LA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL

Para que existiera verdadera opinión pública se necesitaría, en primer lugar, que tuviera la naturaleza de las opiniones, no la de simples creencias, y en segundo lugar, que fuera la opinión del público, no la difundida por opiniones privadas en el público. Esas condiciones hacen extremadamente difícil que pueda existir auténtica opinión pública. La que pasa por tal es la opinión hegemónica de la información dominante, repetida como un eco sin fin por la desinformación dominada.

La opinión pública nació durante la Ilustración como difusión en el público de opiniones de los grandes escritores, para la reforma del sistema político. Durante la Gran Revolución, las asociaciones de ciudadanos en numerosos clubs de debate crearon la opinión pública. Fenómeno al que puso fin la dictadura del terror jacobino. Desde entonces, y salvo en momentos de excepcional atención popular a la cuestión política, el poder creciente de medios informativos y encuestas sociológicas ha sustituido la opinión del público por la difusión, en el público, de creencias ideológicas de intereses particulares, sobre todo lo divino y humano que pueda ser convertido en mercadería política para el consumo de masas pasivas.

El mecanismo de formación de las opiniones públicas me recuerda lo que Nietzsche escribió, en �??Mas allá del bien y del mal�?�, para ridiculizar los hallazgos de los lingÌistas. Supongamos, decía, que alguien esconde algo bajo una piedra en un monte. Se pasa luego la vida buscándolo. Y cuando lo encuentra, grita ¡Eureka�?�.

Lo que la gente cree que es su opinión, ha sido fabricado en centros lejanos de creación de ideas para la propaganda de los poderes establecidos. Generalmente, en fundaciones culturales, institutos de sociología y departamentos universitarios de EEUU. Su entrenamiento durante la guerra fría fue intensivo y sistemático. A semejanza de las campañas de promoción de un producto comercial, precedidas de un proceso de creación publicitaria, las mercaderías políticas llegan al consumidor adaptadas a cada país por sus propios medios de comunicación.

Las agencias internacionales las lanzan. Los medios las intelectualizan en editoriales. Los lectores las hacen suyas, creyendo que son las que pensaban. Las encuestas preguntan en el sentido esperado de las respuestas. Los partidos hacen sus programas con los sondeos. Las elecciones ponen jerarquía en las opiniones. Y la hegemónica, la del partido vencedor, grita ¡Eureka¡ Esto es, en realidad, lo políticamente correcto.

El malestar de la cultura actual lo padecen con mayor agudeza quienes no se resignan a vivir una vida colectiva fundada en la permanente negación de las obviedades, en el rechazo del sentido común como facultad de entendimiento de las acciones públicas y de las valoraciones sociales. Se da crédito a lo absurdo y se le niega a lo razonable. Se admira lo despreciable y se desprecia lo admirable. Se hacen rápidos movimientos, con dos dedos de las manos a la altura de las orejas, para dar a entender que las palabras han de usarse entre comillas para que se comprendan. El lenguaje común no comunica ya razones ni sentimientos. Los escritores no leen. Los lectores escriben. Lo bochornoso ocupa el mundo de la imagen.

La vulgaridad y la sinrazón dominan, sin producir extrañeza, el panorama cultural que nos legaron los totalitarismos del siglo XX y el maniqueísmo de la guerra fría. Desde la moral de las costumbres a la ética de las acciones, desde el ámbito familiar al del Estado, desde las manifestaciones del arte a las planificaciones de la enseñanza y la investigación, desde el campo de la producción-consumo al del deporte, todo parece organizado para excluir de las sociedades europeas en general, y de la española en particular, la maravillosa función social del sentido común. Tal vez la facultad humana que más tarde emergió en la evolución de la especie.

El sentido común no es, sin embargo, suficiente. Si no lo acompaña algún principio racional o moral, cada individuo puede reclamar su derecho a la exclusiva. Pero sucede que esa facultad de la sensibilidad y entendimiento comunes adquiere, con el principio universal que la acompañe, una función ideológica, que varía según sea el grado de racionalidad y moralidad de las sociedades. El sentido común fue conservador en la filosofía popular de Federico II; ilustrado en la filosofía escocesa del XVIII; revolucionario, en la filosofia independentista de las colonias británicas (Paine, Gandhi).

