LA RAZÓN. LUNES 6 DE MARZO DE 2000

Considero a la abstención como el modo coherente de vivir en la realidad política, la manera útil de estar presente en la ciudad, la forma digna de participar, críticamente, en la oposición a lo público, cuando los gobernados, por la condición antidemocrática del Régimen que los gobierna y domina, no pueden intervenir en la cuestión decisiva de la libertad: la formación del Poder. La naturaleza y el alcance del poder político están decididos de antemano en el Estado de partidos. El control administrativo de lo público pertenece en exclusiva al consenso oligárquico de los partidos. Y el dominio privado de lo público, al consenso de la oligarquía financiera y mediática de la comunicación. La disputa por la hegemonía entre ellos no tiene la trascendencia de una verdadera acción política, no es una contienda civilizada sobre el modo de gobernarse a sí misma la sociedad civil. Aunque se llamen legislativas, si las juzgamos por su función y sentido, las elecciones son administrativas. La política se disuelve en «las» políticas, en las medidas o providencias que se ofrecen al criterio administrativo. Las elecciones para designar a los jefes administrativos del Estado, pues de eso se trata con el sistema de listas de partido, son un asunto burocrático. De ellas resulta que gobierna, legisla, juzga y administra… la administración.

Los ciudadanos acuden gozosos a las urnas porque, en ellas, se hacen funcionarios por un día. El sueño de las clases medias. Se integran en la máquina administrativa del Estado, se olvidan de sí mismos y de la sociedad. Y eligen pirámides de burócratas de partido, con un jefe absoluto en la cúspide, que aspiran a estar detrás de la ventanilla en todas las manifestaciones externas del Estado, incluida la judicial. Mientras que los resortes del poder interno del Estado, los que otorgan privilegios y concesiones al gran capital, ni se rozan en las elecciones ni en los programas de los partidos gobernantes. No hay izquierda o derecha que osen oponerse, desde el Gobierno y en defensa de la libertad, a las grandes concentraciones de poder financiero y mediático. El dato es suficiente para deducir que la corrupción es inseparable del Estado de Partidos y que la naturaleza del Régimen es la propia de una oligarquía. Pero la democracia institucional es posible. Basta con cambiar el sistema electoral y separar los poderes del Estado. Basta con dar a los ciudadanos el derecho de elegir a sus representantes de distrito y el de nombrar o deponer directamente a sus gobiernos. Basta con prohibir el escandaloso cinismo de que hombres o mujeres de un mismo partido, y de una misma elección, sean a la vez legisladores, gobernantes, jueces, administradores, consejeros jurídicos y auditores del Estado. Dictadura plural.

Los electores votan pero no eligen. Refrendar una de las listas de partido no es elegir. Los integrantes de lista no son elegidos por los votantes, sino por los jefes de partido. No representan, pues, a los electores ni a la sociedad civil. El Régimen político resultante tampoco. La distribución de cuotas electorales entre partidos sólo puede representar a la sociedad política costeada con fondos públicos, es decir, a la sociedad estatal. No se vota a diputados de los electores, del pueblo o la sociedad, sino a puros delegados de los partidos estatales. Esta realidad formal, que todos pueden ver sin emplear apenas la inteligencia, se tapa torpemente con impúdicos velos de propaganda democrática. Todos, gobernantes y gobernados, apuntalan la colosal mentira de llamar legislativas a estas burocráticas elecciones administrativas para cubrir puestos de relieve en el Estado; de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos; de llamar separación de poderes a la simple separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido; de llamar democracia representativa a esta degenerada oligarquía estatal.

Al principio, la acampada de jóvenes indignados en la Puerta del Sol, solicitando a los partidos mayoritarios que fueran buenos y pidiendo el voto para los partidos pequeños, tenía carácter reaccionario. En nombre de la democracia material inmediata, ese agregado de individuos impacientes de utopía no quería dialogar siquiera con quienes anteponemos la meta de la Libertad política colectiva a cualquiera otra reivindicación social. En menos de una semana, esa agregación de mentalidades individuales heterogéneas ha cambiado la naturaleza de la suma. La cantidad ha creado una nueva calidad que no estaba en los sumandos. El rápido crecimiento de los reunidos en contigüidad ha transformado su estado individual en estado de masa, su mentalidad personal en mentalidad colectiva. Lo delataba el cartelito que todos portaban el sábado. “Estamos reflexionando”. Un acto tan personalísimo como el de reflexionar, pasa a ser consigna de grupo. Este fenómeno sucedió varias veces durante la Revolución Francesa. Me remito a las páginas 55 y 56 de mi Teoría Pura de la República.

