos”, pero mucho más a las órdenes que recibieron del secreto poder constituyente de la Monarquía.

Acostumbrados a la demagogia de la dictadura, los bárbaros autores del texto constitucional quisieron parecer liberales con un brindis romántico al recuerdo revolucionario de la prohibición del mandado imperativo. Pero para evitar veleidades a la libertad de elección, metieron de matute el sistema proporcional, obligando de este modo a los incautos electores a ratificar lo que otros deciden y eligen por ellos.

La antigua doctrina cortesana distinguía dos clases de monarcas. Los que lo eran por legitimidad de su origen dinástico y los que lo eran por legitimidad de ejercicio de su función coronada. Cuando cualquiera de esas dos legitimidades parecía dudosa, y la situación del Reino se hacía inestable, los legitimistas y los situacionistas las sumaban. Esto ha sucedido en España con Juan Carlos I a partir del 23F.

Su derecho a ocupar el trono ya no solo proviene de Franco, y de la renuncia forzada de su padre, sino sobre todo de la legitimidad carismática que le dio, ante un pueblo asustado, su providencial comparecencia en televisión para anunciar a los españoles que podrían dormir tranquilos tras el aborto que él mismo hizo de la sonada del coronel Tejero. En aquella madrugada murió el débil monarquismo y nació el poderoso “juancarlismo”. El problema de la Monarquía se trasladaba de este modo a la falta de legitimidad del heredero de un Rey carismático. Entonces escribí un artículo en “El Mundo”, reproducido en “ABC”, sosteniendo la tesis de que la Monarquía solo la podría legitimar el heredero si los españoles lo aceptaban como Rey.

Ningún historiador ha desenmascarado todavía tan oportunista mito, que convertía en héroe repentino, digno del premio Nobel de la Paz, a quien el día anterior no se le reconocían cualidades mentales o de carácter para imponer su voluntad a los que le impusieron una función decorativa en la Monarquía de Partidos. Nadie exigió explicaciones parlamentarias a la dimisión de Suárez, antecedente causal del 23F, pese a que la justificó en el peligro de un golpe militar. Ningún medio de comunicación se preocupó de investigar el absurdo de la explicación oficial. Y el nuevo Rey carismático continuó disfrutando de la Corona, sin el menor asomo de carisma ni de influencia en los acontecimientos que han conducido a la situación actual de España como Estado sin Nación propia, exclusiva de otras Naciones.

Ningún historiador ha explicado los hechos que denuncié en otro artículo publicado también en “El Mundo”, donde dije que el propio Rey se autoinculpó en el mensaje televisado, cuando reconoció haberle dicho al capitán general de la región valenciana, con los tanques en la calle, que después de su última conversación por teléfono con él ya no podía dar marcha atrás. Yo no conocía el dato de que a las tres de la mañana se había retirado de la agencia Efe el texto enviado a dicho general, donde se aclaraba el misterioso mensaje televisado.

Dos días después de la publicación de mi artículo, en la entrega del premio Pelayo a juristas de reconocido prestigio, un señor que yo no conocía me dijo: soy fulano, Vd. ha sido el único que ha dicho la verdad sobre el 23F, yo mismo ordené al capitán zutano que retirara el texto de la agencia Efe sin dejar rastro, y la entrevista del Rey con el General Alfonso Armada, que se presentó de improviso el día 11F abandonando su destino, solo pudo celebrarse cancelando la audiencia concedida a D. Alfonso de Borbón. Concertamos un encuentro posterior donde el Sr. Fulano, que aún vive, me confirmó todo lo que yo había intuido. Fue la opereta de Tejero, para impedir un Gobierno militar con participación socialista, la que hizo desistir al Rey y los tenientes generales de su gran Opera.

Los monarcas se adaptan bastante bien a la naturaleza de las monarquías posteriores a las revoluciones de la libertad en Europa. La más perfecta de las adaptaciones, la más fiel a la circunstancia política que los puso en el trono, la ha protagonizado Juan Carlos I. Conviene recordar todas las restauraciones o instauraciones monárquicas, para tener una perspectiva histórica desde la que juzgar con objetividad la conducta del Rey de España. Pues su silencio sobre el actual estado de la Nación española, produce escándalo en el pequeño sector monárquico, extrañeza en la mayor parte de los españoles, y confort a los partidos incrustados en el Estado.