Conociendo la facilidad de los españoles para cambiar sus costumbres y sus valores al vaivén de los acontecimientos políticos, solo una gran conmoción nacional les hará retornar al sentido común, con la catarsis de la libertad política. En esta Monarquía de Partidos y de Nacionalidades, de Corrupción y de Consenso, no son los intereses de clase, ni los de poder nacionalista, los que tienen potencia reformadora del sistema político oligárquico. Es la revolución del sentido común, la que ha comenzado a ver, antes y mejor que cualquier analista, el desmoronamiento de España, la que puede evitar la consumación del desastre, dando al Estado, de modo pacífico y razonable, la forma Constitucional de la III República.

Para transformar esta partitocracia en democracia hay que eliminar los artificios que dieron a los partidos, con su monopolio de la acción política, la administración permanente del Estado. El primer artificio prohibió elegir las representaciones por un método distinto del sistema proporcional de listas. Los partidos se aseguraron así no solo la exclusiva del Parlamento, sino una cuota en los poderes del Estado. El elector no elige diputados. Vota a uno de los partidos estatales, para que de las urnas salga la cuota que le debe corresponder en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial y en los consejos de administración de las empresas estatales.

El propio sistema hace superfluo el Parlamento. Bastaría una reunión de todos los jefes de partido en el despacho del Presidente del Gobierno, para acordar por consenso, o por cuotas, la legislatura, la jefatura de los jueces que han de aplicarla y los administradores de las empresas públicas. Se evitaría así no solo el gasto del presupuesto parlamentario, sino el ilegal espectáculo de una Cámara que, sin deliberar, se limita a registrar el voto imperativo (prohibido en la Constitución) dictado por cada jefe de partido.

Además, el artificio electoral ha privilegiado el voto en Cataluña, País Vasco y Galicia, donde los votantes obtienen más escaños de los que le corresponderían aritméticamente, si se computaran del mismo modo que en el resto de España. Esto ha causado el crecimiento de los nacionalismos y la presencia parlamentaria de los pequeños partidos separatistas. Los muñidores de la Transición sufren hoy las volteretas y revueltas del artefacto que pusieron en marcha como aprendices de brujo.

Las elecciones en una democracia representativa, bajo el sistema de candidaturas uninominales elegidas por mayoría absoluta, a doble vuelta y en circunscripciones pequeñas, deben cumplir los siguientes principios: 1. Similar numero de electores en cada circunscripción. 2. Similar número de votos para ser elegido diputado. 3. Mandato imperativo del electorado. 4. Revocabilidad de la diputación en caso de deslealtad al mandato.

Los dos primeros son evidentes. Los otros fueron destruidos por Burke y SieyÚs. Y nadie los ha vuelto a legitimar, pese a su congruencia con la naturaleza del mandato representativo. Además, han desaparecido por completo las circunstancias objetivas e ideológicas que convirtieron a meros diputados locales en representantes de la Nación. De puras conveniencias tácticas, la Gran Revolución hizo axiomas. Ya es hora de devolver el sentido común a los principios originales de la democracia.

Donde hay conflicto social no puede haber consenso. Una sociedad sin conflicto solo es imaginable en la utopía. Ni la sociedad burguesa de Hegel puso fin a la historia, ni la disolución del comunismo de Estado, tampoco. Sin conflicto de clase o de categorías sociales se acabaría el principal motor del progreso. El consenso es un concepto medieval y religioso que resucitó el 9 de Termidor, como antídoto al miedo del Terror, para repartir el poder entre una nueva clase política, llamada entonces de �??los perpetuos�?�.

Tras la muerte de Franco, como sucedió con la de Robespierre, el miedo a la libertad aglutinó las ambiciones de represores y reprimidos en un consenso, donde nadie ganaba todo ni perdía todo. De ese miedo y de ese reparto nacieron la ley Electoral por el sistema de listas, y la Constitución de la Monarquía por una oligarquía de partidos sindicados en el Estado, como en el Directorio de los perpetuos. Si se aplica a la política la teoría de los juegos, lo que ganan todos los partidos lo pierde el pueblo.

Se ha querido justificar el consenso político, desconocido en el mundo anglosajón, con una razón teórica. El consenso es el moderno hallazgo del bien común, de la voluntad general, de la razón ilustrada o del interés común, que ni un solo pensador en la historia de las ideas pudo concretar. Esos conceptos metafísicos sólo se hacen inteligibles cuando coinciden con el interés, el credo o la razón de la mayoría (utilitarismo). Es decir, no puede haber consenso en la democracia política.