La potencia del M-15 de mayo es ahora infinitamente superior. El estado de masa del colectivo, aunque todavía no tenga conciencia de ello, tiende a la revolución política de la libertad y no a una imposible revolución social de la igualdad. Lo que hace tan solo seis días no era imaginable, un diálogo entre fines y medios, es decir, entre el MCRC y la Democracia real ya, ahora sí lo es. La concordia y el entendimiento lo facilita el hecho de que el MCRC puede asumir algunas de las reivindicaciones de los indignados (estatalizar las entidades de crédito rescatadas con dinero de los contribuyentes, suprimir las rentas vitalicias de los políticos, prohibir las subvenciones a partidos, sindicatos, creaciones artísticas, expediciones militares), sin desvirtuar su carácter estrictamente político.

Tenemos lo que las masas acampadas por toda España no tienen. Una teoría política de la libertad colectiva, una estrategia y una táctica especialmente concebidas para conquistarla, mediante la apertura de un período de libertad constituyente. Y las masas acampadas tienen lo que a nosotros aún nos falta: energía social y disposición para la acción colectiva inmediata. El MCRC debe tomar conciencia de que la historia lo ha colocado en la posición de vanguardia inteligente del Movimiento 15 de Mayo. El momento no lo hemos elegido. La situación, tampoco. Los líderes políticos no aspiran a jefaturas de cargos futuros. Eso lo desprecian. Sienten la necesidad de guiar el movimiento de las masas hacia objetivos alcanzables de modo pacífico. Así como antes era imprudente unir nuestro nombre con el de M-15 de mayo, ahora la imprudencia está en dejar de intentarlo. Nada podría justificar que dejemos de orientar al M-15 mayo.

EL MUNDO. LUNES 29 DE JULIO DE 1996

A pesar de todo lo que ha sucedido, todavía son legión los que siguen creyendo que «esto» es una democracia. No me refiero a la tropa de zapadores y saboteadores de ideales que ha invadido la sociedad política, los medios de comunicación, los sindicatos y las universidades. Toda esa gente sabe que si se publicara lo que muchos de ellos conocen con precisión, «esto» se derrumbaría en cuestión de horas. No sólo por el alcance real de la corrupción. Hacen depender la continuidad de sus fueros y privilegios de la capacidad que atribuyen al sistema para ocultar la verdad, y hacerlos vivir confortablemente sentados en la mentira. o se han parado a pensar, porque no les conviene, que si este régimen no resiste el conocimiento público de la verdad, según el juicio que impera en sus conciencias de la realidad, eso prueba que no hay buena fe en su afirmación de que «esto» es democracia. Pero no son tan ignorantes ni tan hipócritas como parecen cuando se les trata. En su cínico realismo de trepadores sin escrúpulo han encontrado el freno cultural de su caída en la depravación y un flexible trampolín para dar saltos oportunistas, cuando la relación de poder cambia.

Yo publico mis reflexiones políticas para consuelo o placer de quienes esperan recibir de otro mejor informado, o más experto en política, la confirmación de lo que ya presentían sin saber por qué. Me gusta escribir para las personas cuya información sobre la malevolencia de los poderosos pesa menos en sus juicios personales que los prejuicios benévolos sobre esta Monarquía de los partidos y los nacionalismos. No es sólo por la satisfacción que procura eliminar errores y aclarar confusiones. Escribo para influir con ideas en la cristalización de un tercio «laocrático» de la sociedad (término derivado de «laós», la parte viril y políticamente activa del demôs), en torno al núcleo más sensible y valiente de la comunidad. La parte que Locke elevó a categoría de grupo constituyente de la libertad política. Este tercio más inteligente está al cabo de la calle del carácter incorregible de la partitocracia. Pronto tendrá que emprender la conquista de la libertad política, para llegar a la democracia por la vía de la reforma radical de esta corrompida oligarquía de partidos.

La naturaleza de un régimen sólo se conoce cuando se ha percibido la clase de espíritu civil que anima las formas jurídicas en el Gobierno y la jerarquía de valores en la sociedad. El espíritu de la Transición, el que embarazó al reino de un partido para dar a luz la Monarquía de varios, no fue el de la libertad, sino el de la reconciliación. No el del respeto a las ideas o creencias minoritarias, sino el de la despectiva tolerancia. No el de la potestad de la sociedad, sino el de la autoridad del Estado. No el de la apertura mental, sino el del consenso. No el de la distribución del poder por la libertad, sino el del secreto reparto entre poderosos. No el de la libertad de expresión, sino el del pacto de silencio. No el de la confianza en el porvenir, sino el del miedo al pasado. No el de la producción económica, sino
el de la especulación. No el de la distribución de la riqueza por trabajo e inversión, sino por la prevaricación de funcionarios. No el de la descentralización y desconcentración del poder estatal, sino el de la centralización y concentración de poderes autónomos. No el de la cultura sin adjetivos, sino el de la posmodernidad. ¿Cómo extrañarse de que el fruto político de este espíritu civil, cobarde y corrompido, sea un régimen de cobardía y de corrupción? A esto llaman democracia los saboteadores de ideales.