En realidad, Juan Carlos no puede ser condenado por lo que no puede hacer sin traicionar su juramento a la Constitución. El hecho de que ya lo hiciera como Sucesor, respecto del juramento de fidelidad a los Principios del Movimiento después de Franco, no justifica la esperanza de que sea por dos veces perjuro. Sería cruel, por no decir impío, exigir o esperar un acto de inteligencia o voluntad autónomas en un espíritu educado bajo el dogma de obedecer las órdenes de quien tenga el poder de dárselas.

Obedeció a su padre cuando éste tenía el poder de la sucesión dinástica. Hasta que le exigió que no obedeciera al dictador. Entonces lo traicionó, no por deslealtad familiar, sino porque el poder al que debía de obedecer, para ser Rey, no lo tenía Don Juan, sino Franco. Nadie como yo ha vivido tan de cerca aquel drama íntimo. A la muerte del dictador, el poder para consagrarlo Rey pasó a una sinarquía de traidores al franquismo y a la democracia. Por fidelidad al espíritu de obediencia infantil, donde forjó su falta de personalidad y de carácter, Juan Carlos perjuró, sin renegar de su adhesión a Franco, y juró fidelidad a un nuevo poder, que le ordenaba silencio, con buena vida, en la Constitución de una Monarquía de Partidos.

El Rey de España, salvo renunciar al trono, inimaginable en su engranaje oportunista, no tiene capacidad para actuar contra las órdenes de unos Partidos que no solo hicieron la Constitución a la medida de sus frívolas ambiciones, sino que son los únicos que pueden interpretarla y reformarla. El Rey firmará el Statut y todo lo que le ponga a la firma la sinarquía del poder estatal. Su conducta es incluso más coherente que la del fundador de la actual dinastía británica. Pues Jorge I, sin hablar inglés, tuvo que ponerse en manos de la corrupción de Walpole, mientras que Juan Carlos no ha tenido que sufrir ese trance. Venía de la corrupción del poder franquista y convivió la corrupción felipista. Su conciencia inocente la crea el hecho de que el mundo de la corrupción moral es el único que ha conocido.

La tarea de preparar la futura conquista de la libertad no permite dejar en suspenso la percepción crítica del presente. El correcto análisis de lo que está sucediendo, con la miope visión del Gobierno y la oposición, es un elemento primordial para la orientación de este movimiento ciudadano. Pues la unidad nacional es condición �??sine qua non�?� de la libertad política.

El debate sobre el Estado de la Nación, o sea, sobre el Estado de España, ha sido sustituido por una infantil refriega de �??autobombos�?� (como si se opositara a una cátedra universitaria), sobre el Estado de los Partidos constituyentes de la partitocracia monárquica. Cualquier tribunal objetivo calificaría a los dos candidatos de tramposos, por eludir el tema de ETA, y los suspendería sin misericordia por su incompetencia, compartida en anteriores consensos, sobre inmigración y seguridad ciudadana.

El tema del diálogo con Batasuna revela cual es la verdadera causa de la angustia existencial de España bajo este Estado de Partidos. Rajoy pone pies contra pared y rompe la baraja del juego con Zapatero. Su pretexto formal, la imposibilidad jurídica de dialogar con una organización ilegal, parece sincero pero no lo es. Pues admite que el Gobierno dialogue con ETA, una organización que, por lo visto, sí le parece legal. La causa real de esta disputa, sin sentido político, es otra cuestión puramente partidista, que los partidos y los medios de comunicación ocultan maliciosamente.

El PNV aceptó no intervenir en la negociación del Gobierno con ETA, por la promesa de Zapatero de excluir como interlocutor a Batasuna, para no dignificar al partido ilegal que le quitaría al nacionalismo burgués los votos de la izquierda abertzale, en un escenario sin violencia. Este pacto contó con la aprobación, comprensible por demás, del partido representativo del nacionalismo español. El asunto Batasuna fue sacrificado a la negociación directa del Estado con el terror separatista, porque era decisivo para que la derecha vasca y la española lograran la hegemonía política en un clima electoral sin terrorismo. El enfoque del final de ETA se subordinó a una pura estrategia electoralista de la derecha y la izquierda convencionales.

El iluso Zapatero tardó en darse cuenta de su error. El interlocutor viable, sin demasiada estridencia, no era la banda armada, sino su representante político, Batasuna. La rectificación del gobierno no solo se lleva por delante la independencia judicial, sino la posibilidad de que el PP, y tal vez el PNV, apoyen su nueva estrategia partidista. El PSV está tan interesado como Batasuna y ETA en acabar con la hegemonía del PNV. Zapatero no cumple lo prometido por inconsciencia: tratar con ETA y no con Batasuna.