Derrotados en la teoría, los consensualistas se aferran a una razón práctica. En los grandes asuntos de Estado, los partidos no deben ser partidistas. Pero todos los asuntos de Gobierno son asuntos de Estado. Se pone como ejemplo de grandeza la política internacional y el terrorismo. ¿Quiere decir esto que, por ser la visión internacional del Gobierno, todos los partidos debían apoyar el pacto bélico de las Azores? ¿Quiere esto decir que, por ser la del Gobierno, no debe de haber otra concepción, otra estrategia, otra táctica contra el terrorismo que la del partido gobernante?

El consenso no es más que ideología conservadora, favorable a los gobiernos en plaza, para que ni siquiera haya simulacro de oposición parlamentaria. El consenso es el silbido del solitario que ahuyenta el miedo a peligros imaginarios. A la cobardía se une la falta de inteligencia perceptiva de la realidad. Solo la incompetencia pide ser consensuada.

La cultura europea no ha separado con distinción los conceptos de democracia política y democracia social. El hecho de que la palabra democracia designe, entre nosotros, tanto la forma de gobierno causada por la libertad política, como el grado de igualdad real en los miembros de una misma comunidad, es fuente de continuos malentendidos, no solo en la discusión política entre partidos, sino incluso en la enseñanza universitaria y en el lenguaje académico. La igualdad de derechos y de oportunidades son requisitos de la democracia política. Mientras que la igualación en salarios, sanidad, educación y demás servicios públicos, lo que se llama Estado de bienestar, es una exigencia de la democracia social.

Prescindiendo, por ahora, del origen revolucionario (1793) de esta equiparación terminológica entre una regla formal para el juego político, y un criterio de justicia para la distribución social de la riqueza, lo que importa saber es que la regla constituye el juego antes de comenzar la competición, mientras que el criterio de justicia social, el acercamiento a la democracia material, depende de la ideología de los vencedores en el juego.

Las presupuestos de la democracia formal son: 1º) todos pueden participar en el juego en condiciones de igualdad; 2º) el juego se desarrolla en el campo de la sociedad política; 3º) las decisiones se toman por votación de mayorías y minorías. Las reglas son: representación de la Sociedad y separación de poderes en el Estado. La dictadura eliminó la competencia por el poder, o sea, la libertad política. La Transición, por miedo a esta clase de libertad, redujo el juego a una competición entre partidos políticamente correctos (contra el presupuesto 1º), integrados en el Estado (contra el 2º) y en un consenso (contra el 3ª). Por miedo al control de los electores, adoptó el sistema proporcional de listas. Y por miedo al control de la corrupción, no separó los poderes del Estado.

Sin libertad política, sin sociedad política intermedia entre la sociedad civil y el Estado, los partidos pasaron desde la clandestinidad al Estado, eludiendo la democracia formal y apoyándose en la demagogia de las libertades personales antes reprimidas. En tanto que elementos estatales, sindicados en una oligarquía de poder, los partidos dejaron huérfana de representación política a la sociedad. Y ante la crisis de un Estado que no puede defenderla, no tiene a quien dirigirse para evitar la ruptura de su comunidad nacional. Polybio diagnosticó la salida de las transiciones: las dictaduras degeneran en oligarquías, y éstas, en democracias.

La palabra república produce sentimientos encontrados. Uno de ellos, conforta la inteligencia de todos a causa de la racionalidad de la fórmula. Otro, asociado a la memoria colectiva, repugna a la voluntad de muchos. En cambio, la palabra democracia tiene tanta acogida que apenas se encontrará quien no la desee para su país. La cuestión está en que no se desea lo que se cree ya tener o se desconoce. Los pueblos se creen indefectiblemente lo que les dice la propaganda del Estado: ayer, que vivían la democracia orgánica de la dictadura; hoy, la democracia europea de las oligarquías de partidos. Y la República Constitucional no se conoce.

No es tarea simple sacar a los pueblos de sus errores políticos, sobre todo cuando son los mismos que los cometidos en los demás países de su entorno cultural. Pero bastaría que un solo pueblo europeo, como estuvo a punto de suceder en Italia, transformara el Estado de Partidos en una democracia, para que los demás siguieran el ejemplo. Creo que los acontecimientos actuales, y la debilidad de la Monarquía para solventarlos con decencia, favorecen que esta proeza cívica la realicen los españoles.