EL MUNDO. LUNES 21 DE FEBRERO DE 1994

A fuerza de no entender la naturaleza íntima de la cuestión nacional, ha llegado a creerse que un conflicto político de orden particular, basado en último término en la diferencia idiomática, puede resolverse con una fórmula indiferenciada de orden general. Sea la solución autonómica o la federal. El prejuicio uniformador del Estado opera como en la dictadura, pero al revés. Antes que admitir el hecho de, y el derecho a, la diferencia políticade una comunidad lingüística, ese prejuicio prefiere desconocer, con su grosera generalización de las excepciones, la realidad y la idea histórica de España. El fracaso de la solución autonómica en la amortiguación de las aspiraciones nacionalistas extiende la opinión, más ingenua que perspicaz, de que el conflicto sólo se apaciguará con la administración única en las autonomías o con la división de la soberanía en un Estado federal. Es revelador que esas dos ideas generalizadoras no surjan del nacionalismo lingüístico, y que nadie esté en condiciones de fijar las competencias necesarias para colmar el techo autonómico, o los Estados subnacionales que se precisan para recomponer un Estado federal. ¿Tantos como autonomías? La confusión en este terreno llega a ser tenebrosa.

La raíz de tanto desvarío político se halla en la culpable persistencia cultural del concepto subjetivo y prefascista de nación. Un concepto que Ortega importó del plebiscito diario de Renan, con su bella tontería del «proyecto sugestivo de vida en común», y que José Antonio consagró en su hitleriana «unidad de destino en lo universal». Concepto voluntarista de un hecho existencial, como el de la familia o el paisaje donde nacemos, que lo mismo sirve de pretexto al imperialismo de los «destinos manifiestos», que a la multiplicación de puestos de mando para las élites provincianas capaces de hacer creer que la patria es un lugar que «se hace» y no el nicho histórico donde se nace. La investigación del nacionalismo en la moderna historia comparada ha destruido la hipótesis romántica de la identidad nacional. Y ha probado que la manipulación del sentimiento nacional, en las comunidades lingüísticas reprimidas, sólo es una de las formas políticas, más movilizadora que las basadas en sentimientos de clase, de luchar por el poder en el Estado o frente al Estado. A partir de ahí, sólo disponemos de una regla para medir el carácter progresista o reaccionario de la administración única, la federación o la autodeterminación de las nacionalidades. La regla de la democracia y de los derechos humanos.

Este patrón no coincide necesariamente con el criterio marxista de apoyar la libre determinación de los pueblos con clases dirigentes más avanzadas que las del centro político dominante. Pero antes de mirar la situación del poder autónomo respecto a la democracia, en comparación con la del Estado, debemos dar por descontado que la autodeterminación sólo ha podido realizarse, como hecho y no como derecho, cuando a una tercera potencia internacional le ha convenido. Y si nuestro nacionalismo periférico afirma, como si fuera un derecho natural, que nadie le ha preguntado si quiere estar o no en el Estado español, y bajo qué modalidad, está diciendo una obviedad que podemos repetir al pie de la letra los demás españoles. La pertenencia al Estado de los pueblos que alcanzaron la unidad nacional antes de la revolución francesa no es el resultado voluntario de un pacto entre gobernantes locales, ni de un plebiscito entre gobernados, sino un hecho involuntario de la existencia colectiva que fue históricamente determinado por las luchas de poder en Europa. Pero la forma del Estado, que no es un hecho existencial ni un producto de principios permanentes, puede y debe ser variada para asentar la relación de poder entre los pueblos de España en la democracia, y no, como ahora, en el inestable equilibrio de oligarquías nacionales y locales.

Todo el mundo puede mentir. El mérito no es demasiado grande. Pero sólo el poderoso puede hacerlo con impunidad. El poeta legitima la mentira por su belleza, como por su utilidad el amo la consagra ante el esclavo, el padre frente al hijo, o el gobernante respecto a los gobernados. La estética y la moral utilitarias legitiman la falta a la verdad si, y sólo si, el mentiroso ocupa una posición de poder artístico o social frente al mentido. La mentira del inferior al superior, peligrosa para la relación de dominio, debe ser castigada.