Sin embargo, el gran obstáculo no es la generalidad del error, ni la dificultad intelectual que entrañaría su desvelamiento, sino la causa pasional del mismo. Pues los pueblos se creen lo que satisface más a su conveniencia inmediata, a sus pasiones de tranquilidad y de indiferencia hacia los asuntos comunes. Solo minorías ansiosas de verdad y de coherencia abren sus oídos a palabras de buena fe y a razones de evidencia contra la Partitocracia. Los disidentes no participan en ella. Pero muchas personas votan porque no ven alternativa al sistema de partidos, y prefieren la corrupción a lo desconocido o a los recuerdos (erróneos) del pasado.

Los demócratas se están coordinando en un movimiento ciudadano capaz de aglutinar los ánimos y energías de los que votan a los partidos, de los que les darían la espalda si naciera una alternativa para transformar este Régimen partidista en una moderna democracia representativa de la sociedad. No hay que pensar todavía en la fase siguiente. Pues, creada la alternativa democrática en la sociedad civil de toda España, será más fácil de lo que se supone promover el acontecimiento político que abra los ojos de los engañados o escépticos. La ausencia de una alternativa de poder hizo fracasar la rebelión de mayo del 68. Ahora no repetiremos ese error, puesto que la República Constitucional es la fórmula moderna de la democracia política. Decir República y decir democracia es hoy lo mismo.

Por muy edificante que sea desde el punto de vista moral, el denodado afán de la incapacidad física para superarse mediante exhibiciones de su impotencia, solo puede ser reconocido por la sociedad con premios de consolación. Denunciar la tristeza de este espectáculo sería tomado por impiedad, cuando no por injusticia, pues los �??discapaces�?� tienen, como los atletas, el derecho de exhibir olímpicamente el grado de sus limitaciones.

Como todas las personas están igualmente contentas de su inteligencia (Descartes y Hobbes lo dijeron respecto del sentido común), no ha sido difícil de organizar y de mantener, para la competición política, una verdadera para-olimpiada de discapaces, en condiciones de absoluta igualdad mental, donde disminuidos votantes de listas creen que eligen algo más que al disminuido jefe de partido que las hace.

De esta forma tan quimérica como alienante, los pseudos-ciudadanos se consideran representados, con más adecuación de lo que ellos mismos suponen, por la incapacidad cultural de los directores del Estado de Partidos. Dotados ellos, nadie se lo puede negar, de un gran talento para explotar el negocio de la política como medio de vida profesional. Y la sociedad civil se contenta con vivir las ilusiones de progreso material, recibiendo las grandes migajas que se desprenden del fabuloso festín del Estado de las Autonomías. La utopía del auto-gobierno se puede alcanzar si, y solo si, la debilidad mental se gobierna a sí misma. Esa es la clase de democracia directa que realiza el Estado de Partidos.

La Gran Revolución de 1789, pese a su fracaso final, rompió la concepción de la historia universal de la humanidad y la mentalidad política de todo el mundo occidental. Por el solo hecho de haber ocurrido, por la trascendencia exterior de lo que sucedió en Francia, los pueblos europeos aprendieron de repente que su condición de súbditos de la Realeza no era una imposición divina. Y abismados ante la maravillosa, pero inquietante, perspectiva de poder contemplarse como agentes de su propia historia, inauguraron el drama de la moderna libertad: seguir siendo súbditos de un Estado, monárquico o republicano, pudiendo ser conciudadanos libres.

La tragedia de la esclavitud comenzó cuando terminó la creencia de que era un estado natural de los pueblos bárbaros cautivados por los civilizados. El drama de la libertad termina cuando los súbditos se creen ciudadanos libres en una ciudad sin conciudadanos. Originalmente lo cívico no era la ciudadanía griega, sino la conciudadanía romana. ¿Quién osa pensar que bajo la Monarquía existe conciudadanía española?

La Transición ha generalizado unos usos idiomáticos que deforman, falsean y ocultan la verdad. En el imperio del eufemismo que asienta esta Monarquía en la demagogia, la realidad es innombrable. La palabra sin sentido suplanta el razonamiento de la cordura. La ignorancia activa se toma por conocimiento. Las pasiones serviles anulan la intuición. La fantasía infantil sustituye la imaginación. La cultura de �??prêt a porter�?� acusa la barbarie de su propia incoherencia. Mientras que la rebeldía republicana, necesitada de conocer la realidad que denuncia, no se permite caer en la pasión de idiotismo que anima la palabrería de la Transición.

En mi libro �??Pasiones de servidumbre�?�, llamé babilismo (del francés babil) a la manía de hablar sin decir nada, al arte de esos contertulios de radio y televisión que dejan indemne la realidad, inventando inexistencias a las que criticar. Lanzan palabras locas que, saliendo de la boca sin pasar por el cerebro ni por el corazón, entran mecánicamente en las conversaciones, para evitar que de ellas surja cualquier forma de pensamiento crítico sobre lo real. El periodismo de la Monarquía usa un diccionario que traduce en términos decentes los vicios del sistema y los de su propio oficio. Y la pasión de corromper el idioma no nace en los arrabales de la ciudad política, como creen los académicos de la Lengua.

Tierno inventó el �??yo diría�?�, cuando nada le impedía decirlo, para dejar implícito que no hablaría contra el sistema monárquico al que servía. Suárez sustituyó la preposición de cercanía �??con�?�, por la de distancia �??desde�?�, para que la opinión concediera crédito a la palabra de un traidor a la falange, que no podía hablar con sinceridad, pero sí desde la sinceridad. Felipe González introdujo la corrupción, hasta en la gramática, mediante �??por consiguientes�?� entre operaciones y oraciones inconexas.

Son palabras locas las que niegan la realidad oligárquica del Estado de Partidos, sea monárquico o republicano. Son palabras locas las que consideran representativas de los electores, o de la sociedad, las elecciones de listas de partido. Son palabras locas las que afirman que hay separación poderes, y no meramente de funciones, en el régimen parlamentario. Son palabras locas las que hablan de independencia del poder judicial, cuando los partidos designan a los miembros del gobierno de los jueces. Son palabras locas las que encuentran libertad de pensamiento en el consenso. Y ningún pensador europeo ha denunciado la locura que entraña defender al Estado de Partidos en nombre de la democracia.

Si ha sido precedida por un esclarecimiento de la cuestión del poder político en la opinión pública, si es traída por un movimiento pacífico de lo más lúcido de la sociedad, si la idea la encarna el prestigio profesional y reputación de sus promotores, la República no solo se presenta como una forma de Estado, garante de la libertad política (esencia de la democracia), sino además como el modo más auténtico de vivir la vida social.

En la presentación de la República, como en la de toda persona, la primera impresión es la que vale. Por eso aconsejaba el cínico Talleyrand que no nos dejáramos llevar por ella. La estética tiene suma importancia en las formas de presentar y proponer la República. Esto tal vez parezca fuera de lugar en una sociedad cuya vida pública ha perdido todo vestigio de pudor o decoro. Pero si lo meditamos, caeremos en la cuenta de que este consejo lo cumplen a rajatabla los que buscan un empleo, un amor o una secta religiosa de poder. En contraste con la izquierda transitiva de barba y pana, Robespierre jamás se presentó sin corbata ni peluca empolvada en las reuniones con los �??sans-culottes�?�.

No se trata de introducir distancias o amaneramientos en el trato social. Antes al contrario, la importancia de la naturalidad adquiere con la República la categoría moral de un valor cívico. La Revolución igualó este valor con los de libertad e igualdad, en la fiesta de la Federación de los franceses que confraternizaron, marchando a Paris, al son de la Marsellesa, en el primer aniversario de la Bastilla. Se llamó federación a la fraternidad de los individuos liberados de su antiguo y discriminador �??status�?�, no a un pacto entre regiones o municipios.

Os saludo, pues, como amigo fraternal en la República de todos. Es probable que la emoción de escribiros sea más fuerte que la vuestra de leerme. Nunca he tenido la experiencia de escribir a lectores que me esperan. Me recuerda a los escritores que escribían novelas por entrega de folletones.

Espero que comprendáis que no tenga tiempo de responder a todos los comentarios que reciba. Procuraré, sin embargo, que nuestra comunicación sea recíproca. Y no olvidéis que, con ignorancia de lo que soy y represento, la propaganda de la dictadura, primero, y la del PSOE, después, han hecho todo lo posible para que las ideas de ruptura democrática y República no estuvieran vinculadas a una persona al margen de los partidos políticos.