Es sorprendente que los filósofos que han tratado la mendacidad política, desde Platón y San Agustín, hasta Popper, pasando por Maquiavelo, no se hayan percatado de la existencia de esta regla social. La mentira por razones de Estado (mentira “oficiosa”), la mentira colectiva de la clase política (presentar como rapto la huida de Luis XVI) y la mentira individual de un político (Nixon) están sujetas a esta misma ley universal que no conoce excepción que la invalide.

En cumplimiento riguroso de esta ley histórica que premia, como habilidad, la mentira del señor y castiga como inmoralidad, la del esclavo, los vicepresidentes, ministros y barones autonómicos, etc., al mentir como “esclavos”, deben ser castigados por inmorales, mientras que el Jefe del Ejecutivo, o de Partido Estatal, al hacerlo como “señores” que hablan a sus gobernados y tutelados, deben mantenerse en el poder por habilidosos.

El hallazgo de esta ley, criterio de mendacidad para príncipes y deleite intelectual para maquiavelistas, priva de fundamento a la hipótesis del juego que explica, en la mala suerte de ser descubierto, la eventualidad del castigo político de la mentira.

Felipe González decía lo que ahora podría repetir Zapatero: “gobernar desde el diálogo. Dialogar desde la responsabilidad”. Para corregir los defectos del lenguaje político, que tan devastadores efectos provoca en la precisión comunicativa y en la belleza expresiva del idioma, “emeritorios” académicos se esfuerzan estérilmente en señalar la naturaleza gramatical o literaria que les falta. Nadie ha intentado otro método tal vez más eficaz: descubrir ante la opinión la naturaleza ideológica y el propósito político de las causas que los producen. No es resultado del azar que la degradación de la lengua desde la transición alcance la categoría de fenómeno histórico.

Todavía continúa el “bueno”, el “yo diría”, y tantas otras malformaciones denunciadas por los lingüistas, cuando la expresión prepositiva “desde”, que denota el punto en que empieza a medirse una distancia, desplaza del mercado gramatical, como del financiero la mala a la buena moneda, a la preposición “con”, que indica cercanía de un acompañamiento o un instrumento de acción.

El introductor de este disparate idiomático, el expresidente Suárez, pretendió en su tiempo dar la impresión, sustituyendo “con” por “desde”, de que no gobernaba “con” pactos ocultos sino “desde” el distanciamiento solemne de la historia. Sus imitadores han pretendido, usando y abusando del mismo barbarismo, crear la imagen de que no gobiernan “con” instrumental prepotencia sino “desde” un cercano diálogo. Pero no “con” entes irresponsables, sino “desde” el elevado lugar donde se encuentra la entelequia de su concepto de responsabilidad.

Una de las cuestiones más difíciles de entender en las democracias representativas, la teoría de la representación política, nunca ha podido ser explicada en términos razonables. La soberanía, dice la teoría, reside en el pueblo. Por medio de su poder electoral, éste designa periódicamente a representantes para que gobiernen, legislen y juzguen por él y para él. Hasta aquí se entiende. El embrollo comienza con la brutal prohibición al “soberano” de dar instrucciones a sus mandatarios, ni siquiera bajo la forma pasiva de hacer vinculantes las promesas que éstos le hicieron para ser elegidos. Continúan el enredo prohibiendo al “mandante soberano” revocar el poder de sus mandatarios en caso de abuso. Y termina con la aberración de considerar voluntad general a la simple voluntad de la mayoría.

La culpa de este galimatías no fue de Rousseau, para quien la voluntad general no podía ser representada, sino del abate Sieyès, que abrió el ciclo de la Revolución Francesa con un golpe de mano contra el mandato imperativo y contra la revocabilidad de la representación, para que la Asamblea pudiera autoproclamarse soberana frente al pueblo que la había elegido. Obligado a legislar, según la regla práctica de la mayoría, y a dar un fundamento a la necesidad de obediencia de las minorías, trasladó al conjunto de representantes la idea de la voluntad general que Rousseau había concebido para el pueblo.

Nuestra Constitución, inspirada en estos malabarismos que contradicen el sentido común y las ideas seculares del mandato y de la representación civil, oscurece aún más el panorama al conceder a los partidos el monopolio de la representación política. El poder electoral queda así definitivamente sometido al de media docena de personas, cuya voluntad particular constituye la voluntad general de los españoles.

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